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SCJN decidió que declaraciones patrimoniales sigan en la opacidad

Cinco ministros se pronunciaron por la apertura de la información.
Se privilegió la protección de los datos personales de los servidores públicos sobre el acceso a la información pública.
No se aprovecha la oportunidad de avanzar en transparencia en el país.

México, D.F. a 21 de junio de 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este jueves que las declaraciones patrimoniales se mantendrán reservadas. El caso surgió a raíz de una solicitud de acceso a la información que realizó Fundar en 2011 a la Auditoría Superior de la Federación para acceder a las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de los 500 diputados federales.

El debate en el Pleno de la SCJN fue amplio, y las distintas posturas entre nuestros  jueces constitucionales reflejaron la complejidad del tema. A pesar de que cinco ministros se pronunciaron por la apertura de la información, en términos generales, se privilegió la protección de los datos personales de los servidores públicos sobre el acceso a la información pública. Lo anterior significa que los ciudadanos y ciudadanas no podremos acceder a las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de nuestros representantes.

Ante esta gran oportunidad de avanzar en transparencia en el país, la SCJN optó por permitir la prevalencia de la opacidad; no hay un avance en relación a la concepción del servicio público y la importancia de la vigilancia ciudadana a la que debe estar sujeta. Se pierde, sin duda, una oportunidad para ampliar la fiscalización social. El control de la función pública no se ejerce únicamente mediante los órganos gubernamentales creados expresamente para ello. Los y las ciudadanas estamos legitimados para impulsar la contraloría social de nuestras autoridades.

Sabemos que los funcionarios del Estado tienen derecho como cualquier ciudadano a la protección de sus datos personales. No obstante, es urgente reconocer el carácter público de un funcionario del Estado para así favorecer la amplitud en el acceso a la información, sin perjuicio de la seguridad ni la privacidad de las personas, para contribuir al combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

En Fundar creemos que hay razones legítimas para que el control ciudadano complemente la vigilancia y la fiscalización institucionales. Por ello, consideramos que con la resolución de la Corte perdimos una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y los servidores públicos.

Con la resolución de la SCJN no se acaba el tema; al contrario, nos debe motivar a seguir buscando formas de dar el debate, de subrayar la importancia de cambiar las consideraciones sobre lo público. Se perdió la oportunidad, pero no nuestra convicción de que se puede avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas.

*Para apoyar la propuesta de Fundar sobre este tema, visitar la siguiente página web: http://www.change.org/es/peticiones/diputados-senadores-presidente-peña-nieto-y-su-gabinete-hagan-públicas-sus-declaraciones-patrimoniales-2

*Para más información sobre el tema favor de contactar a Gabriela Aguirre y/o Guillermo Ávila en las siguientes direcciones de correo electrónico:

[email protected], [email protected] y/o al teléfono (55) 5554-3001.