El próximo 12 de diciembre se cumplirán tres años de la aprobación de la Reforma Energética, la cual supuso profundos cambios en el modo en que la industria de los hidrocarburos venía operando en México desde los años de la nacionalización de la industria petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex). A partir de 2013, empresas privadas nacionales y extranjeras pueden participar en la exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos otorgados por el Estado.
En este contexto, el documento “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas” que ponemos a disposición del público permite conocer a mayor profundidad los principales cambios de la Reforma. La mayoría de ellos enfocados a dar un mayor auge a la actividad petrolera y a la generación de facilidades legales para la operación de las empresas. Las problemáticas más destacables abordadas por la investigación son:
- La flexibilidad del nuevo régimen fiscal de los contratos que pasa ser definido discrecionalmente en cada proceso de contratación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no por una ley general como sucedía anteriormente. Este cambio puede afectar los ingresos públicos del país, ya que los aportes que hacía Pemex han sido por muchos años la principal fuente de ingresos del Estado mexicano.
- Un débil régimen de transparencia, acceso a la información, responsabilidades y rendición de cuentas del nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo -fideicomiso que tiene a cargo la gestión de todos los ingresos generados por la explotación de los hidrocarburos- que supone riesgos para la adecuada gestión de la principal fuente de recursos del presupuesto público.
- Petróleos Mexicanos, al convertirse en empresa productiva del Estado, cuenta ahora con una serie de regímenes especiales que la excluyen de las disposiciones legales aplicables a la Administración Pública Federal y dejan buena parte de las decisiones y las acciones de control, auditoría y responsabilidades en el nivel interno. Esto significa la creación de un terreno propicio para los conflictos de interés y una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones, que puede ir en perjuicio del interés público.
- Las leyes establecen una serie de mecanismos para asegurar que los proyectos puedan operar, incluso por encima de consideraciones sociales, ambientales y climáticas. De esta manera, se debilitan los mecanismos que tienen las comunidades indígenas y campesinas y la sociedad en su conjunto para exigir sus derechos ante proyectos que pueden ponen en riesgo los territorios, las poblaciones y el ambiente. Situación que se agrava ante los planes del gobierno de impulsar la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la fracturación hidráulica, técnica altamente dañina que pone en peligro la vida humana, los ecosistemas y el clima
Estas y otras implicaciones de la Reforma expuestas en este análisis ponen de manifiesto los retos que México enfrenta a raíz de la misma, parte de los cuales ya se están manifestando en sus primeras fases de implementación. Es por esto que es importante seguir generando información y reflexión en torno a los cambios legales introducidos por la Reforma que sirvan como base para encontrar caminos y estrategias conjuntas para evitar y reducir los impactos negativos que ésta supondrá y proteger, así, los derechos humanos y los territorios. Este documento representa un esfuerzo en este sentido e invitamos a que sea revisado y complementado con otros análisis de la legislación, pero también de las maneras en que la Reforma está operando y sus consecuencias para la población mexicana.
