La reforma constitucional en materia de transparencia está ahora en la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo: dictamen, voto y, de ser el caso, aprobación. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, comenzarán a discutirla durante esta semana, partiendo —obviamente— de la minuta enviada por el Senado.
Se tiene previsto que no haya cambio alguno a lo aprobado en el Senado, en donde el proceso de dictamen fue ejemplar: las discusiones y negociaciones entre los grupos parlamentarios resultaron en un documento que incluyó las inquietudes de cada uno de ellos sumados a las de las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad académica interesada en el tema, otros usuarios frecuentes del derecho de acceso a la información y, notablemente, las comisionadas y los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Al mismo tiempo, durante las últimas semanas, se habla de que el IFAI está en crisis; concretamente por los cuestionamientos hacia el desempeño profesional de las y los comisionados, pero —es imprescindible notarlo— no por el funcionamiento general de la institución.
Los diputados Manlio Fabio Beltrones y Julio César Moreno Rivera, y el Senador Pablo Escudero, propusieron —en momentos distintos— la renovación completa del Pleno a partir de la aprobación de la reforma constitucional, al añadir un artículo transitorio a la minuta enviada por el Senado en el que se especifica que, una vez que entren en vigor los cambios, se designen siete comisionadas y comisionados nuevos —tal vez permitiendo que los actuales participen como candidatos—.
Es algo notablemente similar a la “crisis de legitimidad” del IFE después de las elecciones de 2006. Los partidos políticos convinieron, en 2007, una reforma política en la que, entre otras cosas, se renovó la integración del Consejo General y del consejero Presidente, con el objetivo aparente de recuperar la confianza hacia la institución. Sin embargo, una de las consecuencias fue la puesta en evidencia de la “partidización” del Consejo, cuya conformación tuvo mayor difusión que el trabajo en sí mismo del Instituto.
Es por ello que parece una mala idea la remoción integral del Pleno del IFAI, pues más que enfocarse en el funcionamiento y en los resultados —que pueden ser cuestionables, por supuesto—, ofrece posibilidades de negociación para la aprobación de los perfiles nuevos, que favorezcan a una u otra opción política representadas por los partidos políticos. Esto perjudica el proceso de designación —en cualquier institución— porque se antepone la intencionalidad política a la búsqueda del perfil profesional más adecuado para el desempeño de las funciones públicas, además de impactar directamente, en la práctica y en la percepción, sobre la autonomía del organismo, lo que resulta exactamente lo contrario de lo que pretenden los legisladores.
La Cámara de Diputados tiene la facultad para hacer correcciones y añadir cualquier elemento que se consideren necesarios. Sin embargo, dado que el proceso de dictamen en el Senado fue verdaderamente incluyente, convendría que las diputadas y los diputados aprueben la minuta para dedicarse al estudio y elaboración de las leyes reglamentarias que deben expedir, en una de las cuales habrán de explicitar el método de designación de los comisionados del IFAI, además de los mecanismos y los criterios para evaluar su trabajo y no solamente sus dichos.
*Guillermo Ávila
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