La información es un bien crítico, su mala distribución afecta la vida de las personas directamente. Cada día de nuestras vidas necesitamos información para tomar decisiones, tanto personales como aquellas que impactan al espacio público o derivan de servicios públicos. La información es poder, la desigualdad en su posesión se traduce en desigualdad entre las personas.
Carecer de información en la vida diaria, así como sobre las acciones de gobierno, limita la calidad de vida de las personas, las deja en desventaja o a merced de aquellos que poseen la información completa.
La transparencia busca, o debe buscar, que las personas puedan efectivamente acceder a la información que le es relevante y que necesitan para decidir. Los avances en materia de transparencia deben caminar hacia la construcción de un ambiente favorable para la libre circulación de la información, tanto de la información en posesión de entidades públicas como de aquella en manos de privados que sea determinante para la vida pública. La transparencia ha ocupado un lugar principal en la mesa de los discursos políticos, afortunadamente también en el de sus acciones. En ocasiones se han dado pasos firmes, otras han sido meros titubeos. La mayoría de veces una mezcla de ambas.
Hoy por hoy, a nivel federal, México tiene una de las mejores leyes de transparencia en el mundo según la Clasificación global de derecho a la información (Global Right to Information rating). Sin embargo, quedan asuntos pendientes que han buscado solucionarse con la reciente reforma de transparencia; por ejemplo, la inclusión de nuevos sujetos obligados tales como los partidos políticos, sindicatos cuando reciban recursos públicos y cualquier persona u organización privada que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Al mismo tiempo, la reforma constitucional mandata la creación de una ley general de transparencia en donde se establezcan los principios y bases que regularán el derecho de acceso a la información (DAI) en todo el territorio nacional y mandata homologar marcos normativos.
Uno de los temas pendientes es la brecha en la garantía de este derecho entre algunas entidades y otras. La falta de homologación de las leyes ha contribuido a que el cumplimiento del DAI dependa de cada estado, por lo cual el alcance de la protección garantizada en la Constitución, de facto, es limitado.
Diferentes instrumentos de medición de transparencia y acceso a la información han demostrado esta disparidad, ya sea en sus marcos normativos, gestión de los órganos garantes o sobre el procedimiento de acceso a la información. El conjunto de todo ello demuestra que la satisfacción de este derecho es desigual dentro del territorio mexicano. El tema de la transparencia en los estados ha sido de preocupación nacional, tanto por sus rezagos y constantes retrocesos, como por el mostrado descuido en el manejo de recursos públicos y endeudamiento creciente sin posibilidad de demostrar el ejercicio del gasto.
Hace unos días se presentó la plataforma de transparencia de proyectos de inversión en los estados y municipios. Con esta plataforma se pretende dar a conocer de manera accesible al público en qué se gastan los recursos en las entidades federativas. El esfuerzo no es menor: pretende incluir para el siguiente año la totalidad del gasto federal, incluido el tan opaco e imposible de monitorear ramo 33.
La transparencia es y seguirá siendo un tema de agenda pública. Buscar abrir la información al público para que éste tome decisiones informadas y pueda cada vez más participar en el debate público va de la mano con la construcción de un régimen democrático basado en la corresponsabilidad. Y en el caso de los estados, queda mucho trabajo por hacer: marcos normativos que homologar, instituciones que reforzar, sociedad civil que apoyar; pero sobre todo, se requiere de la voluntad de los gobiernos locales para comprometerse a impulsar esta agenda de manera ordenada y enfocada en las necesidades de las personas.
*Renata Terrazas
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