La semana pasada se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) –parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2014— con un monto total de cuatro billones 467 mil 225.8 millones de pesos. Esta ley establece los conceptos y cantidades que percibirá la Federación para el quehacer gubernamental del próximo año. Entre los diferentes rubros que generarán ingresos para el país encontramos la deuda pública externa, cuyos montos de endeudamiento (según establece la Ley) son propuestos por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para que éste los apruebe. La deuda externa incluye los créditos negociados por el gobierno mexicano con organismos financieros internacionales (OFIs). En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la responsable de manejar la deuda y de realizar o autorizar los préstamos; los cuales tienen que ir acorde con los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Todas las personas contribuimos al pago de la deuda pública externa a través de los impuestos. Los financiamientos que negocia el gobierno federal con los OFIs están relacionados con todos los sectores y van dirigidos a programas, proyectos concretos o cierta política pública. Por lo mismo, es importante poder conocer los montos negociados y su destino. para tener la posibilidad de evaluar tanto la gestión de los recursos, como los resultados. Sin embargo, actualmente es muy difícil contar con información desagregada sobre el intrincado sistema que forma la deuda pública externa.
En Fundar hemos monitoreado los préstamos que el gobierno mexicano tiene con el Banco Mundial (BM) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos organismos internacionales financieros que en palabras del gobierno “ayudan a satisfacer las necesidades de financiamiento del sector público al menor costo posible, así como aprovechar la asistencia técnica y la experiencia internacional acumulada en el manejo de programas y proyectos que poseen estos organismos”. Los montos negociados con dichos bancos forman parte de la deuda pública externa, por lo que la SHCP siempre es la instancia prestamista y, dependiendo del sector y proyecto al que irá destinado el monto, hay una instancia ejecutora. Por ejemplo, los préstamos que el gobierno ha solicitado al BM para el programa Oportunidades son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social y autorizados por la SHCP.
Al solicitar información a la Secretaría de Hacienda sobre los préstamos que el gobierno ha negociado con estos OFIs –como monto, destino, fechas de inicio y de cierre, e instancia ejecutora–, la propia Secretaría nos remite a las páginas de los bancos. Esto representa un problema. Primero porque el último responsable de rendir cuentas sobre los financiamientos y su ejecución es el gobierno mexicano. Segundo, porque a pesar de que tanto el BM como el BID tienen sus propias políticas de acceso a la información, éstos no necesariamente las cumplen.
Los instrumentos con los que cuenta la SHCP para presentar la información de la deuda –como los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública– no contienen información suficientemente detallada que nos permita analizarla a profundidad. La Ley Federal de Ingresos (LIF) que se negocia cada año representa una oportunidad para poder transparentar los montos de endeudamiento al hacerlo explícito en el articulado. Así que la reciente Ley aprobada otra vez se queda corta en este tema.
Para 2014, el Congreso de la Unión aprobó un techo de endeudamiento de 10 mil millones de dólares; el cual incluye el que se ejercería con los organismos financieros internacionales. A pesar de que la LIF ha sido aprobada, aún existe la posibilidad de que el gobierno mexicano –a través de la Secretaría de Hacienda– instaure un mecanismo para proveer rutinariamente información sistematizada sobre los préstamos que negocia con OFIs, así como los proyectos, programas o desarrollo de política pública a los que se destinarán los recursos. Sólo así podremos comenzar a desentrañar la composición de la deuda pública externa, los montos que se negocian, los proyectos a los que van destinados, la manera como se ejecutan los recursos y, lo más importante, los impactos de éstos en nuestras vidas.
Mariana González Armijo
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