La Ley General de Víctimas (LGV) surgió como una demanda de diferentes sectores de la sociedad civil (académicos y organizaciones de derechos humanos y de víctimas). Básicamente la idea era que el Estado debía responsabilizarse por el impacto que la guerra contra el narcotráfico había generado en la población, en particular en miles de víctimas como los familiares de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas. Esto significaba atender sus necesidades y garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.
La Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados en abril de 2012. Sin embargo, no fue publicada hasta enero de 2013 debido a una serie de maniobras que el entonces presidente Felipe Calderón realizó —posiblemente para eludir el significado político de cerrar su administración con una ley de víctimas como consecuencia de su estrategia de seguridad—. En un acto en el que fueron convocadas distintas organizaciones de víctimas del país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 9 de enero de 2013 la publicación de la Ley General de Víctimas como parte del compromiso de su gobierno hacia las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
Ahí manifestó que “la dignidad de una Nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas del delito y se persigue al delito y a quienes han sido, lamentablemente, quienes han infringido la ley.” En este mismo acto, el presidente se comprometió a abrir un diálogo permanente con las organizaciones de víctimas e instruyó al secretario de Gobernación a establecer los mecanismos para llevarlo a cabo. Un año después, el 15 de enero de 2014, en un acto cerrado, en el que —según el diario La Jornada— la prensa fue requerida a última hora y no fueron convocadas las organizaciones de víctimas, el presidente Peña Nieto instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En este evento, el mandatario expresó que “la dignidad de una Nación también se expresa en la calidad de la atención y el trato institucional que reciben las víctimas de la violencia”.
Aunque ya no se comprometió a diálogo alguno ni instruyó a alguien para implementar los mecanismos, sí hizo “un respetuoso exhorto para que se realice una amplia consulta ciudadana para elaborar el Programa Integral de Atención a Víctimas, retomando las mejores propuestas e ideas de especialistas y actores de la sociedad civil”. Entre la publicación de la Ley y la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas transcurrió un año de opacidad e incertidumbre. Prácticamente todos los artículos transitorios que marcaban los plazos para la implementación de la LGV fueron incumplidos sin que las autoridades responsables dieran explicación alguna de las causas del retraso.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue nombrada a principios de octubre de 2013, tres meses después del plazo fijado por la LGV. Por su parte, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue instalado ocho meses después del plazo establecido y tres meses después del nombramiento de la Comisión Ejecutiva (a pesar de que la ley establecía lo contrario: que la Comisión Ejecutiva sería nombrada dentro de los treinta días posteriores a la instalación del Sistema). Y peor aún, hasta ahora no se conocen los avances del Reglamento de la LGV —que debió haber sido expedido dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Ley entró en vigor; es decir, el 7 de agosto de 2013—.
El incumplimiento de los plazos establecidos ha generado una serie de consecuencias técnicas (como la dificultad para la asignación de recursos a la Comisión Ejecutiva durante la negociación presupuestaria), pero sobre todo ha tenido consecuencias políticas que reflejan la falta de prioridad —en los hechos— en la implementación de una ley que es en la misma medida urgente y compleja.
Otro paso importante en la implementación de la LGV es el decreto —emitido por el Ejecutivo el 8 de enero de 2014— que transforma, entre otras disposiciones, a Províctima en la Comisión Ejecutiva y transfiere los bienes y recursos humanos de la primera a la segunda. Sin embargo, dado que la Comisión Ejecutiva no ha creado las instituciones para la atención y canalización de las víctimas (el Registro Nacional de Víctimas, la Asesoría Jurídica Federal y el Fondo de Atención y Reparación Integral a Víctimas), ha causado incertidumbre entre las víctimas: ¿qué pasará con las personas que eran atendidas por Províctima mientras se consolida la Comisión Ejecutiva? Frente a este panorama, la eficacia de la LGV depende en este momento de la vigilancia y participación de la sociedad civil; pero sobre todo de la iniciativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tiene frente a sí el reto de generar los mecanismos de participación ciudadana en la implementación de la LGV y de crear el andamiaje institucional que haga posible la realización de los derechos de las víctimas.
Por: Ximena Antillón
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