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Transparencia en el sector de infraestructura: un cliché

En las últimas semanas hemos escuchado sobre la escandalosa relación entre Grupo Higa y el presidente Enrique Peña Nieto con relación a la revocación de la concesión para el tren México – Querétaro de alta velocidad, al consorcio del cual dicho Grupo formaba parte y de la concesión para construir el acueducto Monterrey VI, obra por la que el gobierno pagará 47 mil millones de pesos durante los próximos 27 años. Esto acompañado de la ventilación sobre la “casa blanca” de la primera dama y el presidente, cuya propiedad está a nombre de una inmobiliaria del Grupo, la cual también estuvo a cargo de la construcción de la ostentosa casa.

Lo anterior evidencia la estrecha relación del Presidente con el empresario propietario del Grupo Higa y lo preocupante sobre el conflicto de interés que permea las concesiones en obras de infraestructura, la discrecionalidad en la asignación de los contratos y la opacidad en cuanto a los criterios para evaluar la pertinencia de los proyectos concesionados. En este sentido, es ya un cliché hablar sobre la importancia de la transparencia para prevenir la corrupción en un sector complejo, como el de infraestructura, a través del cual se mueven enormes sumas de dinero público, con alcances de largo plazo y que es particularmente susceptible al fraude, al favoritismo y a cuotas y monopolios.

Sin embargo, la actual coyuntura del país nos lleva a reiterar lo apremiante de tener mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas respecto a las obras públicas. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto en el centro de la política pública al sector de infraestructura, arguyendo que éste es uno de los principales factores detonantes del crecimiento económico en nuestro país. Así expidió el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, el cual establece que “la inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México porque representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad”. El programa contempla un monto total de inversión de 7.7 billones de pesos, a través de 743 proyectos.

Aunado a esto, en su mensaje de la semana pasada por la grave crisis que actualmente vive el país y que se muestra a partir de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero y la matanza en Tlatlaya, Estado de México, el Presidente afirmó que una de las principales acciones para revertir la desigualdad en México, reside en las inversiones que el gobierno tendrá en proyectos de infraestructura como: autopistas, gasoductos, complejos industriales, entre otros. A pesar de que la novena medida que Peña Nieto propone es sobre anticorrupción y transparencia y en la cual también mencionó su iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios, no queda claro cómo esto se traducirá en poder acceder a información completa, oportuna y de manera accesible sobre los grandes proyectos de infraestructura que el gobierno promueve. Compranet representa un pequeño avance, pero la realidad nos muestra que no es suficiente.

En un país como México que ocupa el lugar 103 de 175 países en percepción de la corrupción, y cuya calificación es 35, siendo 0 muy corrupto y 100 muy “limpio”; en el que desigualdad: 10% de las población con mayores ingresos recibe aproximadamente el 39.3% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% de las población con menores ingresos obtiene solamente el 1.4% de los ingresos totales; y en el que el gobierno favorece inversiones del sector privado por sobre los derechos, resulta indispensable transparentar el sector de infraestructura.

 

Mariana González

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle21179.html