La política cultural en nuestro país lleva años sumergida en la austeridad, y los recientes informes de la ASF reflejan que aún es necesario trabajar por una política laboral a favor de los derechos de las personas trabajadoras, y que el presupuesto cultural aumente y sea ejercido de manera transparente.
Paulina Castaño
Investigadora de Justicia Fiscal
El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó la tercera y última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 20221. En esta ocasión, la ASF realizó cinco auditorías al sector cultural, tres a la Secretaría de Cultura (SC), una al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otra más al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En este texto resumiremos lo que fue detectado por la ASF al revisar el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de las instancias que son cruciales para garantizar el derecho a la cultura.
Programa Estímulos a Creación Artística, antes FONCA
La ASF fiscalizó el programa presupuestario de Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales, que sustituyó al extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Se determinó que el programa aumentó en 0.7% la cobertura y difusión de sus actividades en comparación con 2019 y 2021. No obstante, el programa presentó deficiencias en su diseño, así como fallas en la documentación que acredita a las personas como beneficiarias de recibir subsidios. La Auditoría identificó que la SC no acató en tiempo y forma el decreto del 2 de abril de 2020 sobre la extinción de los fideicomisos públicos, ya que el FONCA continuó operando hasta 31 de diciembre de 2022. A la par, el programa Estímulos a la Creación Artística operó sin que se haya incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría, lo que pudo generar un riesgo para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa, así como de la transparencia en el otorgamiento de los subsidios.
Programa de Apoyos a la Cultura
Otro de los programas presupuestarios auditados fue el de Apoyos a la Cultura, mismo que en el transcurso de los años ha recibido pocos recursos para llevar a cabo sus actividades en las entidades federativas y municipios. La ASF señaló que el principal problema del programa es que presenta irregularidades en la definición de la población objetivo y las problemáticas que busca atender, ya que no reportó información confiable y suficiente sobre el número de proyectos apoyados mediante el programa, ni el número de personas beneficiadas con las actividades artísticas y culturales desarrolladas por medio de los proyectos apoyados. Esto a la larga impacta en la transparencia y la rendición de cuentas del programa.
Gestión financiera de la Secretaría de Cultura
La ASF revisó una muestra de mil 741 millones de pesos que corresponde a 43 partidas presupuestarias de la SC. Entre las anomalías detectadas por la Auditoría se encuentran pagos a 26 plazas eventuales que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e inconsistencias en la selección y contratación de proveedores para la realización de diversos eventos. También, la ASF revisó un contrato adjudicado directamente al Centro Vacacional Oaxtepec para desarrollar el evento “Tengo un sueño” –en el que participan los semilleros creativos–, por la cantidad de 6.2 millones de pesos, monto superior al tope establecido.
Gestión financiera del INAH e INBAL
De manera general, la ASF determinó que el INAH cumplió con las disposiciones legales y normativas para ejercer sus recursos financieros a cabalidad. Sin embargo, hubo inconsistencias en la información administrativa respecto de plazas autorizadas por la SHCP y en la formalización de contrataciones. Igualmente, la ASF detectó fallas en la supervisión para la actualización de las concesiones en seis inmuebles federales en las Zonas Arqueológicas de Teotihuacán y Monte Albán, así como del Museo Nacional del Virreinato y el de Antropología e Historia, que reportaban un vencimiento de entre 23 y 36 años, por lo que el INAH incumplió la Ley General de Bienes Nacionales. Estos inmuebles aluden a cuatro restaurantes, una librería y una joyería.
En cuanto al INBAL, la ASF reportó inconsistencias en temas de administración interna. Por ejemplo, casi 40 expedientes laborales con información incompleta y la subcontratación de 21 personas a través de la modalidad de outsourcing para el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, dependiente del INBAL, cuyas actividades desarrolladas correspondieron a las propias del Instituto.
Tras la publicación de estas auditorías, la SC, el INAH y el INBAL deberán cumplir con las recomendaciones emitidas por la ASF en los tiempos establecidos. Si se comparan estas irregularidades con la situación de los megaproyectos y otros programas sociales, la situación del sector cultural puede parecer poco importante. Pero esto no es así. La política cultural en nuestro país lleva años sumergida en la austeridad, y estos informes reflejan lo que durante mucho tiempo ha sido denunciado por diferentes artistas y colectivos artísticos: aún es necesario trabajar por una política laboral a favor de los derechos de las personas trabajadoras, y que el presupuesto cultural aumente y sea ejercido de manera transparente.
