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Nuevo informe: Un Camino de Impunidad alerta sobre control migratorio y falta de acceso a la justicia para migrantes.

El nuevo informe “Un Camino de Impunidad”, realizado por la Casa del Migrante de Saltillo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Fundar, muestra que México sigue priorizando las detenciones y las deportaciones sobre la protección de migrantes que podrían estar huyendo de peligro. Estas políticas severas ya han demostrado ser ineficaces para disuadir la migración, violan derechos humanos, y exponen a los migrantes a más abusos, corrupción y violencia. Además señala que México no ha hecho esfuerzos suficientes para investigar delitos cometidos contra migrantes.

El documento es una actualización del informe “Un Camino Incierto”, publicado en noviembre de 2015 por las mismas organizaciones y seis otras que trabajan a lo largo y ancho del país. El primer informe analizaba cómo la implementación del “Programa Frontera Sur” dio lugar a un aumento masivo en el control migratorio. También aumentaron los delitos y violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, mientras el acceso a la justicia es casi nulo.

Los hallazgos principales del informe “Un Camino de Impunidad” son:

  • Entre 2014 y julio del 2016, México ha detenido a aproximadamente 425.000 migrantes, mientras sólo ha otorgado a 2.700 personas la condición de refugiado, un número muy bajo teniendo en cuenta los niveles de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador. Por cada persona que obtuvo es estatus de refugiado en México, 157 migrantes fueron detenidos.

La detención de migrantes en México pasó de 86.298 en 2013 a 198.141 en 2015; en los primeros siete meses de 2016 ya se han llevado a cabo 99.768 detenciones. Al mismo tiempo, las solicitudes de asilo van en aumento, pasando de 1.296 en 2013 a 3.424 en 2015; en los primeros seis meses de 2016, México ya ha recibido 3.486 solicitudes, el número más alto del que se tiene registro. Para 2015 y 2016, más del 92 por ciento de las solicitudes de asilo son de ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

  • Mexico no ha aumentado su capacidad para brindar protección a migrantes que lo podrían necesitar. Esto es grave conociendo las necesidades de protección de posibles refugiados del triángulo norte de Centroamérica, pero también migrantes víctimas de delito en México siguen desamparados.

Se creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Migrantes en la PGR, la cual debería facilitar el acceso a la justicia, pero esta desde su reciente creación enfrenta muchos retos. En primer lugar, la falta de recursos técnicos y lineamientos poco claros.

En Coahuila, los datos de la Casa del Migrante muestran un panorama mucho más preocupante que los registros oficiales. La fiscalía local presentó cargos en solo 1 caso de las 162 denuncias por migrantes (2014 hasta la fecha). La CDMS documentó 372 casos en el mismo periodo, la mayoría de robo, extorsión y secuestro.

  • Es importante suspender políticas restrictivas como el Programa Frontera Sur, y a la vez mejorar el acceso a la condición de refugiado y los derechos como víctimas (empezando por el acceso a la justicia). Sin garantizar presupuesto adecuado para la COMAR y la nueva instancia de la PGR en el PEF 2017, los esfuerzos serían en vano.

En días pasados, México ha intentado posicionarse como líder mundial en los temas de migración y refugiados, en las cumbres internacionales que se llevaron a cabo en la ONU en Nueva York (19 y 20 de septiembre). El presidente Peña Nieto hizo varios compromisos, sin embargo, estos solo abarcaban una parte de la problemática documentada en este informe. Faltaría dar a conocer las acciones específicas.


[ INFORME ]