Estas semanas las noticias han resultado lamentablemente inverosímiles, el viernes 26 de septiembre, en Iguala Guerrero, policías municipales dispararon a estudiantes normalistas que pretendían llevarse un par de autobuses, mataron a uno, más tarde “hombres armados” ejecutaron otros dos alumnos y a una mujer que pasaba por ahí. A la medianoche un comando armado, presuntamente policías municipales, disparó al equipo de fútbol de tercera división “los avispones de Chilpancingo” matando a tres de ellos y al chofer. La nota resultaba poco digerible para toda lógica, “policías disparan a futbolistas, los confunden con normalistas” ¿leí bien? Ahora hay 58 alumnos extraviados, que bien pudieran estar escondidos, secuestrados o muertos.
Estos acontecimientos coinciden en tiempo con las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República respecto al escándalo de Tlatlaya, Estado de México, donde a sangre fría, 22 personas perdieron la vida después de una balacera entre militares y “delincuentes”. Las investigaciones señalan a tres soldados, quienes, una vez cesado el fuego, entraron al lugar y ejecutaron a todos los que se encontraban vivos.
Vemos a policías municipales y a militares fuera de control, haciendo justicia, literalmente, por sus pistolas. Estos acontecimientos no guardan relación con el creciente gasto público que se realiza año con año en materia de seguridad pública. En 2015, el gasto que se prevé en ese rubro es bastante considerable: entre Defensa Nacional, Marina y Procuraduría General de la República el gasto será de más de 115 mil millones de pesos; ahora bien, en cuanto a la seguridad pública a cargo de la Secretaría de Gobernación, sólo por asuntos de orden público y seguridad interior, mantener la gendarmería nacional y la policía federal, costará otros 67 mil millones de pesos.
En 2015, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal, constituido con recursos de la Federación para la seguridad pública de las entidades federativas será de más de 8 mil millones de pesos. Adicionalmente el proyecto de presupuesto de egresos prevé una cantidad de 4 mil millones 893 mil pesos para dar subsidios a municipios, o en su caso a los estados a fin de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública. A ver si es cierto.
Todos estos recursos deberían estar sujetos a un estricto control, que debe garantizar que van a ejercerse de manera transparente, con estricto apego a la legalidad, evaluar las prioridades, desarrollo y destino del gasto; analizar sus resultados, presentar informes ante el Congreso, la sociedad y el Sistema Nacional de Seguridad Pública; fiscalizar sin trabas el gasto ejecutado; sujetarse a mecanismos imparciales de sanción tanto en el ámbito administrativo como el penal a fin de castigar las irregularidades y los actos de corrupción. Con seguridad, si estos recursos se ejercieran en un marco normativo eficaz fara fortalecer la rendición de cuentas, mejoraría la seguridad de los habitantes del país.
Mejorar el control del manejo de recursos públicos sería un avance en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Hay mucho por hacer y es urgente. Igual de urgente resulta analizar y mejorar los deficientes controles constitucionales y legales relacionados con el uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado y los controles políticos que a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Senado de la República dejan mucho que desear.
Así las cosas, se requiere de voluntad política y de un gran esfuerzo del gobierno para hacer cambios urgentes. Controlar y aumentar la seguridad, no solo el presupuesto. Es tiempo de dejar de ser testigos del triste escenario de brutalidad y represión que vemos todos los días.
