Coalición amplia y plural de líderes de la sociedad civil y de la academia consensan una agenda legislativa para una política de Estado de seguridad pública que sea integral, democrática y con enfoque de derechos humanos.
Estas propuestas fueron presentadas el 11 de noviembre de 2010 ante integrantes de dicha comisión legislativa y será impulsada por las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de que sirva como punto de convergencia para la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. El documento de propuesta ha sido firmado hasta la fecha por 168 organizaciones y 407 personas.
Este documento es el resultado de un ejercicio de construcción de acuerdos que ha conjuntado la capacidad técnica de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido el documento da cuenta de la diversidad y riqueza de capacidades instaladas y del valor de sus contenidos.
Al respecto, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública expresaron su compromiso de generar un espacio de diálogo entre sociedad civil y legisladores de distintas fuerzas políticas para analizar y enriquecer las propuestas entregadas. Entre las propuestas consensadas por las organizaciones mencionadas destacan las siguientes:
- Que es obligación del Estado garantizar y respetar los derechos humanos de la población.
- Diversos mecanismos de participación y control ciudadano sobre el sistema policial y la política de seguridad pública.
- La urgencia de avanzar en la implementación de la reforma de justicia, otorgando el presupuesto necesario para ello.
- La creación de un órgano inteligencia de Estado que permita contar con información estratégica para combatir a la delincuencia organizada, sin sesgo político.
- La instauración de un Fondo para la Mitigación de los Efectos Sociales de la Violencia y políticas en materia de prevención del delito.
- Un llamado a revisar la estrategia contra el narcotráfico para obtener los resultados necesarios en términos de reducción de violencia, control de drogas y delincuencia organizada.
- Medidas para mejorar las condiciones de vida en los penales y evitar que las cárceles sean una “escuela del crimen”.
Todo ello en el marco de un concepto de seguridad amplio, democrático y orientado a promover el desarrollo pleno de las personas, donde se asegure el derecho a una vida sin violencia.
