La reforma de presidencia no hace frente a los impactos del cambio climático y no garantiza una verdadera transición energética.
La reforma energética debe sentar las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético sustentable, que cuente con una mayor participación de las energías renovables y limpias.
Es urgente la implementación de políticas fiscales, económicas y ambientales que reduzcan la demanda de combustibles fósiles, principalmente en el transporte, y que promuevan un desarrollo sostenible.
México, D.F., a 9 de octubre de 2013
Las organizaciones que conforman el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático consideran que la discusión sobre Reforma Energética abierta por el Gobierno Federal, representa una gran oportunidad para promover en nuestro país un verdadero desarrollo sostenible, basado en eficiencia energética y bajas emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, la propuesta presentada por el ejecutivo desaprovecha esa oportunidad, ya que impulsa y profundiza el modelo energético actual, basado exclusivamente en los combustibles fósiles y evita poner al país en la ruta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales generados por los impactos del cambio climático en México, ni contribuye a cumplir las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y mucho menos a cumplir los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático presentó sus observaciones sobre el funcionamiento y alcance ambiental de la Reforma Energética, con el objetivo de que esta siente las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético sustentable, bajo el marco de derechos humanos, con enfoque de género y criterios de sustentabilidad, que cuente con una mayor participación de las energías renovables y limpias, y que amplíe el enfoque actual, restringido a la generación de energía, a un enfoque integral que considere los patrones de consumo energético y su eficiencia.
Aroa de la Fuente, de FUNDAR, subrayó la magnitud del potencial daño ambiental que significa el complejo proceso de extracción de shale gas, en el cual la emisión de metano, un gas con potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el CO2, es 30 por ciento superior a la emisión de este gas en proyectos tradicionales.
La actual propuesta también evita establecer soluciones para reducir la demanda de combustibles en el transporte, sector caracterizado por el consumo exclusivo de energía de fuentes no renovables que, en combinación con su acelerado crecimiento, ha elevado la demanda total de gasolina y diesel en un promedio mayor al del crecimiento de la economía, y genera, además una serie de impactos como el tráfico vehicular, severos daños a la salud y altas emisiones de GEI, subrayó Lillian Sol, de CTSEmbarq.
En este contexto, Xtabai Padilla del ITDP, exhortó al gobierno a impulsar programas integrales de movilidad sustentable en las ciudades, que desincentiven el uso del automóvil privado y promuevan el desarrollo urbano orientado al transporte público y formas no motorizadas de movilidad; así como, adecuar los criterios de evaluación costo-beneficio de estos proyectos para incluir sus beneficios ambientales y sociales.
Es urgente que se implementen políticas fiscales, económicas y ambientales que reduzcan la demanda de combustibles fósiles y promuevan un desarrollo sostenible. Por ello, el Grupo de Financiamiento demanda la creación de una reforma que garantice la sostenibilidad fiscal y energética sin comprometer la sostenibilidad ambiental y social, que promueva la diversificación de la matriz energética a través la inversión pública en fuentes de energía renovable, que permita el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Carlos Tornel, del CEMDA, mencionó que es necesario obligar a las paraestatales energéticas, CFE y PEMEX, a reducir su huella de carbono. PEMEX debe transformarse en una empresa energética, más allá de una empresa petrolera, alineada con el desarrollo sustentable y de bajo carbono. Esto hace inminente una reforma fiscal sostenible basada en el cobro de impuestos y derechos de aprovechamiento. Los beneficios petroleros deben destinarse a proyectos y programas con énfasis en el desarrollo social sustentable y no al gasto corriente gubernamental.
Al apostar por la explotación de hidrocarburos no convencionales como el shale gas o los yacimientos petroleros de aguas profundas, se pone en riesgo el desarrollo del país, tanto por las altas inversiones que demanda, como por su insostenibilidad en el largo plazo, ya que implica una mayor emisión de GEI y acarrea otros impactos negativos ambientales y sociales, mencionó Beatriz Olivera de Greenpeace.
Asimismo, los miembros del Grupo señalaron que la propuesta actual de reforma carece de mecanismos de rendición de cuentas, así como de la información necesaria que la justifique; tampoco se han abierto canales para establecer un diálogo informado, incluyente y efectivo, que permita la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, especialmente al ser este un tema central en la vida económica, social, política y medioambiental del país.
“El marco normativo debe de contemplar el pleno derecho y la coexistencia respetuosa con las comunidades en las cuales se realizarán los proyectos de generación de energía para no profundizar desigualdades ni de género ni de otra índole, incorporar las externalidades sociales y ambientales en los proyectos de generación de energía a través de un esquema de tarifas eléctricas eficientes, y establecer normas de eficiencia para actividades productivas que utilicen energía de fuentes fósiles, evitando al tiempo reproducir roles tradicionales de género”, señaló Emilia Reyes de Equidad de Género.
El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático demanda que el gobierno tome en cuenta estas observaciones y propuestas, de manera que la Reforma Energética cumpla el propósito de fomentar un desarrollo incluyente y ambientalmente sostenible en nuestro país.
Notas para el editor
El Grupo de Financiamiento para Cambio Climático se constituyó en julio de 2010, en el marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), celebrada en México. Está integrado por 15 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores mexicanos que comparten la convicción sobre la necesidad de instrumentar políticas públicas integrales que, desde el marco de derechos humanos, la igualdad de género y la sustentabilidad, se dirijan a la mitigación y adaptación del cambio climático.
En esta iniciativa participan: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental, el Centro de Transporte Sustentable (CTSEMBARQ México), la Fundación Heinrich Böll, Fundar, Greenpeace, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Notas de prensa
Piden ONGs que la reforma energética sea sostenible
Niega Greenpeace que el gas shale pueda ser sustentable
Demandan incluir el desarrollo sostenible en el debate energético
Desaprovecha reforma energética potencial de fuentes sustentables
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Organizaciones ambientalistas exigen reforma energética sustentable
