Por: Anaid García Tobón, investigadora de Anticorrupción
Poco se ha hablado sobre los vínculos entre la corrupción y el género. Por ello, y en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el 9 de diciembre, demos un vistazo a uno de los casos más emblemáticos en el país, la Estafa Maestra, en donde, a pesar de que está documentada la participación de múltiples dependencias y servidores y servidoras públicas, una mujer, Rosario Robles fue la única persona funcionaria de alto nivel investigada, procesada y encarcelada por tres años. Si bien se ha evidenciado su responsabilidad en este caso, vale la pena reflexionar si existieron sesgos de género en el abordaje del proceso legal sobre los que hace falta discutir para abonar al cruce entre la corrupción y la perspectiva de género.
El caso ha sido analizado desde otros factores, como su relación problemática con el presidente y la animadversión de éste, así como el daño patrimonial que supone la desviación de miles de millones de pesos, conviene analizar en qué medida pone en evidencia el trato diferenciado y la aplicación de justicia selectiva cuando se trata de sanciones aplicadas a mujeres. Desde nuestra perspectiva, al ser ella la única servidora pública de alto nivel investigada por este caso, en el cual se tejió toda una red de complicidades, no sólo se violó el principio de igualdad ante la ley, también se reveló el pacto de impunidad entre hombres en un sistema de justicia patriarcal, dado que no se han hecho investigaciones ni acusaciones del mismo tipo a otros altos funcionarios involucrados.
Robles fue acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública, específicamente, por no impedir que ocurriera el desvío de recursos públicos a través de la firma de convenios entre la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con universidades públicas y terceros. Posteriormente, tras ser citada a una audiencia el 9 de agosto de 2019 por este delito, un juez ligado a una figura política importante le impuso a Robles como medida cautelar prisión preventiva justificada, argumentando un riesgo de fuga, pese a que ella se presentó voluntariamente a declarar.
En noviembre de 2020, el caso dio un giro: la FGR obtuvo 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales ante una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera. En dicha denuncia no se encontraron irregularidades en las cuentas bancarias de Robles; sí, en cambio, en las finanzas de Emilio Zebadúa, quien fue oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu; la FGR, sin embargo, no solicitó una orden de aprehensión, ni se iniciaron acciones legales en contra de éste.
Es importante recordar que no toda conducta que implique sanciones a mujeres por actos indebidos se puede denominar en automático como violencia política hacia ellas, ya que eso implica desdibujar los delitos y abusos que son cometidos por cualquier persona sin importar su género. Ser mujer no exime de asumir responsabilidad por la participación en actos de corrupción. Sin embargo, en México, existen casos de justicia selectiva donde inciden sesgos de género. Por ello, algunos elementos relevantes para analizar este caso son:
- Mito de que las mujeres son menos propensas a cometer actos de corrupción cuando se encuentran en una posición de poder, que perpetúan estereotipos sobre el rol y expectativas sociales en el actuar de las mujeres, sin tomar en cuenta que, cuando la corrupción es sistémica, todas las personas sin distinción tienen las mismas posibilidades de incurrir en ese tipo de conductas. Además, la menor participación de las mujeres en actos de corrupción en el servicio público puede estar asociada a que tienen menores posiciones de poder en el espacio público y, por ende, menos posibilidades de participar en delitos de ese tipo. Es difícil que un desvío de más de 5,000 millones de pesos quedara fuera de la vista de la persona que dirigía la Sedesol y la Sedatu.
- Impactos diferenciados para las mujeres. Existen mayores sanciones sociales e institucionales contra las mujeres que incurren en delitos, particularmente actos de corrupción. Cuando las mujeres no cumplen con las expectativas de comportamiento en razón de su género son estigmatizadas, tal es el caso de quienes ingresan a las instituciones penales. En 2015, se dio cuenta que las familias abandonan a reclusas en 7 de cada 10 casos. Aunado al hecho de que a las mujeres se les aplican sentencias desproporcionadas en relación con los delitos que cometieron. Al respecto también se ha identificado que las mujeres reciben sentencias mucho más altas que las de los hombres acusados por el mismo delito. En este caso, pese a que por lo menos otros dos secretarios de Estado fueron señalados por su participación en el esquema de corrupción, Robles fue la única persona a la que se le dictó prisión preventiva justificada. Además, al ser ella quien enfrentaba los cargos penales, dada la cobertura mediática, en el imaginario colectivo se quedó la percepción de que no hubo otros implicados. Por ello, sin poner en duda su probable responsabilidad en la Estafa Maestra (dado que ella encabezaba Sedesol y Sedatu), cabe preguntarse al menos si en la acusación centrada en ella y en la forma en que se dio el proceso judicial contra Robles, y no contra otros funcionarios, incidieron no sólo los conflictos previos entre ella y el actual presidente sino también el ser mujer (y quedar fuera de los pactos patriarcales). En efecto, hay que tomar en cuenta:
- Existencia de pactos de impunidad patriarcal. En este sistema de dominación masculina ocurren un conjunto de relaciones sociales que generan una solidaridad entre ellos que posibilita que dominen a las mujeres a través de una serie de pactos. El dominio institucionalizado de los varones sobre las mujeres y su papel preponderante en la vida política favorecen la generación de estos pactos que las excluyen a ellas. Como consecuencia existe un alto grado de impunidad y protección cuando los hombres enfrentan los delitos por los cuales han sido señalados. Estos pactos se generan de manera tácita, no necesariamente implican que se realicen reuniones privadas para negociar, sino que al ser una cuestión estructural, se llevan a cabo las acciones conducentes para que ellos conserven su poder y permanezcan en sus cargos públicos, aunque cometan actos que vayan en contra del interés público.
Por ello, cobra relevancia que en la Estafa Maestra la única persona de alto nivel responsabilizada y denostada públicamente sea una mujer, ya que se envía un mensaje a la sociedad de que, si un caso de corrupción llega a ser sancionado, ese castigo solo aplicará a las mujeres y serán ellas quienes estarán inhabilitadas para participar en la toma de decisiones públicas.
Tanto el combate a la corrupción como la administración de justicia con perspectiva de género son un gran pendiente en México. La Estafa Maestra ejemplifica la importancia de exigir que se investiguen las redes de complicidad a todos los niveles. Aun en este caso, uno de los más sonados, de corrupción, se evidenció que el Estado implementó acciones para responsabilizar solo a una persona de alto nivel, en lugar de investigar de manera amplia e integral cómo se conformaron estas redes, y aplicar la ley no solo a una persona, sino a todas las implicadas, sin sesgos de género y sin perpetuar la impunidad.
Este artículo fue publicado originalmente el 09 de diciembre de 2023 en Animal Político.
