El Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, campeón olímpico en contravenir el Estado de derecho, ha iniciado otro capítulo de su historial con la detención arbitraria de Mario Luna, indígena Yaqui. Esta acción de escarmiento busca doblegar la defensa de la Tribu Yaqui por su territorio y sus recursos naturales en contra del Acueducto Independencia, construido de forma ilegal por el Gobierno Sonorense, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La privación de la libertad a Mario Luna no sólo atenta contra el debido proceso y los derechos humanos del vocero y secretario de la Tribu Yaqui, sino que constituye una actitud desafiante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció la violación del derecho a la consulta del pueblo Yaqui en resolución del 8 de mayo de 2012. En este histórico fallo, la SCJN ordenó a la SEMARNAT reponer el procedimiento de consulta sobre la operación del Acueducto Independencia a la Tribu, con base en principios básicos. Según el mandato de la Corte, debería tratarse de una “consulta culturalmente adecuada”, lo cual implicaba el respeto a las costumbres y tradiciones del Pueblo indígena y de sus estructuras y formas de decisión. De igual forma, el máximo tribunal, indicó que debía realizarse de “buena fe”, mediante un diálogo sincero entre las partes, con miras a obtener acuerdos; y además, tendría que ser “libre” de todo elemento de coacción o presión, de conformidad con los tratados internacionales.
Durante el proceso de consulta que derivó de la sentencia, Mario Luna fue designado por la autoridad tradicional como su vocero para el diálogo con el Gobierno Federal, por lo cual era un interlocutor legítimo y reconocido ante las dependencias federales para dar cumplimiento al fallo de la SCJN. El Gobernador de Sonora, no era ajeno ni al resolutivo de la Corte, ni al rol que jugaba el vocero Yaqui y otros líderes comunitarios dentro de la consulta. Aun así, desató una campaña de odio racial en Hermosillo contra la Tribu Yaqui, que comenzó con la descalificación de sus integrantes en los medios locales, continuó con la liberación de órdenes de aprehensión en contra de sus voceros y ha escalado hasta la emisión del auto de formal prisión contra Luna el pasado 17 de septiembre.
Esta serie de actos persecutorios contra la Tribu Yaqui viola los principios de consulta culturalmente adecuada, libre y de buena fe, establecidos por la SCJN y los instrumentos sobre Pueblos Indígenas. Con este tipo de conductas, Padrés parece aferrado a comportarse fuera del imperio de la ley. No bastó que se descubriera una presa en su rancho sin los permisos necesarios o que el Acueducto Independencia usurpe el agua a los Yaquis sin autorización de Impacto Ambiental. Ahora, para seguir agregando a su records de impunidad, también desafía una resolución de la máxima instancia de justicia de la nación. Es urgente que las acciones de coacción contra el pueblo Yaqui cesen, es imperativo que Mario Luna salga libre y se suspenda la operación del citado Acueducto. Son éstas las condiciones mínimas para que la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte haga justicia y se repongan los derechos violados de las comunidades Yaqui.
