Pasos lentos, cambios urgentes

La tortuga de Mafalda se llama “burocracia” en referencia a la lentitud legendaria de las administraciones públicas; bien podría haberse llamado reforma en materia de transparencia. La reforma constitucional inició en 2012 cuando los senadores presentaron las primeras propuestas de iniciativas. Dos años y medio más tarde, el proceso legislativo avanzó pero falta mucho para que se concreten los cambios previstos en la reforma constitucional. Estamos a medio camino de este proceso transformador que, en cada etapa, corre el riesgo de irse de reversa y avalar disposiciones retrogradas.

Para que la reforma constitucional aprobada en febrero del 2014 pueda aplicarse con todas las promesas que encierran sus nuevas disposiciones, se necesita una regulación secundaria integral e innovadora. En estas semanas, estamos apenas asistiendo al difícil parto de la Ley General de Transparencia. El miércoles pasado, después de más de seis horas de sesión en el pleno se aprobó el dictamen de Ley General de Transparencia en el Senado y el pasado jueves la minuta llegó a la Cámara de Diputados donde fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen y la de Transparencia y Anticorrupción para su opinión.

A pesar de este avance en el proceso legislativo, aun falta mucho para que los mexicanos podamos gozar de un nuevo diseño institucional y criterios ampliados que permitan fortalecer el derecho de acceso a la información en el país.

La minuta de la Ley de Transparencia llega a la Cámara de Diputados en un contexto electoral que podría obstaculizar o contaminar el proceso legislativo y retrasarlo aun más. Las y los diputados deben buscar consolidar el derecho de acceso a la información en el país e impedir cualquier tentación de retrocesos. Si los legisladores no avanzan a marcha forzada, es muy probable que en seis meses no tengamos aún ninguna claridad sobre la ley general. En efecto los diputados están de salida pensando ya en las elecciones del 7 de junio durante las cuales se renovará la Cámara por completo.

Además la Ley General de Transparencia debe acompañarse de la aprobación de una Ley General de Archivos y una Ley General de Protección de Datos Personales; sino sería idéntico a un coche que le falta tres ruedas: no podría avanzar. Sin olvidar también el sistema nacional de corrupción que se está debatiendo en el Senado en estas semanas, otra pieza clave al repensar el sistema de sanción administrativas para que la transparencia y el acceso a la información se haga realidad

Superado los peores escenarios y una vez completado el marco normativo, entraremos en la etapa de armonización de todas las leyes estatales. Cada entidad federativa y la federación tendrán la obligación de reformar sus respectivas leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, para ajustarlas a los nuevos criterios establecidos en la Ley General. En 2007, año de la primera reforma constitucional en la materia, muchos estados no cumplieron con la armonización de su ley en los tiempos definidos por la ley. La Federación, los estados y el Distrito Federal disponían de un año pero, por ejemplo, tres años después del plazo, en 2011, el poder legislativo no había ajustado la ley federal. ¿Esta vez, cuánto durará esta etapa?

Sin embargo, tener en cuenta un punto de vista administrativo y legal sobre el tiempo largo que puede tomar este proceso transformador no debe impedir que los cambios en las prácticas se empiecen a sentir. Más bien, es necesario que la sociedad mexicana empiece a vislumbrar la metamorfosis del sistema de acceso a la información contenida en la reforma constitucional del 2014.

La semana pasada, se dio a conocer la imposibilidad de acceder a  un contrato que Banobras ofreció al Grupo Higa, la razón: la información pertenece a un fideicomiso. Esto ya no debería suceder. Los fideicomisos son sujetos obligados como lo establece el sexto constitucional desde febrero del 2014 y el marco legal que se está construyendo ya no permite argumentar el secreto fiduciario cuando se trata de información relacionada a fideicomisos. Es importante que mientras se termine de afinar la arquitectura legal y el diseño institucional, las prácticas de los sujetos obligados y los órganos garantes también empiecen a cambiar. Desde hace más de seis meses, la sociedad mexicana pide cambios a gritos. La transparencia es una de las respuestas. ¿Para qué retrasarla más?

Justine Dupuy

http://www.sinembargo.mx/opinion/23-03-2015/32984