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Recursos para el control y la disminución de la corrupción. Análisis del Anexo Transversal Anticorrupción

 La corrupción es un problema público multifactorial que tiene numerosos efectos nocivos, uno de los más adversos es que reduce la capacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos de la población. Pese a la gravedad de este problema, y de que en el discurso oficial se ha tomado como un tema prioritario, México sigue presentado importantes retos para combatir la corrupción como desvíos de recursos a través de complejos esquemas de corrupción, como la Estafa Maestra, Odebrecht y Segalmex. 

Aun cuando el combate a la corrupción se planteó en los principales ejes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador éste no ha sido una prioridad en el presupuesto. La tendencia presupuestaria de las principales instituciones anticorrupción ha ido a la baja, demostrando que no existe un compromiso real para fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción. Aunado a ello, el Ejecutivo ha rechazado públicamente la utilidad del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) y ha delegado gran parte de sus acciones anticorrupción a instituciones que no forman parte de este.

En Recursos para el control y la disminución de la corrupción analizamos el presupuesto de las instituciones anticorrupción con énfasis en del Anexo Transversal Anticorrupción (ata), a fin de identificar la correlación entre los recursos que ejercen las instituciones y sus funciones para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, así como la evolución de los recursos destinados.

En nuestro análisis identificamos que, aunque se han presentado algunos aumentos a lo largo del periodo, las instituciones no han logrado alcanzar los recursos con los que iniciaron el sexenio, salvo la Secretaría de la Función Pública que tuvo un aumento de 36 millones de 2018 a 2024, que representa un 2.21% y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (fecc) que pasó de ser una unidad administrativa a una fiscalía y por ello aumentaron sus facultades y su presupuesto. Sin embargo, es la instancia que menos recursos recibe en proporción con sus pares.
Las instancias más debilitadas han sido la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con una reducción de 40% de sus recursos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con una disminución de 25%. Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (tfja) presentó una reducción de 18% y el Consejo de la Judicatura Federal (cfj) de 17% si se comparan los recursos de 2018 con lo destinado en 2024. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (asf) presenta una reducción de 5.77% de sus recursos.
Respecto al Anexo Transversal Anticorrupción esta es la principal herramienta de trazabilidad del gasto anticorrupción, creado en 2018 con el objetivo de dar cuenta quienes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados a la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción. Su metodología es amplia y concisa, lo que permite claridad en la trazabilidad del gasto y a diferencia de otros anexos del presupuesto, el ATA está vinculado a una política pública nacional, por lo que, de fortalecerse, podría ser replicada para el seguimiento de recursos en otras agendas.

En 2023 y 2024, el Anexo Transversal Anticorrupción tuvo un aumento progresivo; se incrementaron sus recursos en 77% y 27% respectivamente y en 2023 se logró establecer legalmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asegurando así su permanencia año tras año en el presupuesto federal. Además, han aumentado el número de instancias que han integrado su presupuesto; en 2021 se componía por 10 unidades responsables y en 2024 cuenta con 30. De igual manera, la publicación del Plan de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción ha permitido definir acciones específicas de las instancias para ejercer la lucha contra este fenómeno.  

Analizamos el presupuesto del ATA y su integración, a fin de identificar si hay una alineación de los recursos públicos con los cuatro ejes de acción, diez objetivos y 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, las cuales están encaminadas a prevenir, detectar y sancionar eficazmente la corrupción en todos los niveles de gobierno y buscan revertir los altos niveles de impunidad, los amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, el abuso del poder, y las debilidades en la gestión pública.  

Integración del ATA

El 32% del total del ATA lo componen los recursos que destina la ASF, le sigue el CJF con 18% la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 16%, la SFP con 15% y la Secretaría de Educación Pública con 12%, el resto de las unidades administrativas aportan el 7% restante. Únicamente tres de las seis entidades anticorrupción etiqueta el 100% de sus recursos al ATA: la ASF, la FECC y la Sesna. Por el contrario, instancias que realizan funciones relevantes en materia de combate y control de la corrupción destinan menos del 10% de su presupuesto a esta herramienta presupuestaria, el INAI etiqueta 6.57% de sus recursos, el TFJA 3.70% y el CJF 2.33%.

Radiografía de los ejes y prioridades

Respecto a los ejes prioritarios del ATA el eje 1, “Combatir la corrupción y la impunidad”, concentró en 2021 y 2022 el 75% de los recursos del ATA. En 2023 concentró el 29% y en 2024, 25%. El eje 2, “Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder”, concentró en 2021 y 2022 sólo 21% de los recursos del ATA; sin embargo, en 2023 se aprobó un aumento significativo y concentró 66% de los recursos del ATA y, en 2024, tendrá 53% de los recursos.

Respecto a las acciones clave para el combate a la corrupción, las prioridades 5 y 6 del PNA están dirigidas a la detección de la corrupción a través de mecanismos de denuncia y alerta. En 2024 se destinaron 22 y 7.3 millones de pesos, es decir, tan solo 1.7% (prioridad 5) y 0.56% (prioridad 6) del total que la SFP destina al ATA. 

No obstante, para la investigación de actos indebidos en la administración pública federal, la cual es una acción clave para identificar actos de corrupción, no existe una prioridad específica.

Retos

La lucha contra la corrupción está definida a través de etapas y acciones sustantivas como la prevención, detección, investigación, sustanciación, y sanción. Si uno de los propósitos iniciales del ATA fue identificar cuáles son los recursos que se destinan a cada una de las etapas, sigue siendo un pendiente que se dé cuenta de cuántos recursos se destinan a la investigación de faltas administrativas que pudieran resultar actos de corrupción.
A través del análisis identificamos que no se cumple a cabalidad el objetivo del Anexo, por ello, sería imprescindible que se publicara información que permita conocer si las instancias, ejes y prioridades requieren más recursos o por el contrario tuvieran que hacerse ajustes.
De igual manera, es importante que las instituciones se apropien de este instrumento y lo utilicen de manera proactiva para identificar vacíos y oportunidades en los procesos y la gestión de estos, de forma que se destinen recursos para combatir efectivamente la corrupción.
Finalmente, aunque el presupuesto de las instituciones fortalezca las capacidades institucionales para ejercer su labor, se requieren resultados tangibles de las instancias encargadas de resolver la corrupción.
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