Quizá la institución más sólida de la política mexicana sea el sexenio. Esta unidad que mide el tiempo político condiciona los ciclos administrativos y los quehaceres de los gobiernos en México. Afecta la vida pública nacional y también la vida privada de millones de personas.
En los periodos de mayor continuidad del antiguo régimen de partido hegemónico priísta —periodos caracterizados por la concentración de poderes meta-constitucionales en la presidencia– estos cambios eran quizá más evidentes que en el actual periodo de alternancia partidista: los mandatarios podían hacer y deshacer casi sin oposición.
Desde 2000, los mexicanos hemos experimentado dos cambios de partido en la presidencia nacional ha presentado la posibilidad de que se lleven a cabo transformaciones radicales en las instituciones, leyes y en el ejercicio mismo del poder: desde entonces hasta 2006, por inexperiencia u oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) desperdició la oportunidad de emprender una transformación profunda del sistema político. Aunque se presentaron avances en algunos aspectos –notablemente en libertad de expresión y acceso a la información–, lo cierto es que no se logró una reforma política integral. En el sexenio de la muerte se dio prioridad a otros temas. Se presentaron algunos destellos positivos cuando Fernando Gómez Mont encabezó la Secretaría de Gobernación. Más adelante, mediante el impulso tenaz de la ciudadanía, se introdujeron reformas importantes al final del periodo.
No obstante, las mismas no afectaron el saldo general del sexenio: la estructura política del país casi no sufrió cambios. Sin embargo, lo que sí cambió fue el régimen presupuestario. Hemos transitado, desde 2008, hacia un presupuesto basado en resultados (PbR). ¿Qué significa esto? Que del uso inercial de los recursos públicos, característico de gobiernos anteriores, actualmente ejercemos una gestión más estratégica en la que empezamos a conocer cada vez con mayor detalle, qué impactos tienen los programas y políticas del gobierno en la vida de las personas, qué tan bien están diseñadas esas políticas y programas, cómo funcionan los procesos y qué resultados dan.
La gestión del desempeño se basa en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que sintetiza las matrices de indicadores para resultados, la herramienta que usa el gobierno federal para evaluarse. Este complicado sistema se complejiza porque, al final, quienes lo operan son personas inmiscuidas en prácticas culturales de chile, mole y pozole. El primer problema son las diferencias geográficas: aunque a nivel federal parece haber tregua y pacto entre partidos, en los estados las cosas no necesariamente han avanzado al mismo ritmo: en el diagnóstico de la SHCP sólo tres estados (Baja California, Jalisco y el Estado de México) tienen un avance superior a 80% en la implementación del PbR-SED. Les siguen el Distrito Federal, Chiapas, Puebla y Querétaro. Sin embargo, hay 21 estados que se encuentran por debajo de 60% con respecto a la implementación de este sistema.
El segundo problema identificado tiene que ver con la complejidad de la implementación de las políticas públicas. Aunque el modelo racional de políticas públicas supone que si éstas se diseñan bien, la implementación no tendría porque presentar problemas. Lo cierto es que las personas, para nuestra fortuna, no somos máquinas. Por más que se especifique en manuales cuáles son los insumos, objetivos y procesos que se deben seguir para llegar de A a B e impactar en C, lo cierto es que esa línea raramente es recta. Más bien zigzaguea y, en el mejor de los casos, libra los obstáculos y logra su cometido. El tercer problema es que para potenciar los resultados de una organización, en este caso de una dependencia u oficina del gobierno, se requiere de un trabajo coordinado y disciplinado entre personas con muy distintos orígenes y visiones. Aquí se complica la ecuación y se presentan múltiples incógnitas.
¿Cuál es la mejor manera de establecer las metas?, ¿individual o colectivamente? ¿Quién establece las metas?, ¿el servidor público, su jefe o Hacienda? ¿Los salarios tienen que depender de la consecución de los objetivos? ¿Qué pasa cuándo las condiciones cambian? Cuarto: la ecuación se simplifica tramposa y sesgadamente. Si la persona evaluada empieza a actuar a partir de lo que le están evaluando y lo que le están evaluando no logra los impactos esperados, esa persona se meterá en un problema y por tanto buscará que la evaluación se sujete, en la medida de lo posible, a su trabajo tal como está actualmente. Lo anterior crea incentivos perversos: las metas no se plantean en términos de los resultados e impactos, sino de las actividades que se tienen que hacer y que se sabe podrán ser alcanzadas. Por último, para evaluar impactos se necesita introducir variables que midan si se está logrando avanzar en la calidad de vida de las personas. Una forma de medirlo es saber si hay avances en el goce de los derechos humanos. Esto es, si las personas tienen mayor acceso económico y físico a servicios de mejor calidad de manera oportuna; o si por el contrario, los Estados dejan de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos o intervienen sin la aceptación de las personas y con acciones incompletas o contrarias a la dignidad. El ciclo sexenal que está comenzando es una oportunidad para buscar emergencias en los sistemas complejos. Esta coyuntura, además, representa la primera vez que se probará el presupuesto basado en resultados desde el principio del ciclo. Las acciones de gobierno tendrán que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo y éste tendrá indicadores independientes para su evaluación.
La gestión por resultados puede convertirse en el vehículo que transforme profundamente a la burocracia mexicana para volverla más eficiente. Sin embargo, al final el sistema podría funcionar como la verificación vehicular: señalar que el motor no tiene fallas, pero sin garantizar que el piloto sepa manejar o que conozca el mejor rumbo. Las verdaderas preguntas están en la definición de prioridades: ¿cómo garantizamos los derechos humanos de las personas? ¿Cómo nos aseguramos que tengamos una sociedad más justa y equitativa? ¿Cómo nos hacemos una nación más digna?
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