Por: Ariana Escalante, investigadora en Tierra y Territorio
El cambio climático es una cuestión compleja e interconectada que requiere esfuerzos coordinados de todas las naciones para mitigarlo de manera efectiva. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 se está llevando a cabo la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Expo City, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
En las reuniones de la COP, los países asumen compromisos y establecen objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a los impactos del cambio climático, los cuales son cruciales para que la comunidad global trabaje para limitar el aumento de la temperatura global y aborde los impactos del cambio climático.
El Estado mexicano ha reconocido en el cambio climático, uno de los retos más apremiantes del desarrollo en este siglo y en el discurso promueve una acción climática ambiciosa y socialmente responsable, fundamentada en el principio de justicia ambiental. Sin embargo, no existe actualización de las metas de las contribuciones nacionalmente determinadas ni mucho menos rutas claras para hacerle frente a los impactos del cambio climático y sostener este compromiso.
Mientras México considera el combate al cambio climático como un elemento esencial para el desarrollo, ya que sus efectos negativos ponen en juego la viabilidad de la humanidad y los ecosistemas e impacta directamente en la capacidad de todas las personas para disfrutar plenamente de sus derechos humanos, las metas establecidas contrastan con una realidad política compleja, dominada por fuertes inversiones de combustibles fósiles y una disminución en el impulso de políticas climáticas proactivas. En la práctica, la CFE presupuestó un total de 36, 872 millones de pesos, monto que equivale al 15.7% del presupuesto total del Anexo Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en donde la mayoría de los recursos serán destinados a la contratación de servicios relacionados con la generación de energía con base en gas natural, un hidrocarburo cuyo impacto en la salud y el medio ambiente ha sido ampliamente documentado[1].
En su comunicado oficial, México reafirmó su compromiso para llegar a la generación del 35% de energía limpia en 2024, siguiendo una estrategia clara para aumentar la participación de energía limpia en la matriz energética de manera ordenada y equilibrada[2]. Sin embargo, en la práctica el Anexo Transversal Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 2024 (AT-CC) propone un presupuesto de 233,961 millones de pesos, de los cuales la mayor parte de los recursos reportados corresponden al Tren Maya. El 53.8 % del presupuesto total del AT-CC, equivalente a 125, 937 millones de pesos, será ejercido por la empresa coordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, Tren Maya SA. de C.V.
Sin duda, en México prevalece la ausencia de una agenda climática coherente y sostenida adecuada a la realidad climática que vive el país y el mundo, junto con una normatividad desarticulada que cataloga proyectos que tienen poco o ninguna relación con la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que hace que México tenga una gestión ambiental deficiente. Nuestro país necesita urgentemente fortalecer el marco normativo para regular que solamente aquellos programas presupuestarios que guarden una relación directa con medidas de adaptación y mitigación puedan ser incluidos, y que las diferentes instancias justifiquen ampliamente dicha decisión.
[1] Al respecto, puede consultarse Greenpeace 2021, https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/por-que-lo-llaman-gas-natural-cuando-quieren-decir-gas-fosil/por-que-el-gas-no-es-la-solucion/
[2]https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873838/Documento_breve_de_posicio_n_de_Me_xico_para_la_COP28.pdf
Este artículo fue publicado originalmente el 5 de diciembre de 2023, en Sin Embargo.
