En los últimos años se ha llegado a un consenso en torno a que la infraestructura constituye uno de los principales pilares para el desarrollo y el crecimiento económico global. Actualmente, se estima que el gasto total en infraestructura representa US$ 2-3 billones de dólares (bdd) al año y que para cubrir necesidades de infraestructura se necesitarán unos US$ 4 bdd adicionales anuales hasta el 2030. El modelo que se promueve para lograr estos números consiste en cambios en los marcos regulatorios y las legislaciones para atraer y proteger los intereses de los inversionistas en el sector de infraestructura; identificación de megaproyectos; y el uso de dinero público como impuestos y fondos de pensión para minimizar el riesgo de los inversores institucionales, entre otros. Este artículo analiza a nivel macro las tendencias globales en el financiamiento para infraestructura. A nivel meso, los cambios en las políticas públicas, leyes y programas nacionales de México y su correspondencia con el modelo de inversión en infraestructura y el uso de los fondos de pensión en proyectos de alto riesgo; y, a nivel micro, cómo este modelo se refleja en el caso concreto de conversión a hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca y las vulneraciones a los derechos de las comunidades dueñas del territorio.
