- Las principales violaciones documentadas: detención arbitraria, extorsión y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- Urge que el gobierno entrante de Guerrero se comprometa con un modelo de seguridad ciudadana para el respeto de los derechos fundamentales.
- Monitor Civil prepara un diagnóstico sobre la situación de la policía en la Montaña de Guerrero para una reforma democrática de la policía.
El Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero (Monitor) fue creado por tres instituciones de la sociedad civil a finales de noviembre del 2007: FUNDAR-Centro de Análisis e investigación AC, INSYDE-Instituto para la Seguridad y la Democracia y Tlachinollan-Centro de Derechos Humanos de la Montaña, bajo la expectativa de constituir un mecanismo de supervisión civil, externo e independiente de las distintas corporaciones policiales que operan en la Montaña de Guerrero.
Hoy, a tres años de instalado Monitor Civil, podemos afirmar que se ha constituido como una instancia legítima frente a la ciudadanía y las mismas corporaciones policiales. Muestra de ello es que ha podido documentar 384 casos relacionados con denuncias ciudadanas sobre abuso policial de las cuales el 10% son quejas que los mismos policías, individual o colectivamente, interponen contra sus propias corporaciones.
La región de la Montaña, padece la inercia federal de imposición de un modelo de seguridad nacional que prioriza la toma de decisiones desde la federación con una raquítica participación de los municipios. Esta situación se agudiza en regiones marginadas, como lo es la Montaña de Guerrero. El progresivo establecimiento de un modelo de seguridad nacional en contraposición de un modelo de seguridad ciudadana ha fomentado el uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, investigación y persecución de los delitos a costa del fortalecimiento y democratización de las instituciones civiles y, particularmente, de las municipales en la región de la Montaña.
Un modelo efectivo de seguridad ciudadana tiene que basarse en una nueva relación entre la ciudadanía y la policía para prevenir delitos que afectan a la convivencia social en las esferas públicas. Esto es posible, sobre todo, a través de la implementación de esquemas de policía de proximidad y de policía comunitaria. Estos esquemas permiten una mayor cercanía, comunicación y confianza entre la población local y los encargados de seguridad pública.
Hoy en día a pesar de que en la Montaña de Guerrero son las policías municipales las que menos violaciones cometen en comparación con policías estatales como la ministerial, las condiciones de las corporaciones municipales (ausencia de recursos, equipamiento, capacitación) hacen ineficiente su labor, a pesar de ser las corporaciones que culturalmente se encuentran más identificadas con las comunidades indígenas, conocen a fondo el contexto social, económico y político en el que se desarrolla su trabajo y constituyen el vínculo más próximo con las necesidades de la población.
El Monitor ha documentado 384 casos de abuso policial de los cuales destaca que es la policía investigadora ministerial la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la ciudadanía en la Montaña de Guerrero (179 casos registrados). Desde la experiencia del Monitor Civil, las condiciones institucionales de esta corporación son las que propician los abusos policiales, pues la ausencia de mecanismos internos y externos de control y rendición de cuentas permite a los elementos ministeriales infringir los derechos humanos y la legalidad sin que sus actos tengan consecuencias sancionatorias.
Las violaciones más recurrentes perpetradas por las corporaciones policiales son la detención arbitraria (122 casos), la extorsión (87 casos) y los tratos crueles inhumanos y degradantes (59 casos), destacando otro tipo de violaciones en menor cantidad como la tortura (6 casos), la ejecución extrajudicial (3 casos), ataques a la inviolabilidad del domicilio (22 casos), imposición de multas excesivas (31 casos), entre otras.
Resalta para Monitor Civil que la detención arbitraria se ha constituido como el eslabón primario de una cadena consecuente de otras múltiples violaciones. Generalmente la detención arbitraria va seguida de actos de extorsión y/o uso excesivo de la fuerza. Estas violaciones se materializan en actos crueles, inhumanos o degradantes ó incluso en otro tipo de brutalidad policial como lo ejemplifican los casos del indígena nahua Salvador Pablo Cervantes y del joven me’phaa Silverio Oropeza Vicario.
Salvador Pablo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia extirpándole parte del intestino delgado como consecuencia de los golpes propinados el 6 de junio de 2009. Hoy versa orden de captura en contra de los tres elementos agresores de la Policía Preventiva Municipal de Tlapa. Silverio Oropeza fue herido por arma de fuego en la cabecera municipal de Iliatenco el 26 de marzo de 2009, ocasionándole fractura expuesta de fémur derecho, de acuerdo con la recomendación 60/2010 emitida por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado de Guerrero, el ayuntamiento de Iliatenco debe indemnizar al joven agraviado y sancionar a los policías infractores.
A tres años de vigencia del proyecto Monitor Civil como mecanismo de supervisión civil de la policía y en el contexto de elecciones para gobernador en el estado, consideramos que urge que el gobierno entrante de Guerrero se comprometa con un modelo de seguridad ciudadana para el respeto de los derechos fundamentales, que ponga como centro del quehacer policial al ciudadano y no la protección de las instituciones pública y ,sobre todo, que fortalezca las corporaciones de policía municipales que son las que se encuentran más cercanas de las necesidades de las personas.
Monitor Civil prepara un informe sobre la situación de la policía en la Montaña de Guerrero a través del cual se pretende establecer pautas para una reforma democrática de la policía. Este informe podría ser una plataforma de análisis y discusión para que el gobierno que resulte electo en Guerrero instrumente políticas que prioricen el modelo ciudadano de seguridad.
*Para más información contactar a Matilde Pérez, coordinadora del Monitor, en este correo electrónico: [email protected]
