A continuación detallo, de manera muy resumida, el mensaje que mandaron más de 50 académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil al firmar esta semana el posicionamiento “La Comisión Nacional Anticorrupción: una solución limitada para un problema complejo” para llamar la atención sobre la ilusión de soluciones parche e instituciones milagrosas que pretenden combatir la corrupción.
A este problema tan grave no se le gana con una batalla, sino con una larga guerra que debe atender múltiples frentes al mismo tiempo. Aunque para ser honestos, el comparativo bélico no es tan apropiado en este caso: más que una guerra, se trata de una profunda transformación de la Administración Pública Federal.
Y para esta importante metamorfosis, la creación de una institución es una propuesta restringida. Desafortunadamente, tanto el compromiso 85 del llamado Pacto por México, como las iniciativas presentadas por las fracciones del PRI, PVEM, PAN y PRD en el Senado plantean justamente la necesidad de crear un órgano institucional encargado de combatir la corrupción.
Los firmantes de este posicionamiento estamos convencidos que más que en la creación de nuevas instituciones, el camino está en una visión transversal y articulada de la respuesta institucional. Como bien los señalan las mismas iniciativas, en México, en los últimos diez años se ha intentado construir las bases de un sistema de rendición de cuentas, ¿por qué no abonar a este insipiente sistema y fortalecerlo? Es importante que las iniciativas no debiliten o desaparezcan estos intentos, ¿no sería ideal mejorar las instituciones ya existentes y generar mayor articulación entre ellas?
El posicionamiento señala que se debe más bien fortalecer, definir y ampliar las facultades de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de control interno y las fiscalías ya existentes; implementar diversas medidas previstas en los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano; así como reformar el marco jurídico y crear un sistema de sanciones o de incentivos asentado en el debido proceso, dirigido por un tribunal independiente del Poder Ejecutivo, que garantice el sistema de responsabilidades públicas que está en la base de la rendición de cuentas.
Otro detalle importante es la relevancia de aclarar qué se entiende por corrupción. A esta pregunta, las iniciativas contestan de manera muy acotada: parten de una concepción restringida del fenómeno, ya que expresan una aproximación sólo como un problema financiero o presupuestal. Aspectos como el abuso de autoridad, la compra, coacción y coerción del voto o el cohecho para el acceso a programas sociales quedan fuera de tal definición.
Si el fenómeno no está adecuadamente definido, las soluciones tampoco lo estarán. Y en efecto, las iniciativas se enfocan en atender los síntomas pero no las causas. La creación de una institución para combatir la corrupción sin atender los graves problemas de fragmentación del sistema de rendición de cuentas mexicano únicamente incrementa el riesgo de profundizar la desarticulación existente. Dicho de otra forma: las propuestas planteadas no atienden al problema sistémico.
Para terminar, el posicionamiento permite extender una preocupación sobre el proceso de debate e discusión de este tema: no puede ser “fast track”. Es imprescindible la inclusión de la ciudadanía informada en el proceso legislativo como instrumento para lograr mejores decisiones, mejores políticas públicas y mejor control y evaluación de los procesos. La participación de amplios sectores de la población en las discusiones públicas es importante, ya que logra clarificar la diversidad de perspectivas e intereses, visibilizar el contexto, sensibilizar a los tomadores de decisiones y crear las condiciones necesarias para que las políticas públicas tengan mayor arraigo entre la sociedad.
En resumen: la corrupción es un asunto complejo que requiere una reflexión integral y un debate público plural, vigoroso e informado.
Justine Dupuy
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