México, 1 de noviembre de 2023.- En días recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo público el informe donde da cuenta sobre el modelo de trabajo que ha seguido durante los últimos cuatro años. Al respecto, menciona de manera errónea y descontextualizada el análisis presupuestal que ha realizado Fundar sobre el organismo.
La reducción de presupuesto del 26% que hemos visto entre el presupuesto aprobado para 2019 y el de 2024, así como el claro subejercicio de sus recursos año con año, no es de manera alguna un reconocimiento o celebración, por el contrario, es una señal alarmante de que, ante la profunda crisis de violaciones a derechos humanos e impunidad en la que se encuentra el país, la CNDH abdicó de su mandato constitucional de contrapeso al poder y no destina los recursos suficientes para una defensa efectiva de las víctimas para tener una Comisión sólida y bien financiada. De igual manera, recordamos que una mejor administración y ejercicio del gasto no requiere de una disminución del presupuesto.
El informe presentado por la CNDH es, una vez más, un discurso en defensa de una gestión que desde el inicio ha sido problemática y ha carecido de legitimidad. Como lo denunciamos en su momento, a través del Observatorio de Designaciones Públicas, el proceso de designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH estuvo sumamente viciado y en él se privilegiaron las cuotas partidistas, sobre los méritos, la idoneidad y la independencia, lo cual ha se ha evidenciado en la falta de independencia durante toda su gestión.
En este sentido, en los últimos años, hemos atestiguado como la CNDH ha sido complaciente con una política de seguridad militarizada y contraria a los estándares más básicos de derechos humanos. Un ejemplo de esto ha sido la omisión de la CNDH de presentar acciones de inconstitucionalidad en temas clave para garantizar los derechos humanos de la población, como las reformas a la Ley General de Víctimas luego de que se eliminara el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, o a la Ley de la Guardia Nacional para adscribir este cuerpo a la SEDENA y con ello profundizar la militarización sin controles.
Por ello, resulta sumamente preocupante que el discurso de austeridad sea celebrado, por encima de la búsqueda de un fortalecimiento institucional que haga frente a la realidad en nuestro país y que pueda reflejarse en acciones de defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
