- Diputados aprobaron pago de reparaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Este hecho representa un avance sustantivo para el reconocimiento del derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño que padecieron
- Es importante ahora cumplir las otras medidas incluidas en los términos reparatorios de las sentencias, mismas que están relacionadas con reformas legislativas en materia de jurisdicción militar y de amparo.
En un hecho histórico y sin precedentes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 para el pago de reparaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es también digna de reconocerse, la labor comprometida de distintos diputados y diputadas integrantes de las Comisiones ordinarias de Derechos Humanos, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País.
Las sentencias emitidas por la Corte IDH entre 2009 y 2010, señalan la responsabilidad del Estado mexicano por la conducta –activa u omisa– de sus agentes. Por ende, su cumplimiento no es efecto de la buena voluntad ni de la disposición del Estado, sino que proviene de la declaración de un órgano cuya competencia contenciosa le ha sido reconocida y por ello, se convierte en una obligación jurídica vinculante para nuestro país.
La decisión de establecer la asignación de una partida presupuestal dentro del Ramo 04 correspondiente a la Secretaría de Gobernación, permitirá dar cumplimiento al pago de las reparaciones derivadas por la responsabilidad de nuestro país ante la comisión de graves violaciones a los derechos humanos para los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú. De igual forma, prever lo necesario para una eventual sentencia condenatoria por el caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“campesinos ecologistas”).
Es importante subrayar que el reconocimiento del derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño padecido, no les devuelve al estado en el que se encontraban al momento de la violación, pero sí recupera el sentido último de la búsqueda de justicia por la que han transitado a lo largo de todos estos años. Finalmente, detrás de su cumplimiento están también el reconocimiento de su dignidad como personas, el que toda la sociedad conozcamos lo que verdaderamente sucedió, el que se haga justicia con los responsables de estas violaciones y el que se tomen las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.
A sólo unos días de cumplirse un año de haber recibido la primera de estas cuatro condenas, este hecho constituye un avance sustantivo para el reconocimiento del derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño o daños que padecieron y que vulneraron sus derechos. Sin duda, este también sentará un importante precedente toda vez que la Cámara de Diputados, al acatar las sentencias, da cumplimiento al estado de derecho y establece una ruta, desde la técnica presupuestal, que permita dar cumplimiento a este tipo de medidas en el futuro.
Por lo anterior, las organizaciones civiles, movimientos, colectivos sociales y ciudadanos abajo firmantes nos congratulamos ante esta decisión que dota de recursos presupuestarios el pago de las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Aprovechamos para hacer de nueva cuenta un respetuoso llamado a la Cámara de Diputados para que continúe como hasta ahora el impulso que ha dado a este tema y coadyuve al cumplimiento de otras medidas incluidas en los términos reparatorios de las sentencias, mismas que están relacionadas con reformas legislativas en materia de jurisdicción militar y de amparo. Al Poder Ejecutivo y Judicial les pedimos acompañar esta muestra de compromiso del legislativo para que garanticen, desde sus respectivos ámbitos y facultades, el cumplimiento del resto del contenido de las sentencias.
Suscriben este posicionamiento:
· Fundar, Centro de Análisis e Investigación
· Asociación Nacional de Abogados Democráticos
· Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
· Centro, de Derechos Humanos “Miguel A. Pro Juárez”
· Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
· Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
· Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
· Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”
Para mayores informes favor de dirigirse con:
Juan Carlos Lavin
044 55 4186-4323
5554-3001 ext. 136
