La sociedad civil tiene hoy una percepción sobre la democracia distinta de la que tenía hace tan solo unas décadas. Y es precisamente a lo largo de este período, que las instituciones del Estado mexicano han experimentado importantes virajes, detonados principalmente por la creciente demanda social y orientados hacia la institucionalización democrática y la inclusión de mecanismos participativos al interior de las mismas.
Estas luchas por la democratización han dado lugar, entre muchas otras transformaciones, a cambios en la visión de la acción pública y por ende, también a la conformación de sus propias instituciones. Una visión que hasta hace poco se centraba —casi estrictamente— en una perspectiva que emanaba de quienes ejercían el poder público, pero que difícilmente tocaban el corazón de las necesidades e intereses de la sociedad que gobernaban. Bajo este marco, la participación ciudadana se convirtió en un tema central de las agendas de la sociedad civil a lo largo de dicho proceso. Dichas agendas, han buscado contribuir a ampliar la capacidad de exigencia ciudadana y habilitar mecanismos que favorezca su involucramiento en la toma de decisiones; especialmente, de aquellas que tienen —o que pudieran tener eventualmente— un impacto en los ámbitos de su esfera de ejercicio y goce pleno de derechos.
Este mismo marco de reflexión, sobre la participación ciudadana —al que se adicionan otros temas relacionados con la vida democrática como la transparencia y la rendición de cuentas—, nos remite también a los procesos para el nombramiento de titulares a altos cargos públicos ya que tratándose de construir legitimidad y confianza, ambos términos resultan un aspecto nodal en la medida en que decantan en la forma como éstas instituciones se relacionan con la sociedad y llevan a cabo sus funciones en beneficio de aquella.
En los próximos días, el Senado de la república designará a dos nuevos Ministros para integrar un total de once que componen el máximo Tribunal de nuestro sistema político. Este proceso denota especial relevancia dado el mandato Constitucional de la Suprema Corte de resolver, como último árbitro, los conflictos derivados del federalismo y la división de poderes así como de proteger los derechos y libertades establecidos por el bloque que, a raíz de una reciente reforma, conforman tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito y ratificado. Esto a raíz de la reciente reforma Constitucional de 2011.
Es así que el proceso para la designación de dichos Ministros representará en el corto y mediano plazo, un tema medular para fortalecer los contrapesos entre los poderes del Estado mexicano pero además, como un elemento esencial para dar solidez al estado de derecho y a la vida democrática de nuestro país; en un contexto que muestra evidencias de graves retrocesos y autoritarismo, y al que se le añade la llegada al poder de un nuevo gobierno federal a partir de diciembre de 2012.
Frente a este contexto, la sociedad mexicana lanza a nuestros legisladores la pregunta de qué Suprema Corte de Justicia necesita el país. Una pregunta que todas y todos esperamos no quede en el aire.
Miguel Moguel
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