Un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir que es transparente-, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana – y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación.
Desde hace algunos años, conceptos como gobierno abierto, parlamento abierto o justicia abierta, se impulsan desde los ámbitos gubernamental, académico, empresarial y de la sociedad civil organizada con el fin de que los asuntos públicos se gestionen “para mejorar los procesos de decisión pública, rendición de cuentas y la provisión de los servicios públicos”.
Para conocer y entender las condiciones necesarias con las que se debe implementar esta apertura, es necesario evaluar a las instituciones públicas, congresos en este caso, bajo 10 criterios: Derecho a la Información; Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Información Parlamentaria; Información Presupuestal y Administrativa; Información sobre Legisladores y Servidores Públicos; Información Histórica; Datos Abiertos y Software Libre; Accesibilidad y Difusión; Conflictos de Interés y Legislan a favor de Gobierno Abierto.
