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Publicidad Oficial: la censura continúa

  • En México, el uso político y la asignación discrecional de la pauta publicitaria vician la relación entre medios y gobierno; y más a nivel local.
  • En la víspera de las elecciones del 2012, este período de sesiones del Congreso de la Unión es crucial para debatir y legislar en la materia.
  • Expertos internacionales, legisladores, medios y sociedad civil se reúnen para buscar propuestas innovadoras que puedan ser instrumentadas en nuestro país.

 

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El miércoles 6 de octubre tiene lugar el Foro “Publicidad Oficial en América Latina: de la censura a la información” organizado por ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Por primera vez, expertos de Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay se reúnen para compartir sus experiencias en el tema con legisladores, funcionarios y periodistas mexicanos. Las prácticas y estándares regionales en la materia servirán como base para reflexionar e identificar buenas prácticas y propuestas innovadoras que puedan ser instrumentadas por el Estado mexicano.

La investigación que ARTICLE 19 y Fundar han realizado a lo largo de este año sobre la situación de la asignación de la publicidad oficial en México subraya que, a pesar de la reforma constitucional del 2007, permanece un importante vacío normativo en la materia. Esta laguna jurídica da lugar al uso propagandístico de la publicidad oficial y a prácticas discrecionales y arbitrarias en la distribución de ésta. Por ejemplo, el gobierno de Guanajuato retiró desde junio de 2007 la publicidad al periódico regional A.M. a causa de su línea editorial. Más recientemente, en 2009, el gobierno federal retiró la publicidad oficial a todas las revistas.

A pesar de la presentación de siete iniciativas para regular la publicidad oficial desde 2000, de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de mecanismos internacionales como las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la OEA y ONU en el mismo sentido, ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han establecido criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la asignación de la publicidad oficial.

En vísperas de las elecciones de 2012, cuando el cuarto Informe presidencial ha parecido más una señal de precampaña que un ejercicio de rendición de cuentas, el presupuesto asignado a Comunicación Social y Publicidad sigue en aumento y, con ello, la capacidad de las instancias de gobierno para incidir sobre la líneas editoriales de los medios de comunicación. Este periodo de sesiones del Congreso de la Unión resulta crucial para debatir sobre la necesidad de regular la publicidad oficial en México y reflexionar sobre la manera de instrumentar cambios a la luz de las experiencias internacionales.

ARTICLE 19 y Fundar exhortan a los poderes Ejecutivo y Legislativo a promover y adoptar una ley general que regule la asignación y el contenido de la publicidad oficial. Así, la pauta gubernamental podrá constituir una herramienta al servicio del derecho de acceso a la información y, en consecuencia, un recurso para el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales. Sólo así, a través de un marco legal efectivo, la publicidad oficial fomentará un debate plural y la rendición de cuentas en el marco de una sociedad democrática.

Para mayor información favor de dirigirse con:

Carla Aguirre

Artícle 19

1054-6500 ext. 101

[email protected]


Justine Dupuy

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

5554-3001 ext. 138

[email protected]