El próximo 16 de febrero se cumplen 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, que significaron la primera etapa de las negociaciones de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal. Los diálogos de paz en San Andrés Sak’amch’en de los Pobres tenían entre sus objetivos fundamentales acordar los términos para una profunda transformación del pacto social del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas.
Sin embargo, un balance del cumplimiento de los acuerdos nos llevaría a concluir que hoy los patrones estructurales de discriminación social de los pueblos no solo permanecen intactos sino que se han profundizado. El EZLN colocó los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades como el tema central de negociación con el gobierno federal por ser el telón de fondo de las marcadas desigualdades en el país. Si hace más de dos siglos la nación mexicana se fundó a partir de la exclusión sistemática de los pueblos originarios, hoy se requiere un nuevo pacto social que los reconozca como sujetos de derechos; esto implica el pleno ejercicio de sus derechos a la autonomía, libre determinación y a sus territorios.
Frente a las repetidas acciones de sordera por parte de la administración actual, cabe recordar el profundo ejercicio democrático que significa el Foro Nacional Indígena. Mediante un comunicado en marzo de 1995, el EZLN manifestó que el proceso de Diálogos de Paz se conforma en tres etapas, el diálogo plural y participativo con la sociedad civil, la negociación e interlocución con el gobierno y finalmente los acuerdos.
El Foro Nacional Indígena responde a la primera fase, a la oportunidad de intercambiar propuestas entre centenares de organizaciones y comunidades representantes de más de 30 pueblos indígenas en el país, cuyas demandas principales las retoma el EZLN y sus asesores durante las negociaciones. Es un ejercicio de democracia que en ese entonces el periodista Luis Hernández Navarro define como “la participación directa de una multitud […] que logró del gobierno compromisos expresos y una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país”. Contrasta el proceso democrático del Foro Nacional Indígena con el actuar del gobierno mexicano, quien tan solo hace dos meses, en el marco de los debates sobre la reforma energética, cercó con vallas de metal y más de 2 mil policías las voces de la ciudadanía para que la Cámara de Senadores aprobaran lo que en esencia significó la privatización del recurso más importante de la nación.
Mientras las distintas rondas de dialogo en San Andrés contemplaban propuestas de fondo para toda la sociedad (como algunas mesas sobre democracia y justicia, bienestar y desarrollo, y los derechos de la mujer que al final no se pudieron realizar), las llamadas reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo y avaladas por el Legislativo nos llevan por rumbos opuestos. Un botón de muestra de lo anteriormente descrito es el caso de la violación a los derechos de la Tribu Yaqui por parte de las autoridades federales y del estado de Sonora; quien sin realizar la consulta previa determinaron la construcción del Acueducto Independencia. Se trata de un megaproyecto que afecta en forma considerable el derecho al agua de estos pueblos. Este acto violatorio fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién a través de una resolución judicial (613/2012) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar un proceso de consulta con base en los estándares internacionales sobre pueblos indígenas.
Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha cumplido con la sentencia del máximo tribunal del país y pretende desviar el curso de la consulta con procesos paralelos de negociación política y prebendas a través de programas gubernamentales. Lo trágico es que el acueducto se mantiene en operación, aún sin realizarse la consulta; motivo por el cual se usurpan diariamente importantes volúmenes de agua de los pueblos Yaqui, lo que pone en riesgo su subsistencia. Así lo ha venido señalando la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui. Otra escena del atropello a los pueblos indígenas nos remite a Guerrero. Durante los últimos cuatro meses de 2013 se levantaron acciones penales contra más de 65 integrantes de la policía comunitaria. Incluso, tres de ellos están acusados por delitos federales de secuestro y terrorismo, y se encuentran recluidos en cárceles de máxima seguridad. Estas acusaciones pasaron por alto la Ley 701 de la propia entidad, que reconoce el derecho a la impartición de la justicia comunitaria.
El presidente Enrique Peña Nieto declaró al inicio de su administración que retomaría el sentido de los Acuerdos de San Andrés en el Pacto por México. Si verdaderamente está comprometido a respetar el espíritu y el sentido profundo de lo firmado hace casi dos décadas deberá tomar medidas urgentes que detengan el despojo de los territorios, los recursos naturales y la cultura de los pueblos indígenas a manos de particulares y del propio Estado. En la misma sintonía, tendrá que garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación y a la autonomía, así como poner fin a la criminalización de sus legítimas protestas.
Por Mariana Mora y Edmundo del Pozo.
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