Ciudad de México a 13 de septiembre de 2023.– El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024, una serie de documentos que revelan cuáles son los planes del Gobierno Federal para recaudar y gastar nuestros recursos. En 2024, se propone un gasto histórico de más de 9 billones de pesos, y gran parte de estos recursos se destinarán hacia los programas y proyectos prioritarios de esta administración. Desde Fundar destacamos los siguientes asuntos que deben ser atendidos por el Congreso de la Unión durante la fase de negociación presupuestaria, para así convertir al presupuesto federal en una herramienta para reducir las extremas desigualdades y avanzar en la realización de los derechos humanos.
- Limitar los beneficios fiscales de las grandes empresas e individuos ultrarricos. En el ejercicio fiscal en curso, la federación dejará de percibir cerca del 1.33% del PIB como consecuencia de los beneficios fiscales en el Impuesto Sobre la Renta. Estos recursos podrían recaudarse y redistribuirse en favor de políticas redistributivas en 2024, en lugar de entregarse a las grandes empresas e individuos de altos ingresos. De cara al crecimiento del nearshoring proyectado para el siguiente año, resulta crucial que este tipo de beneficios fiscales sean regulados cuanto antes.
- Incrementar el presupuesto para la igualdad de género y la no violencia. En línea con la tendencia de años recientes, el PPEF 2024 propone recortes presupuestarios a programas importantes etiquetados en el Anexo 13, como el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de madres trabajadoras (-0.3%). Adicionalmente, el presupuesto planteado para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y para el Programa de Apoyo a Refugios Especializados se mantendrá estancado respecto a 2023 (+0.02% en ambos casos). Además, la asignación presupuestaria para las dependencias encargadas de operar la política de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres sigue sin ser progresiva. Muestra de ello es que todas, salvo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), contarán en 2024 con menos recursos de los asignados en 2019. La ausencia de una metodología robusta, clara y transparente continúa siendo un gran pendiente para la integración del Anexo 13. Ciertamente, para 2024 sigue sin incorporarse una perspectiva de género y feminista, pues el 89% del presupuesto se dirigirá hacia programas sociales prioritarios que no inciden directamente en la reducción de brechas de desigualdad ni en la incidencia de la violencia contra las mujeres.
- Incrementar el presupuesto para enfrentar la crisis climática. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tendrá un recorte del 7.1%, lo cual mantiene la tendencia regresiva de recortes al sector ambiental durante esta administración, que trae consecuencias graves para la garantía del derecho a un medio ambiente sano de toda la población. El presupuesto proyectado para la SEMARNAT, equivalente a 70,245 millones de pesos equivale apenas al 15% de los recursos propuestos para PEMEX -empresa que a pesar de la inyección inédita de recursos que ha recibido por parte del Gobierno Federal, no ha logrado revertir la caída sostenida de las reservas y de la producción petrolera. Aun así, se continúa con la firme apuesta de afianzar un modelo fósil que agrava la crisis climática y ambiental. De igual forma, resulta primordial modificar el diseño del Anexo Transversal para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, pues en este instrumento continúan etiquetándose recursos que no se relacionan con el combate a la crisis climática, como el Tren Maya y el Transporte de Gas Natural.
- Financiar el derecho a la Cultura. El proyecto de presupuesto para 2024 prevé un monto de recursos para la Secretaría de Cultura por 16 mil 754 millones de pesos, un aumento real del 0.39%. Sin embargo, el presupuesto es insuficiente para garantizar el derecho a la cultura para todas las personas, sobre todo para quienes menos tienen. Sobresale el incremento del 61.20% propuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del 846.89% al programa Provisiones para la adquisición de terrenos de Zonas Arqueológicas, recursos que serán ejecutados para regularizar los terrenos alrededor del Tren Maya.
- Financiar progresivamente la atención a víctimas y las violaciones graves de derechos humanos. El Paquete Económico 2024 contempla un presupuesto prácticamente idéntico al del PEF 2023 para la búsqueda de personas desaparecidas (0.0002% más para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con un presupuesto de 1,149 millones de pesos y 1.6% más para la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de la Desaparición Forzada, con un presupuesto de 23.5 millones de pesos); mientras que, en materia de tortura presenta un descenso del 12.6% respecto de los recursos que tuvo la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura en 2023, con un total de 24.9 millones de pesos para 2024. Contrario a estas tendencias de incrementos inerciales en materia de desaparición y de descenso en materia de tortura, la incidencia de estos delitos y de violaciones graves a los derechos humanos ha ido al alza, por lo tanto, los recursos destinados para su atención deberían incrementar de manera progresiva.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendría un presupuesto de 1,113 millones de pesos, un aumento del 0.5% respecto de 2023. Sin embargo, este aumento se ve reflejado principalmente en materia de servicios personales, mientras que el presupuesto para medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos, equivalente a 633 millones de pesos, se mantiene en los mismos niveles que en 2023. Esta cifra dista aún del mínimo presupuestario de 834 millones de pesos (0.014% del gasto programable) que existía como piso mínimo en la Ley General de Víctimas, para una institución que tiene un rezago de alrededor del 26% en la atención de solicitudes para el Registro Nacional de Víctimas al cierre del segundo trimestre de 2023. - Incrementar el gasto en salud. Para el 2024, la función Salud representaría el 2.8% del PIB y 10.6% del Gasto Neto Total, ubicándose como la cuarta función con mayor presupuesto en el PPEF 2024. A pesar de esto, el gasto en salud continúa muy por debajo del 6% del PIB recomendado internacionalmente. Esta tarea resulta urgente considerando que la población con carencia por acceso a la salud incrementó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022.
- Incrementar el presupuesto para Salud Materna, Sexual y Reproductiva (SMSyR). Se propone una asignación de 2,758.42 millones de pesos para el Programa de SMSyR. Si bien este monto es 17.5% mayor que el aprobado para 2023, aún es insuficiente para compensar los recortes que el programa ha tenido desde 2019 (año en que tuvo la mayor asignación de recursos, de 3,224.43 millones de pesos). Este programa es fundamental para reducir las brechas de desigualdad de género, ya que está dirigido a garantizar la salud sexual y reproductiva de al menos 34 millones de mujeres que no cuentan con empleo formal y están en una mayor situación de vulnerabilidad. Los recortes que ha tenido desde 2019 impactan directamente los servicios de salud que las mujeres reciben (personal, medicamentos, infraestructura, equipo, etc.). Además, de aprobarse este presupuesto, la entidad rectora de la política de salud sexual y reproductiva, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (CNEGySR), tendría menos recursos para operar. Por ello, en el marco de la negociación presupuestaria 2024, el Legislativo debe aumentar por lo menos 466 millones de pesos a este programa, para que se le asigne un monto mínimo de 3,224.43 millones de pesos, cifra que ha no logrado tener desde 2019.
- Incrementar el presupuesto para la investigación de los actos de corrupción. El presupuesto para 2024 de las instituciones anticorrupción presenta ligeros ajustes a lo presentado en 2023. Las instituciones que tuvieron un incremento en el PPEF 2024 son la ASF con 10.24%, le sigue el INAI con 6.46% y la SFP con 1.83%. Sin embargo, se registra una disminución a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de 4.58% en términos reales, lo cual es preocupante dada la magnitud de los asuntos que tiene que resolver en materia de investigación, prevención y persecución de los delitos de corrupción. Esta disminución pone en riesgo de que se afecte aún más la operatividad y el adecuado cumplimiento del mandato de la FECC.
Si bien resulta positivo que el Anexo Transversal Anticorrupción contemple un aumento real del 29.50% como consecuencia de un incremento presupuestario de las entidades que lo componen, así como por la integración de nuevas unidades responsables como la Comisión Federal de Competencia Económica, será necesario que se señale ampliamente y de forma detallada el papel de las nuevas instancias en el combate a la corrupción.
En los próximos días continuaremos difundiendo las implicaciones para los derechos humanos y la reducción de las desigualdades del último Paquete Económico enviado por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Como cada año, desde Fundar instamos al Congreso de la Unión a debatir profundamente las razones por las que nuestro país continúa recaudando pocos impuestos por parte de las personas y corporaciones con mayores recursos, y a incrementar los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos.
También hacemos un llamado al poder Legislativo para que la discusión ponga al centro las voces de quienes han vivido los impactos, así como de la academia y sociedad civil que damos seguimiento al presupuesto, y que demuestre con ello la voluntad para reducir las desigualdades en nuestro país.
Contacto de prensa:
Mariana Gurrola Y.
55 5157 3914
[email protected]
