El Secreto Bancario Fiduciario es una disposición milenaria que busca proteger nuestro patrimonio y nuestra vida privada ante cualquier persona que tenga el ánimo de saber cuánto y cómo manejamos nuestros recursos en instituciones financieras. Pese a ser una figura que protege a los gobernados, los gobernantes con absoluto cinismo han negado información relacionada con fideicomisos públicos bajo ese mismo argumento, lo más lamentable ha sido el respaldo que recibían de los órganos garantes de la transparencia y el acceso de la información.
En 2014 se reformó la Constitución a efecto de señalar a los fideicomisos públicos como sujetos obligados a la transparencia pública gubernamental y apenas en abril de 2015 se expidió la Ley General de Acceso a la Información, ambas disposiciones sirvieron de base para la más reciente resolución del ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en el que el criterio cambió para obligar a la banca del Estado a dar información relacionada con un fideicomiso público.
Así el 8 mayo de este año el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por instrucción del INAI deberá dar a conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos suscritos y facturas pagadas con motivo del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.
Banobras, ante la solicitud de información se apegó al gastado argumento con el que por años había negado sistemáticamente información a todas luces pública, que “aun y cuando opera con recursos públicos, debido a su naturaleza jurídica, sus facultades y su carácter de banca de desarrollo, se encuentra obligado a observar el secreto fiduciario, previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.” Agregó como amenaza a su burocracia interna que dar acceso a lo solicitado podría generar responsabilidades administrativas, o incluso penales.
No obstante el recién conformado INAI, estrenó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información expedida apenas el pasado 4 de mayo y reviró la tendencia de a la opacidad en este tipo de instrumentos jurídicos con una resolución que especifica que en el contrato todos los que intervienen son entes públicos: el fideicomitente es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), una institución pública, que eroga dinero público, que depositó dinero público en BANOBRAS, que también es una institución pública, y los proveedores que, en su gran mayoría son personas morales, también habrán vendido y, por tanto, cobrado dinero público. Por ello, no pueden ser, ni las facturas ni los contratos, susceptibles de negativa de la información por secreto fiduciario.
Esta resolución es un gran paso para la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, para explicarlo es indispensable dimensionar el problema: en la Cuenta Pública de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta la existencia de 352 actos jurídicos (fideicomisos, mandatos y contratos análogos) los cuales en conjunto representan un monto de 452,699.7 millones de pesos.
Estos datos no incluyen los fondos de aportaciones en los estados de la República los cuales se administran a través de fideicomisos o contratos análogos, las aportaciones de acuerdo al Presupuesto de Egresos de 2015 suman un monto general de más de 591 mil millones de pesos recursos que terminan operándose mediante instrumentos financieros.
Adicionalmente debemos considerar el monto de los 19 fideicomisos entidad paraestatal que se mencionan en la relación de entidades paraestatales que año con año publica la Secretaría de Hacienda, patrimonio que se conforma con el presupuesto anual asignado y los recursos fideicomitidos, omito señalar la suma pues podemos conocer su presupuesto anual, más no el patrimonio integral de los mismos.
Tampoco incluyen los montos de fideicomisos de garantía constituidos por los estados de la República en bancos privados a afecto de garantizar el pago de la deuda pública con cargo a las participaciones federales, de acuerdo a los datos que publica la Secretaría de Hacienda en la Página de Transparencia Presupuestaria, la cantidad de deuda garantizada con participaciones federales es de 426 mil millones de pesos.
Finalmente a estos montos habrá que sumarle los 785 mil millones correspondientes al 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) porcentaje que de acuerdo a la Ley de Estabilización de Ingresos Petroleros es el que se requerirá para operar el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.
La suma de todos los recursos públicos que pueden estar comprometidos en fondos, fideicomisos y operaciones de banca y crédito, corresponde a más del 50% del presupuesto público del presente año. Aún queda mucho por hacer, lo más importante sería eliminar las trabas para transparentar todos los recursos públicos y su manejo en instituciones financieras privadas. Sin embargo, con la reforma constitucional de 2014, la ley general de transparencia y la conformación del INAI en el presente año podemos decir que se está consolidando un gran avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, no solo en México ya que la opacidad de recursos públicos comprometidos en fideicomisos y otras operaciones y servicios financieros es un problema mundial.
Por Oscar Arredondo
