La insuficiencia de recursos públicos para ampliar el acceso a la salud no es una problemática nueva en México, pero resurgió con la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En este difícil contexto, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) inició su funcionamiento. Uno de los principales cuestionamientos hacia el nuevo Instituto se concentra en la viabilidad presupuestal de sus promesas de universalidad y gratuidad, pues históricamente el Estado mexicano nunca ha alcanzado el gasto del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por organismos internacionales, mientras que más de la mitad de la población no es derechohabiente a seguridad social y, por lo tanto, carece de acceso a servicios de salud.
Bajo este contexto, el objetivo del presente documento consiste en profundizar sobre la situación
presupuestaria de nuestro sistema de salud pública, con una atención especial en el gasto destinado a la población sin seguridad social, y ahondar en la asignación de los recursos para los distintos subsistemas de salud en el país. Con ello se pretende hacer una evaluación inicial sobre los alcances del gasto público para determinar si su asignación está contribuyendo a la disminución de brechas en el acceso al derecho a la salud y, eventualmente, a garantizar su universalidad.
El documento se divide en cuatro apartados. El primero describe el panorama del gasto en salud en México desde una perspectiva comparada a nivel internacional, así como la situación del país en cuanto a la disponibilidad de recursos para la atención médica. Se muestra que el Estado mexicano incumple con las recomendaciones internacionales de gasto para el sector, lo que se traduce en una cobertura insuficiente para la población, además de menor disponibilidad de insumos y personal médico.
