El pasado 1º de octubre, en una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Rosalind Wilson, presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, amenazó a los legisladores mexicanos con el retiro de toda la inversión canadiense en nuestro país en caso de que fuesen aprobadas las reformas a la Ley Federal de Derechos (LFD).
Estas propuestas, que forman parte del paquete de la reforma hacendaria presentado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, generan un nuevo régimen de contribuciones para los concesionarios mineros. Más allá de que este amago se caracteriza por infantil e injustificado, convendría preguntarnos si no vale la pena tomarles la palabra y hacer efectiva su amenaza. A continuación las razones. La propuesta del gobierno genera un nuevo régimen de derechos para las industrias mineras basado en el cobro de regalías por los ingresos provenientes de la explotación de estos bienes, mismos que pertenecen en dominio a la Nación mexicana (artículo 27 constitucional).
En la actualidad, estas empresas pagan en derechos un monto determinado por el número de hectáreas que tiene una concesión minera. Este pago, que se realiza semestralmente, se encuentra escalonado según el número de años de vigencia de la concesión. Para los primeros dos años, los concesionarios mineros pagan únicamente 5.70 pesos por hectárea. A partir del décimo año de vigencia, el pago asciende a 124.74 pesos (artículo 263, LFD). En total, por este derecho, el gobierno recaudó un total de 3,125.4 millones de pesos en 2012.
Este monto es ligeramente menor a la cantidad que el Servicio de Administración Tributaria condonó a Televisa en mayo del presente año. Por otra parte, se especula que las grandes empresas mineras recurren al régimen de consolidación fiscal, a un régimen de deducciones laxo y a artilugios contables para eludir sus obligaciones fiscales —en consonancia con prácticas ampliamente difundidas entre las empresas más grandes que operan en el país—.
Es difícil conocer con cuánto contribuyen los concesionarios mineros en impuestos al fisco, puesto que esta información se encuentra protegida por una reserva plasmada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentan en una sola cifra agregada la información sobre las contribuciones del sector petrolero y el minero, imposibilitando el conocimiento exacto sobre con cuánto contribuye cada sector. Es importante recordar que la minería es una actividad que se realiza, según la Constitución y la Ley Minera, en servicio de la utilidad pública. Si dejamos de lado los catastróficos pasivos sociales y ambientales propios de esta actividad, el exiguo régimen de derechos al que se encuentran sujetos los concesionarios torna vacía esta pretensión. A finales de abril, en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional y los partidos de izquierda turnaron al Senado un dictamen que pretende gravar el 5% de los ingresos de los concesionarios mineros. La propuesta del gobierno de Peña Nieto es más ambiciosa en tanto que eleva el gravamen a 7.5% de los ingresos reportados —para metales preciosos se cobra un 0.5% adicional—.
Asimismo, genera un nuevo gravamen para aquellas concesiones que se mantengan ociosas por más de dos años, correspondiente al valor máximo del cobro por hectárea de concesión citado arriba. Así, expresada en estos términos escuetos, la propuesta de Peña Nieto es bienvenida pues parece cubrir un importante boquete fiscal en la economía mexicana. No obstante, se queda corta. Cobrar derechos con base en los ingresos reportados por las mineras, tras deducciones, les permite echar mano de todo un abanico de artilugios contables para eludir sus responsabilidades. Más valdría cobrar derechos a partir del valor a precios internacionales del volumen de los diferentes tipos de minerales extraídos a boca de mina según se reporta en los inventarios que están obligados a presentar a la Secretaría de Economía. Por otra parte, a pesar de destinar el 50% de lo recaudado a los municipios que presentan actividad minera, la propuesta es contraria a la toma de decisiones horizontal y participativa sobre el uso y destino de estos recursos por parte de las comunidades afectadas.
La reforma de Peña Nieto al régimen de derechos a la minería es necesaria; sin embargo, es a todas luces insuficiente. Si a pesar de las ventanas existentes que facilitan la elusión fiscal los mineros canadienses se quieren ir, dejémosles la puerta abierta. Bastante tenemos con aguantar los pocos empleos que la minería, extranjera y nacional, genera (0.22% de la población económicamente activa para 2012). Eso sin mencionar la destrucción permanente de terrenos, acuíferos, ecosistemas y biodiversidad; los desplazamientos de personas; las enfermedades incurables; y, los 35 conflictos sociales de gravedad hasta ahora identificados a lo largo y ancho del país. La iniciativa de Peña Nieto no pone fin a la bacanal de desregulación que caracteriza a las relaciones público-privadas para actividades mineras. Si una alteración mínima en el régimen de derechos genera esta reacción en la Cámara de Comercio de Canadá, háganos el favor de llevar sus capitales (y berrinche) a otra parte.
Por: Francisco Cravioto Lagos
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