¿Quién podría oponerse a la reforma que busca ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el contexto de discriminación e injusticia padecido históricamente por estas poblaciones?
Edmundo del Pozo
Coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo
Del paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente el pasado 5 de febrero, una de las que parece generar mayor consenso es la referente a derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. A diferencia de otros temas como el poder judicial, organismos autónomos y guardia nacional, donde las posturas entre las fuerzas políticas del partido gobernante y la oposición son totalmente antagónicas y donde sectores de la sociedad civil y la academia han alertado de los retrocesos que implicaría su aprobación.
En el caso de la reforma en materia indígena resultaría hasta políticamente incorrecto oponerse, ya que mediante esta se busca ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades ¿Quién podría oponerse a esta causa en el contexto de discriminación e injusticia padecido históricamente por estas poblaciones?
Entre los contenidos más avanzados de la reforma está reconocer a los pueblos como “sujeto derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo cual en términos prácticos replantea toda la forma en que el Estado mexicano se relaciona con los pueblos. Hasta ahora ha prevalecido una relación de subordinación donde se impone un tutelaje estatal a los pueblos y las comunidades que son consideradas “entidades de interés público”.
Esto provoca que el derecho a la libre determinación y a la autonomía si bien -se ejerce en los hechos por los pueblos, aun en medio de situaciones graves de violencia y discriminación- se trata de un derecho mutilado porque las decisiones comunitarias y de sus asambleas no se respetan por parte del Estado ni de terceros, y de igual manera no cuentan con recursos presupuestarios propios para ejercer de forma efectiva este derecho. De ahí que poder caminar en el reconocimiento de los pueblos como sujeto de derecho público brindaría una fortaleza sin precedente para un verdadero autogobierno indígena.
Se trata de una demanda histórica de gran legitimidad y fuerza social que defiende la reforma por sí misma y es su mejor arma para lograr los consensos necesarios para materializar unala reforma constitucional. Sumado a lo anterior, debe recordarse que la propuesta presentada por el Ejecutivo vino precedida de un amplio proceso de participación y consulta con pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2021; elemento que robustece aún más la legitimidad de la reforma, por lo que no implica que deba someterse a una nueva consulta por parte del poder legislativo. Entonces, hay suficientes razones de peso para lograr la mayoría calificada necesaria, aunque tampoco será un paseo de verano por el alto nivel de polarización entre las fuerzas.
Otro factor que juega en el proceso de negociación de la reforma es el tiempo. Apenas se están desarrollando los foros de parlamento abierto promovidos por la Cámara de Diputados sobre todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Esta etapa debe concluir hacia mediados de abril, quedando apenas unos 15 días para que culmine el periodo ordinario de sesiones. Tan solo en este lapso la reforma en materia indígena deberá someterse al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien además tiene la compleja encomienda de dictaminar las otras 19 iniciativas que comprenden el paquete del Ejecutivo. En caso de lograrse el dictamen y la aprobación por el pleno de Diputados, deberá transitar luego un procedimiento similar en la Cámara de Senadores. Por todo lo cual se ve cuesta arriba lograr su aprobación final dentro de este periodo.
Otra opción sería la de abrir un periodo extraordinario, lo cual sería ideal para extender la vida de la iniciativa, pero no será sencillo alcanzar los consensos dentro la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para un nuevo periodo estando en medio de la contienda electoral, donde las y los congresistas deberán también hacer sus propias campañas para el legislativo. Un último escenario que mantendría vigente la iniciativa es lograr al menos su presentación pública ante el pleno de Cámara de Diputados, ello aseguraría que la siguiente legislatura pueda continuar con su discusión y eventual aprobación, pero habrá que ver cómo terminará quedando la configuración del nuevo Congreso.
