México D.F. a 28 de julio de 2011. En conferencia de prensa, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer las acciones tomadas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú para exigir que las investigaciones abiertas por la violación sexual y tortura perpetrada en contra de ambas por elementos castrenses sea remitida al fuero civil.
Durante la conferencia de prensa, ambas mujeres me’phaa y las organizaciones que acompañan su búsqueda de justicia hicieron públicas diversos documentos presentados el día de hoy.
En primer término, dieron a conocer un escrito dirigido a la Lic. Maricela Morales, Procuradora General de la República (PGR), en el cual, haciendo valer la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandan a dicha dependencia que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias, señalando que no pueden continuar en el fuero militar.
En segundo lugar, difundieron un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), mediante el cual invocando también la determinación del Máximo Tribunal mexicano, exigen que el órgano castrense de procuración de justicia deje inmediatamente de seguir integrando las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las mujeres me’phaa, de modo que éstas sean remitidas al fuero civil inmediatamente.
Durante la conferencia de prensa, se reiteró que la remisión al fuero civil de las investigaciones relacionadas con los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú pone a prueba la trascendencia de la reciente determinación de la SCJN, así como la congruencia del Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatar las interpretaciones del Máximo Tribunal mexicano.
En ese sentido, se insistió en que a más de 8 meses de que la Corte Interamericana ordenó al Estado Mexicano que las investigaciones fueran trasladas a la PGR, hasta ahora ha prevalecido en el fuero militar.
Por eso, se señaló, connotadas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Organización de Pueblo Indígena Me ´phaa (OPIM), La Organización para el Futuro Mixteco, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), suscribieron el posicionamiento dado a conocer, enfatizando que de seguir en el fuero militar los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú quedaría probado que el Ejecutivo elude sus obligaciones internacionales y la determinación de la Suprema Corte para encubrir la impunidad castrense.
Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló: “Esperamos que estas solicitudes sean determinadas favorablemente a la brevedad y que los casos pasen al fuero civil. Es inconcebible que las investigaciones sigan en el fuero militar a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana y de la posición que asumió la Suprema Corte”.
Exigimos que el marco del acuerdo del convenio firmado por las autoridades el 15 de marzo, para el cumplimiento de las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, las investigaciones sean remitidas al fuero civil. Recordamos que en dicho evento, la representación estatal estuvo a cargo de, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de J. Zamora Castro del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, quien ha fungido como coordinador de la implementación de las sentencias, así como el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; el Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera; el Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ricardo Celis Aguilar Álvarez.
Para descargar la minuta de la reunión de instalación puede realizarlo a través del siguiente enlace
http://www.tlachinollan.org/Descargas/MINUTA%20I.pdf
Para mayor información y gestión de entrevistas:
Román Hernández Área de Comunicación CDHM Tlachinollan Teléfono: (+52) 757 476 12 20 · (+52) 757 476 37 04 Celular: (045) 757 106 60 95 [email protected] · [email protected] www.tlachinollan.org
