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La justicia social sólo será posible si hay justicia de género y justicia fiscal

  • La asignación presupuestaria del Anexo 13 dentro del PPEF 2024 deja ver que el compromiso con las mujeres de todas las edades y diversidades y la igualdad de género no es una prioridad para el Estado mexicano.
  • Se mantiene la tendencia de desfinanciar a las instituciones y políticas de igualdad y no discriminación, poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres.
  • Organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos de las mujeres, y por una política fiscal feminista que los haga efectivos, nos hemos articulado y junto a más de 70 organizaciones y 400 personas exigimos un presupuesto público etiquetado para 2024 que destine recursos a las políticas y programas destinados a garantizar la igualdad, la no discriminación y la no violencia por razones de género.

Ciudad de México, 16 de octubre de 2023.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, presentado el pasado 8 de septiembre, no garantiza los recursos públicos suficientes para atender las necesidades y las prioridades de las mujeres de todas las edades y diversidades, particularmente de aquellas en situación de mayor desventaja, por lo que no contribuye a revertir las desigualdades ni a reducir las brechas existentes en nuestra sociedad.

En el caso de las brechas de género, el Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13) sigue con la tendencia de etiquetar programas sociales utilizados clientelarmente, sin perspectiva de género ni indicadores de impacto que midan el cierre de estas brechas. Lo que se observa es, en cambio, que los aumentos presupuestarios al Anexo 13 esconden el desfinanciamiento a aquellos programas e instituciones que tienen verdaderos impactos en la construcción de la igualdad y en revertir la violencia contra las mujeres. En este sexenio hemos presenciado el desmantelamiento institucional que incluye los mecanismos para la igualdad de las mujeres, así como de las políticas de igualdad.

La falta de compromiso para promover y garantizar la igualdad de género se explica porque sigue sin entenderse que la justicia social sólo será posible si existen justicia de género y justicia fiscal. Además, existen otros factores: 1) México recauda muy poco —es el país de la OCDE con el menor nivel de ingresos tributarios como proporción del PIB—, lo que ocasiona que los escasos recursos públicos tengan que ser repartidos entre las muchas prioridades y compromisos existentes; 2) se pierden importantes recursos tributarios a través de los beneficios fiscales para grandes empresas e individuos ultrarricos (1.3% del PIB en 2022 solo en el ISR ), y 3) se omiten los compromisos políticos regionales e internacionales asumidos por México en materia de igualdad de género.

Por ejemplo, en línea con la Estrategia de Montevideo (2016), el PEF debe “Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres” (Medida 5c.).

Por ello, durante las discusiones del PPEF 2024, las organizaciones y colectivas feministas que promovemos y suscribimos este comunicado hacemos un llamado a las y los legisladores a:

  1. Aumentar los recursos asignados a las instituciones rectoras de la política de género: INPI, INMUJERES, FEVIMTRA y CONAVIM.
  2. Aumentar los recursos asignados a los programas identificados para reducir las desigualdades y las violencias por razones de género: PAIMEF; Programa de Apoyo a Refugios, Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas.
  3. Destinar recursos para construir las bases del Sistema Nacional de Cuidados, conforme a la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputadas/os en noviembre de 2020 y retomar su discusión pendiente en el Senado.
  4. Recuperar la buena práctica de diálogo y trabajo conjunto entre el poder legislativo, las instituciones encargadas de operar la política de género, la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres para sumar esfuerzos en favor de las mujeres de todas las edades y diversidades.
  5. Construir colectivamente la metodología de integración del Anexo 13 en estricto apego a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de género.
  6. Solicitar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rindan cuentas sobre el cumplimiento de los artículos 1° y 111° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación y aplicación del principio de equidad de género en el ejercicio del gasto público, incluyendo el gasto federalizado.

El PEF debería ser una herramienta de transformación social hacia la justicia e igualdad a partir de la reducción de las brechas de desigualdad social y entre mujeres y hombres, dando especial consideración a los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el enfoque interseccional. En este sentido, incluir la perspectiva de género en el presupuesto implica destinar los recursos necesarios para eliminar las desigualdades y violencias de género, así como dedicar presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca, reduzca y redistribuya las tareas y responsabilidades de cuidados entre el Estado, el mercado, las comunidades y los hogares, y al interior de éstos entre hombres y mujeres.