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Organizaciones respaldamos informe del GIEI y nos solidarizamos con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil firmantes, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.

 

El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.

 

Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.

 

Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente:

 

1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulso, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desaparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoír.

 

2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad –más allá de las municipales– en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la Marina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Esto no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civiles se queda corta frente al poder castrense del Estado mexicano.

 

3. Este sexto y último informe muestra la innegable implicación del Ejército y la Marina tanto en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, como en los hechos posteriores realizados para ocultar la verdad de lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos. A pesar de los esfuerzos del GIEI, de la COVAJ, de las organizaciones acompañantes, e incluso con las indicaciones claras por parte del presidente de la República, el informe nos muestra que las Fuerzas Armadas han mentido sistemáticamente, tanto con la negación de hechos y de existencia de documentos, como con la adecuación de sus versiones a la nueva información presentada en el avance de la investigación del caso. Ante esta evidencia y el poder cada vez mayor que tienen las Fuerzas Armadas en el país, el caso Ayotzinapa nos hace preguntarnos quién realmente tiene el poder en México.

 

La posible implicación de los distintos cuerpos de seguridad, desde el nivel municipal hasta las Fuerzas Armadas, con los grupos del crimen organizado en el caso Ayotzinapa, indica que la desaparición forzada es un crimen cuya investigación debe trascender la mirada local. Comprender los pactos de impunidad y la colusión entre autoridades y crimen organizado debe ser el punto de partida para investigar la desaparición en México, pues son estos los que hacen que atrocidades y casos como la desaparición de los 43 sigan repitiéndose, y que tienen a México sumido en una crisis de desaparición desde hace más de 16 años.

 

Por último, hacemos eco del llamado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y su exigencia de reunirse con el presidente de la República para que responda ante las evidencias presentadas en el sexto y último informe del GIEI, con una propuesta clara de cómo remover los obstáculos que las Fuerzas Armadas han puesto para mantener el caso en impunidad.