Por: Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría sentar un precedente sumamente importante que contribuirá a que las grandes empresas multinacionales de la economía digital paguen finalmente impuestos sobre sus ganancias.
Hoy las empresas de la economía digital no pagan impuestos porque las reglas tributarias que rigen las operaciones internacionales están totalmente desactualizadas. Para que una empresa multinacional esté obligada a pagar impuestos en México necesita tener oficinas, sucursales o fábricas en el territorio nacional, pero las empresas de la llamada economía digital no necesitan nada de esto.
Las empresas digitales pueden obtener miles de millones de dólares de ganancias provenientes de muchas partes del mundo, pero como sus servicios se ofrecen a través de internet —y no necesitan tener oficinas en México— solo deben pagar impuestos en su país de residencia. A veces, ni siquiera esto garantiza que paguen impuestos. Un ejemplo de ello, han sido las revelaciones de los Uber Files (los archivos de UBER)[1], donde se ha documentado que empresas multinacionales como UBER tienen una compleja red corporativa que aprovecha a los paraísos fiscales para no pagar impuestos.
Para empresas como Uber, Didi y Rappi nuestro país es uno de sus principales mercados. Estas empresas han crecido tanto gracias al consumo de millones de personas usuarias, pero simple y sencillamente no le ofrecen nada a cambio a nuestras finanzas públicas. Las ganancias de estas empresas se quedan solamente en las manos de sus dueños, y el costo de ello lo pagan los miles de pequeños negocios mexicanos que sí pagan impuestos en México.
Bajo este contexto de injusticia, la SCJN discutirá el proyecto de Amparo en Revisión 681/2022 presentado por el Ministro Luis María Aguilar Morales. En este proyecto se propone negar el amparo a Uber, quien impugnó una contribución local creada por el Congreso de la Ciudad de México vigente desde el 2022. Esta contribución consiste en que las empresas digitales a través de las cuales es posible gestionar la entrega o recepción de paquetes, comida o víveres paguen un 2% sobre cada operación. Este impuesto debe ser pagado por la empresa digital por el hecho de obtener ganancias, y no por las personas usuarias, las y los repartidores, o los pequeños negocios —quienes, por cierto, ya están obligados a pagar impuestos por trabajar o utilizar servicios digitales.
En caso de que este proyecto sea aprobado por la Segunda Sala de la SCJN, más entidades federativas podrían implementarlo y con ello aumentar su recaudación. También, abriría la puerta a la creación de más impuestos digitales que graven las ganancias de otras empresas multinacionales. Si este proyecto avanza, entonces no habría obstáculos jurídicos para que, en el futuro, otras empresas digitales, particularmente aquellas asociadas a la crisis de vivienda y la gentrificación de la Ciudad, como Airbnb, también paguen impuestos sobre sus ganancias.
En definitiva, lo que discutirá la Corte marcará el destino de la tributación de la economía digital. Si la SCJN rechaza el proyecto, entonces las grandes multinacionales continuarán gozando de los mismos privilegios, y los impuestos que hoy no paguen serán cubiertos por las y los repartidores, los pequeños negocios y quienes usamos sus servicios. Como cualquier otra discusión tributaria, las presiones son ya enormes, y las empresas ya han amagado con incrementar sus precios si este impuesto es avalado. La SCJN no debe ceder.
[1] Los Uber Files son más de 124 000 documentos filtrados al diario The Guardian, analizados por más de 180 periodistas de 44 medios, que abarcan de 2013 a 2017. “La filtración revela la historia interna de la expansión del gigante tecnológico pasando por encima del marco legal, sin permisos, evitando pagar impuestos, enfrentándose a la industria del taxi y exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones cada vez mayores para conseguir más beneficios”. https://www.theguardian.com/news/series/uber-files
Este artículo fue publicado originalmente el 30 de noviembre de 2023 en Animal Político.
