Los Principios y Directrices tienen como meta general fortalecer el marco de Derechos Humanos como paradigma para la formulación de las Políticas Fiscales. Sus dos objetivos específicos son generar un marco para:
(1) la elaboración de una PF respetuosa de los DH que los gobiernos que deseen puedan usar de guía en sus políticas públicas;
(2) facilitar la rendición de cuentas de los actores estatales, e incluso de otros actores como empresas.
El documento de principios y directrices cuenta con una introducción, que explica las circunstancias de su adopción, y un preámbulo, donde se presentan las razones que motivan el documento.
Está organizado en base a quince principios (desarrollados en sub-principios), seguidos de sus respectivas directrices.
Los principios describen las obligaciones de los Estados en relación con las políticas fiscales o criterios de fundamentación contenidos en las normas de derechos humanos. Son pautas más generales y prescriptivas.
Las directrices, en cambio, son guías más concretas de política y mandatos de acción sobre cómo los gobiernos pueden llevar a la práctica los principios. No necesariamente se desprenden de manera literal de las normas de derechos humanos, por eso se formulan como medidas que los Estados “deberían” aplicar.
