El jueves 9 de febrero del 2012, aproximadamente a las ocho de la noche, miembros del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal de Coahuila irrumpieron en las instalaciones de la Parroquia de San Judas Tadeo en Torreón, Coahuila, en donde también se encuentra el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. Estos elementos entraron sin pedir permiso, sin identificarse y sin presentar orden judicial, y comenzaron a pedir información de lo que ahí se hacía.
Al ser cuestionados sobre su presencia en el Centro de Derechos Humanos, los uniformados afirmaron que respondían a una denuncia anónima que señalaba que en ese lugar vendían drogas y además argumentaron “nosotros no pedimos permiso. Imagínese que andemos pidiendo permiso, mientras hacemos eso, los malandros nos agarran”.
La acción fue calificada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como la Casa del Migrante de Saltillo, Alianza Cívica-Coahuila, AUAS, CEP-Parras y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, como un intento por frenar la labor de las organizaciones civiles y de las personas que buscan proteger y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la organización conformada por familiares de desaparecidos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M) manifestaron que “esta acción es evidentemente un acto intimidatorio en contra del equipo del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y los padres Jesuitas por la labor de defensa que realizan con todas aquellas personas que día a día les violan sus derechos en esta zona de terror” (ver comunicado).
Desde las organizaciones firmantes, vemos con dolor las consecuencias de la violencia perpetrada por la delincuencia organizada y a la vez, vemos con preocupación que el discurso de combate a la delincuencia es utilizado para legitimar violaciones a los derechos humanos, incluido el derecho mismo a defender los derechos humanos. De igual forma, este argumento es usado para evadir la obligación de rendir cuentas hacia la sociedad de parte de las instituciones que desempeñan labores de seguridad pública. Esta tendencia aumenta la vulnerabilidad de la población y la situación de inseguridad, tal como muestra la evidencia empírica recogida en el Informe “Desde la mirada ciudadana” elaborado por el Monitor Civil de la Policía y las Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero.
Finalmente, suscribimos las demandas de las organizaciones antes citadas hacia las autoridades correspondientes para que se hagan responsables de implementar las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad de los miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la comunidad Jesuita que dirige la parroquia de San Judas Tadeo, así como de los colaboradores de la parroquia. Asimismo, exigimos que se investiguen los hechos y que los responsables sean sancionados.
Organizaciones firmantes:
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C.
Luna del Sur, A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
