El año pasado, específicamente durante la campaña presidencial y en los primeros meses de la Legislatura, todo parecía indicar que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información serían temas prioritarios para el nuevo gobierno. De hecho, en el Pacto por México se asumieron compromisos para avanzar en estas materias y durante la consulta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se abrieron algunos espacios para escuchar las opiniones y propuestas de la sociedad civil al respecto.
Sin embargo, resulta preocupante que en el PND estos temas hayan sido incluidos de forma dispersa, limitada y con una visión que le apuesta únicamente a la eficiencia del quehacer gubernamental y olvida que el acceso a la información es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar y que la transparencia y la rendición de cuentas son componentes indispensables en nuestro camino hacia la democracia, entre otros factores, porque fortalecen la confianza y legitimidad del propio gobierno. El PND es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país. En éste, el Ejecutivo Federal establece los objetivos, estrategias y prioridades nacionales que regirán la actuación del gobierno federal durante todo el sexenio para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, político y social. Además, el Plan indica cuáles son los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que ejecutarán las diferentes dependencias y entidades. El PND 2013-2018, presentado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo, se organizó a partir de cinco metas nacionales (un México en paz, incluyente, con educación de calidad para todos, próspero, y con mayor responsabilidad global) y de tres ejes transversales (democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género).
Cada una de las metas contiene un diagnóstico de la problemática que pretende atender, y un plan de acción con objetivos, estrategias y líneas de acción definidos, así como indicadores generales. Al comenzar a leer el documento, las primeras preguntas que me vinieron a la mente fueron: ¿qué tratamiento le darán en el Plan a los temas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas?, ¿en cuál de las cinco metas o tres ejes transversales estarán contenidos?, ¿se habrán incluido algunas de las propuestas específicas que hicimos distintos actores de la sociedad civil en las mesas de consulta?, ¿habrán previsto la creación de un programa especial como el del sexenio pasado para transversalizar el enfoque de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción? Al terminar de revisar el documento y para mi sorpresa, me doy cuenta que las respuestas a mis preguntas iniciales sobre el Plan son preocupantes.
El PND 2013-2018, nos trae muy malas noticias con respecto al derecho de acceso a la información de las personas y al avance de las políticas públicas en materia de transparencia y la rendición de cuentas en el país. Estos temas que pensábamos que formaban parte de las prioridades del nuevo gobierno, parece que van perdiendo importancia, ¿por qué? Primero, si la intención del Plan fue incluir a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información como un eje transversal, el objetivo estuvo muy mal logrado. Incluir la frase “Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos personales, fomentando la rendición de cuentas”, dentro del eje transversal Un Gobierno cercano y moderno y luego incluir estos términos de forma dispersa y poco articulada a lo largo del documento, sin su correspondiente plan de acción que permitan monitorear los avances, es un mal logrado enfoque transversal. Segundo, en la Introducción y visión general, el documento subraya que, en el ámbito político, “estamos presenciando una nueva ola democrática a nivel internacional que demanda mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de los gobiernos hacia sus gobernados”. Posteriormente, dentro de la meta “México en Paz”, el Plan reconoce que existen factores que inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, como son “las deficiencias en materia de documentación y archivos y problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su vinculación con los mecanismos de evaluación”. Sin embargo, estos aspectos se quedan en el reconocimiento de la exigencia ciudadana actual por contar con gobiernos transparentes y que rindan cuentas y en la identificación de algunas problemáticas específicas para luego ser olvidados en el propio documento cuando se trata de definir compromisos puntuales y líneas de acción.
Tercero, en términos generales, el documento refleja una visión sumamente técnica del acceso a la información al destacar únicamente su potencial en la mejora del quehacer gubernamental, sin reconocer que es un derecho humano fundamental que potencializa la participación ciudadana y fortalece la exigibilidad y el ejercicio de otros derechos humanos. Por último, el Plan no ayuda a resolver la indefinición en la que nos encontramos con respecto a la agencia gubernamental encargada de implementar las políticas públicas en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. En años anteriores, la Secretaría de la Función Pública ha sido la dependencia encargada de garantizar que las otras dependencias cumplan con sus obligaciones en esta materia, sin embargo, en este sexenio aún no queda claro cuál será la institución responsable. Sin mecanismos y responsables claros, difícilmente se logrará disminuir la diversidad de criterios en el manejo de la información, recursos y mecanismos de control. No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal todavía tiene la posibilidad de rectificar la plana mediante el diseño y la implementación de un programa especial o sectorial para volver realmente transversal a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Sería importante que se tomarán en cuenta los distintos diagnósticos y propuestas realizadas por parte de distintos sectores de la sociedad civil y que se definan estrategias claras, objetivos e indicadores que contribuyan a darle un nuevo impulso a la garantía y ejercicio del derecho a la información de las personas y que impacten en una mejora sustantiva de las políticas públicas en la materia que hoy nos reúne aquí.
Por: Haydeé Pérez
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/27-05-2013/14640. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
