Mañana concluye el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, y sin lugar a dudas, junto con el primer periodo, ha sido una de las etapas legislativas más intensas de los últimos años. Siete meses de mucho debate, no sólo entre las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y el Senado, sino en la opinión pública en general.
Las discusiones trascendieron las fronteras legislativas y tuvieron lugar interesantes y acalorados debates entre distintos sectores de la sociedad. Reformas como la de educación, telecomunicaciones o la laboral se llevaron los reflectores mediáticos. Sin embargo, la reforma de transparencia[1], como ha sido llamada comúnmente, a pesar de la importancia que reviste y de haber sido ampliamente discutida en el primer periodo legislativo en el Senado, fue puesta en segundo término por las y los diputados en el periodo que termina. Para entender la relevancia de esta reforma es pertinente hacer un ejercicio de memoria y recordar de dónde viene y qué problemática pretende resolver.
El antecedente más próximo al que vale la pena recurrir es la reforma del artículo sexto constitucional de 2007, la cual a partir de incorporar siete fracciones a dicho artículo, pretendía sentar las bases y principios del derecho de acceso a la información para que las entidades federativas, el Distrito Federal y la Federación homologaran sus marcos normativos, institucionales y procedimentales en la materia. No cabe duda de que el diagnóstico a partir del cual se impulsó esta reforma constitucional fue el apropiado; es decir, es claro que la heterogeneidad normativa impacta negativamente en las posibilidades de satisfacer el derecho de acceso a la información de las personas. Sin embargo, después de más de cinco años, queda claro que la reforma constitucional no fue la mejor opción para resolver esta problemática. Si bien es cierto que la mayor parte de las leyes de transparencia y acceso a la información se han modificado a partir de la obligación contenida en la reforma constitucional de 2007, no necesariamente lo han hecho para ajustarse a los principios constitucionales en la materia; incluso en algunos congresos locales han aprovechado las reformas para dar pasos hacia atrás en la protección del derecho de acceso a la información.
Es así que el problema de la heterogeneidad normativa sigue vigente y con el paso de los años, se han sumado nuevos aspectos y desafíos que requieren atención urgente para seguir avanzado en el desarrollo de la transparencia y el acceso a la información en nuestro país. Algunos de estos aspectos, podrían comenzar a resolverse con los cambios contenidos en la reforma de transparencia[2], aunque evidentemente será necesario detallarlos de forma adecuada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y luego estar al pendiente de su implementación.
Algunos de los más importantes son la dispersión interpretativa a causa de la multiplicidad de órganos haciendo interpretación; la debilidad institucional con órganos garantes que carecen de independencia y especialización y con una visión acotada de su mandato; y, la poca inversión en infraestructura humana, material y tecnológica en las oficinas públicas así como la falta de sensibilización y capacitación técnica de los servidores públicos. De regreso al debate legislativo, vale la pena destacar que a pesar de que las y los diputados no se cansaron de afirmar en la reunión de Comisiones Unidas de la semana pasada que existe consenso en torno a los aspectos de fondo de la reforma entre los distintos grupos parlamentarios y que los desacuerdos se refieren a cuestiones de forma, las 55 reservas presentadas por ellos mismos nos indican lo contrario: es evidente que existen temas sensibles, en los cuales no fueron capaces de ponerse de acuerdo.
Todo parece indicar que el impulso que el Presidente y el PRI dieran en el periodo de transición y en los primeros meses de gobierno a las reformas en materia de transparencia, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Si bien es cierto que presentaron tanto la propuesta de reforma en materia de transparencia, como la propuesta que pretende combatir el problema de la corrupción, no han tenido la promoción necesaria por parte de su fracción parlamentaria para que terminen por resolverse. En el caso de la segunda, la que propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, desde Fundar celebramos que no haya seguido adelante, pues consideramos que esta propuesta parte de un análisis simplista del problema complejo de la corrupción y que por lo tanto, propone una solución limitada[3]. Sin embargo, la reforma al marco nacional de transparencia ha sido impulsada desde hace varios años por distintos sectores de la población, pero parece que nunca alcanza los acuerdos necesarios para lograrse.
Y el panorama no es muy alentador, pues con las discusiones de las reforma financiera, fiscal y energética en el próximo periodo legislativo, es muy probable que la reforma vuelva a pasar a segundo término. Al final, parece que el compromiso con la transparencia tiene sus límites y que existen temas sensibles que ponen nerviosos a los gobiernos y a los partidos —como es la posibilidad de que a los segundos los incluyan como sujetos obligados, al igual que a los sindicatos, fideicomisos y fondos públicos—. Al dejar en el tintero esta reforma, perdemos la posibilidad de fortalecer el sistema nacional de transparencia y acceso a la información y de avanzar hacia la conformación de institutos de transparencia verdaderamente autónomos, legítimos e independientes que cuenten con mejores posibilidades de garantizar el acceso a la información gubernamental. 1 Que reforma el artículo sexto constitucional, así como el 76, 78, 89, 105, 110, 11, 116 y 122. 2 Para una análisis detallado de la Minuta pendiente de aprobación, se recomienda revisar el documento elaborado por México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia: http://fundar.org.mx/mexico/?p=9364 3 El posicionamiento de Fundar sobre esta propuesta de reforma se puede consultar aquí: http://fundar.org.mx/mexico/?p=8790
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