Desde finales de 2014, se habla de los impactos negativos que tiene el Programa Frontera Sur y su ejecución por el Instituto Nacional de Migración (INM) en las personas migrantes y refugiadas. En la práctica, este programa se convirtió en una intensificación y aceleración de los procesos de detención y deportación de las personas migrantes indocumentadas a sus países de origen. A pesar de que los impactos negativos ya fueron documentados en varios informes como “Un camino incierto” de nueve organizaciones de la sociedad civil, esta política continúa, mientras las necesidades de las personas en desplazamiento siguen sin ser atendidas y sus derechos violentados.
Algo de particular preocupación es que la situación de violencia e inseguridad en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se sigue recrudeciendo; cada vez más se desplazan de manera forzada las personas y se convierten en candidatos para la condición de refugiado.
¿Qué hace diferente a una persona refugiada de una migrante? El derecho internacional de los refugiados establece que una persona refugiada es alguien fuera de su país por fundados temores de ser perseguido en su país de origen -por razones de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un grupo social o por ideas políticas. Desde la firma de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984, en la cual México fue partícipe, también se incluye ahí la violencia generalizada o la violación masiva de los derechos humanos. El contexto centroamericano justo demuestra que las distinciones rígidas entre ser migrante y ser refugiado son difíciles de hacer. Como en muchas partes del mundo, para éste último, si es reconocido su derecho o no, depende además de la capacidad del sistema de asilo del Estado receptor para detectar las necesidades y brindar protección internacional.
De esto dan cuenta cifras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre solicitudes de asilo en la región. No sólo en México las solicitudes del Triángulo Norte han aumentado, sino también lo han hecho en otros países cercanos como Estados Unidos, Costa Rica y Belice.
Las solicitudes a nivel mundial realizadas por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en su conjunto, fueron 43,988en 2014[1] y 77,863 en 2015[2], de los cuales 3,423 en México en el último año. Esto nos muestra solamente una parte de lo que realmente está pasando, porque muchas personas no saben que tienen derecho a solicitar asilo, no saben bien cómo solicitarlo o se enfrentan con obstáculos al momento de querer hacerlo, por lo que en la mayoría de los casos desisten del esfuerzo.
El Programa Frontera Sur y las políticas de contención de la migración responden a una falta de voluntad para atender y responsabilizarse por la crisis humanitaria que sucede en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, parece que poco a poco los señalamientos sobre los impactos negativos de estas políticas -como podrían ser, deportar personas a países donde sus vidas corren peligro eminente- han encontrado oídos. Por ejemplo, hace algunas semanas el mismo ACNUR convocó una reunión de alto nivel en Costa Rica sobre desplazamiento y asilo en la región. Ahí, los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso a asilo en sus países para las personas del Triángulo Norte de Centroamérica.
Impacta el hecho de que desde el gobierno no se previó que la crisis humanitaria del Triángulo Norte se convertiría en un problema estructural. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas (COMAR) es una institución relativamente pequeña y con un presupuesto bastante bajo que necesita fortalecer tanto su infraestructura, como los recursos humanos dirigidas a la protección.
Probablemente también se pensaba que las personas desplazadas no iban a buscar asilo en México, por sus posibles aspiraciones de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día estos argumentos ya no son válidos y el sistema de asilo mexicano no está a la altura de la realidad.
Es importante empujar para que se cumplan los compromisos celebrados en Costa Rica, pero también monitorear de qué manera se implementan las acciones. Es positivo que en lugar de apoyar a políticas de contención que no brindan soluciones duraderas, ahora Estados Unidos quiera apostar a fortalecer el sistema de asilo mexicano, pero de la misma manera, el gobierno mexicano debe comprometerse a crear una política de asilo de Estado que respalde un sistema de asilo más fuerte, y que no dependa solamente del apoyo de organismos internacionales.
[1] Cálculo basado en datos del Anexo 2 del reporte “UNHCR Global Trends 2014”, http://bit.ly/2ac3ICO
[2] Cálculo basado en datos del Anexo 2 del reporte “UNHCR Global Trends 2015”, http://bit.ly/29Z11od
