Tiene el objetivo de transparentar los préstamos provenientes de las instituciones financieras internacionales, en términos del ejercicio del gasto y de los marcos normativos que los rigen, lo que permite analizar lo que se hace en nombre del desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos.

Opacidad en destino de préstamos para el desarrollo en México

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  • México es de los principales prestatarios del Banco Mundial, ocupa el tercer lugar con el 9.2% de la cartera total y el segundo prestatario del Banco Interamericano de Desarrollo, con el 18.82%
  • Este diagnóstico muestra el estado actual de la transparencia de los préstamos para el desarrollo que el gobierno mexicano negocia todos los años con el BM y el BID

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2015- México es uno de los principales prestatarios de Organismos Financieros Internacionales (OFIs) como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el préstamo que recibe de estas instituciones representa el 30 % de la deuda pública externa del gobierno federal.

Estos recursos son públicos, por lo que la información sobre su ejecución debería estar disponible de manera accesible. A pesar de que el marco normativo que rige dichos préstamos es claro y completo, el gobierno no lo está cumpliendo cabalmente. La información que brinda la SHCP es insuficiente, por lo que no es posible conocer datos oportunos y veraces sobre la actuación gubernamental en este tema, sobre cómo gestiona los recursos públicos y el impacto de las decisiones que el gobierno toma. Esto representa un vacío importante de información pública, el cual es necesario atender, de tal forma que las personas podamos opinar y participar en los asuntos sobre el desarrollo del país.

El Diagnóstico sobre la transparencia de los préstamos para el desarrollo en México es un ejercicio que da claridad sobre cuál es el marco normativo que rige el flujo y la ejecución de estos recursos; qué información de los préstamos para el desarrollo está disponible; y qué información solicitada sobre los mismos entrega el gobierno mexicano.

Nos enfocamos en el BM y el BID porque son los dos principales OFIs con los que el gobierno negocia préstamos; y también porque estos dos organismos tienen sus respectivas Políticas de Acceso a la Información (PAIs), a través de las cuales se puede obtener información sobre los proyectos que han negociado con México.

* Consulta el Diagnóstico en español aquí
* Consulta el Diagnóstico en inglés aquí


Contacto
Ana Isabel Fuentes
ana@fundar.org.mx
Tel. 55 543001 x 136

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Notas en medios
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/09/30/recomiendan-transparencia-en-prestamos-internacionales
http://www.animalpolitico.com/2015/09/mexico-sin-datos-publicos-sobre-prestamos-de-organismos-internacionales/
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/VisorNota.aspx?id=1414397|ArticulosCMS&md5=04a778c575a2485acc4d53d1832cdc2d

Taller de mecanismos de rendición de cuentas y sociedad civil

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EL Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) conformado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe: Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina, tiene el gusto de invitarlo al:

Taller de mecanismos de rendición de cuentas y sociedad civil
Día: Lunes 5 de octubre de 2015
Lugar: Hotel Atton San Isidro (Lima, Perú)
Hora: 8.30 – 18.30 h

Evento que se realizará en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, que se llevarán a cabo en Lima del 6 al 12 de octubre del presente año.

Consulta el programa: Programa Taller Mecanismos by Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Los mecanismos de queja independientes (MQI) de las bancas multilaterales se crearon con el objetivo de resolver reclamos presentados por comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales generados por la ejecución de proyectos de desarrollo con financiamiento proveniente de estos organismos. La experiencia muestra que uno de los obstáculos para activar dichos mecanismos es el escaso conocimiento que existe por parte de la sociedad civil sobre éstos y su funcionamiento, de tal manera que puedan ser integrados a estrategias de defensa de derechos frente a proyectos más amplias.

En este contexto, el taller tiene como objetivo promover el diálogo con los encargados de diferentes mecanismos de queja y representantes de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer distintos MQIs presentes en la región; su funcionamiento; y fomentar un intercambio de experiencias y perspectivas relacionadas a los mecanismos.

El taller contará con la presencia de representantes del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera y el Panel de Inspección (PI) del Banco Mundial, del Mecanismo de Queja del Banco de Inversión Europea y del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Así como de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil y de movimientos sociales.

El taller es gratuito y tiene un cupo limitado. Por lo que es necesario confirmar la participación a través de un correo electrónico dirigido a Martha Torres (mtorres@dar.org.pe) o a los teléfonos 0051-1-2662063 anexo/extensión 103, detallando nombre, organización y país.

Consulta el comunicado aquí: http://fundar.org.mx/flexibilizacion-de-los-estandares-socio-ambientales-esta-provocando-mayores-conflictos-en-comunidades-y-sectores-sociales/

Consulta la agenda:

Cordialmente,


Captura de pantalla 2015-09-28 a la(s) 11.57.10 a.m.

Más dinero para el campo, menos hambre

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En México convivimos con una cruel paradoja alimentaria: mientras aumenta el número de personas que no puede acceder a alimentos, se incrementa el número de personas con problemas de obesidad. Según cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), entre 2012 y 2014 el núemero de personas con carencias por acceso a la alimentación en el sector rural pasó de 8.4 a 8.9 millones: alrededor de 500,000 personas. Al mismo tiempo, según la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México alrededor de 70% de la población tiene problemas de sobrepeso.

Esta situación no es producto de la casualidad sino de una serie de políticas públicas que han privilegiado el consumo de alimentos procesados y la producción agroindustrial. Una política subsidiada, en buena medida, con el dinero de nuestros impuestos. El proceso de planeación del presupuesto para 2016, en el que se realizó una reingeniería del gasto público, parecía una oportunidad para transformar las políticas hacia el campo y para orientar los recursos públicos hacia la agricultura campesina de pequeña escala.

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2016 no tiene una orientación hacia las y los pequeños productores y tampoco mejorará el medio ambiente, la salud alimentaria y, en general, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. Si las y los diputados no intervienen decididamente, los recursos para el desarrollo productivo del campo sufrirán un recorte con relación al presupuesto aprobado para 2015: la Función de gasto “Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza” podría tener una reducción de 21.5% respecto al presupuesto aprobado en 2015. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tendría una reducción de 15.6%. La participación de SAGARPA respecto al presupuesto de todos los Ramos administrativos se reduciría de 7.8% en 2015 a 7.0% en 2016.

Dichas cifras presupuestarias tienen impactos específicos para las personas porque el presupuesto es la herramienta de política económica más importante para atender las necesidades de la población: es en este documento en donde se establecen las prioridades del Estado a través del gasto público. En la Exposición de Motivos del PPEF 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explica cómo utilizó la metodología propuesta por el Coneval para distinguir los programas prioritarios para reducir las carencias por acceso a distintos derechos sociales. Según dicha metodología, los programas más relevantes para atender las carencias alimentarias son los siguientes:

Captura de pantalla 2015-09-24 a la(s) 10.17.24 a.m.

Hay dos cuestiones que son preocupantes de la información que presenta la SHCP: la primera es que ninguno de los programas presupuestarios son fuertemente prioritarios para atender las carencias por acceso a la alimentación, es decir, “los bienes o servicios que entregan no abaten los indicadores de las Carencias de Acceso a la Alimentación” . En segundo lugar, los montos que se asignaron para la mayoría de dichos programas en el PPEF 2016 son, en términos reales, los mismos que aprobaron para 2015: no se aumentan los recursos asignados para reducir las carencias alimentarias de la población.

A pesar de que el PPEF 2016 incluye por primera vez un Programa de Apoyos al Pequeño Productor, lo cual es una señal de que las políticas hacia el campo pueden transformarse positivamente, se requiere de otra serie de modificaciones que podría realizar la Cámara de Diputados durante la negociación presupuestaria, entre las que se encuentran la reducción del tope de apoyo del Proagro Productivo de 80 a 20 hectáreas y el establecimiento de un tope de hasta 35 cabezas de ganado para el Progan, así como ampliar los recursos del Programa de Apoyo a Pequeños Productores (S266) 3,200 millones de pesos a 60 mil millones de pesos.

Dicen que Einstein dijo que no se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. Las políticas hacia el campo tienen que modificarse si queremos mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de 8.9 millones de personas. Las alternativas para apoyar a las y los campesinos y mejorar el acceso a la alimentación están en las manos de las y los diputados. Es hora de devolverle al campo algo de lo que nos da todos los días.

Diego de la Mora Maurer
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/09/24/mas-dinero-para-el-campo-menos-hambre/

El NBD de los BRICS: Cuatro principios para hacer verdaderamente nuevo al Nuevo Banco de Desarrollo

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Esta semana delegaciones de los gobiernos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reúnen en la Cumbre de los BRICS en Ufa, Rusia para lanzar el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales signatarios, estamos de acuerdo con la necesidad de una nuevo tipo de desarrollo. El modelo de desarrollo existente en diversos países emergentes y en vías de desarrollo es uno que favorece estrategias centradas en la exportación de materias primas y políticas que son socialmente dañinas y ambientalmente insostenibles provocando mayor inequidad entre países y dentro de ellos. Si el Nuevo Banco de Desarrollo va a romper con esta historia, debe comprometerse con los siguientes cuatro principios:

1) Promover un desarrollo para todos.

La inversión no puede traer desarrollo si no satisface las necesidades de las personas. El NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo, impulsado por las comunidades, que aborde la pobreza y la desigualdad, elimine barreras al acceso y oportunidades, respetuoso de los derechos humanos, culturas locales y el ambiente. Deberá promover inversión que transforme yendo más allá de los mega-proyectos centralizados a gran escala, enfocándose en infraestructura social que sirva a las poblaciones más pobres y marginadas, proporcionando acceso a servicios, vivienda, educación y apoyo a las economías locales.

2) Ser transparente y democrático.

Una institución dedicada al interés público debe ser accesible al público. Por lo tanto, el NBD debe asegurar que su documentación, desarrollo de política y operaciones sean transparentes, accesibles y participativas para que las comunidades que serán las más impactadas por las actividades del NBD tengan acceso a la información y la habilidad de influenciar y moldear las inversiones y decisiones sobre el desarrollo.

El NBD deberá construir estructuras de gobernanza que sean democráticas, transparentes y representativas, garantizando que tanto los proveedores como los beneficiarios reciban el mismo trato, de forma no-discriminatoria. El desarrollo no es dominio único de los gobiernos, aunque los gobiernos sean los responsables del mismo. El NBD debe ofrecer vías formales para otros actores -incluyendo a sindicatos, movimientos sociales, comunidades, y organizaciones no-gubernamentales, entre otros- para que jueguen un papel en la selección, el diseño, implementación y monitoreo de los proyectos del NBD.

3) Establecer estándares fuertes y asegurar su cumplimiento.

El NBD deberá adoptar estándares fuertes para asegurar que las actividades financiadas por el mismo beneficien y no dañen a las comunidades o al ambiente. Las políticas y procedimientos del NBD deben surgir de los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos y protección al ambiente, y como mínimo, deberán ser congruentes con el derecho internacional. Cuando la legislación nacional del país anfitrión difiera de las políticas del NBD, se deberá aplicar el estándar que proporcione el mayor nivel de protección para las comunidades y el ambiente.

El NBD también deberá crear sistemas y mecanismos de mayor responsabilidad, incluyendo mecanismos independientes que puedan hacer responsable al NBD, proporcionen remedios a las comunidades que sufran daños por los proyectos, y aseguren que la institución pueda aprender y mejorar continuamente de las inversiones realizadas. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU ofrecen un buen punto de partida con sus Criterios de Eficacia de los Mecanismos de Reclamación Extrajudiciales.

4) Promover el desarrollo sustentable.

El desarrollo sustentable es esencial en el mandato del NBD. Dada la realidad del cambio climático y el impacto severo actual y creciente frente a los nuevos prospectos de desarrollo, las inversiones del NBD deberán promover soluciones ambientalmente sustentables, de largo plazo y resiliencia. Esto significa un respeto a los derechos de las comunidades a sus tierras, recursos y a un ambiente sano, separándonos del modelo depredador de extracción, contaminante e intenso en recursos que por años ha sido la realidad en países en vías de desarrollo.

Si los BRICS pueden apoyar en la creación de una institución que esté a la altura de los principios expuestos, habrán cumplido con una gran obra en la causa de la cooperación internacional, digno del nombre “Nuevo Banco de Desarrollo”. Esto es lo que, los grupos de la sociedad civil y movimientos sociales signatarios esperamos de los BRICS, con el entusiasmo de poder colaborar para hacer del NBD un vehículo para un nuevo modelo de desarrollo.

Firmado,

Conectas Direitos Humanos – Brazil

Friends of the Siberian Forests – Russia

Centre for Applied Legal Studies – South Africa

Ecoa – Ecologia e Ação – Brazil

Consumer Unity and Trust Society (CUTS International) – India

OT Watch – Mongolia

Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development (FENRAD) – Nigeria

Jamaa Resource Initiatives – Kenya

ActionAid International

Rivers without Boundaries – Mongolia

Vasudha Foundation – India

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights – USA and Switzerland

Global Network for Good Governance (GNGG) – Cameroon

Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca – Brazil

Friends of the Earth US – USA

Foundation For The Conservation Of The Earth (FOCONE)- Nigeria

Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia

Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – Argentina

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) – Brazil

Social Justice Connection – Canada

Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) – Guatemala

Fundar, Centro de Análisis e Investigación – Mexico

Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV) – Democratic Republic of the Congo

CIVICUS: World Alliance for Citizen Particpation – South Africa

Peoples Front Against IFIs – India

Fórum da Amazônia Oriental (FAOR) – Brazil

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) – Peru

International Rivers – International

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina

Otros Mundos – Mexico

Haldia Dock Complex Contractor Shramik Union (HDCCSU) – India

Sexual Minorities Uganda (SMUG) – Uganda

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)- Regional

Rede de Cooperação Amazônica (RCA) – Brazil

Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – Mexico

Lumière Synergie pour le Développement – Senegal

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Peru

Centro Terra Viva- Estudos e Advocacia Ambiental – Mozambique

Indian Social Action Forum (INSAF) – India

Inclusive Development International – USA

Fundación Ambiente y Recursos Naturales – Argentina

FIAN International – Brazil

Accountability Counsel – USA

JUSTICIA Asbl – Democratic Republic of the Congo

L’Association des Jeunes Filles pour la Promotion de L’Espace Francophone – Guinea – Conakry

Forest Peoples Programme – UK

Arab NGO Network for Development (ANND) – Lebanon

International Accountability Project

Southern African Faith Communities’ Environment Institute – South Africa

ONG HADASSA – Gabon

Institute for Economic Research on Innovation – South Africa

Amnesty International

Progressive Plantation Workers Union (PPWU) – India

Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP) – Brazi

Nota relacionada: 

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=85761

The BRICS NDB: Four principles to make the New Development Bank truly new:

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/BRICSSummitStatement-ENG.pdf

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) dos BRICS: Quatro principios para que o NDB realmente seja novo:

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/BRICSCartaCupulaPOR.pdf

Momento crítico en el Banco Mundial: de mal en peor

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A lo largo de siete décadas, el Banco Mundial ha tenido una presencia e influencia considerable en México y en la región de América Latina y el Caribe (ALC). El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que comúnmente llamamos Banco Mundial, es la institución que brinda financiamiento al sector público. Nuestra región ha tenido el mayor volumen de préstamos por parte de este organismo con alrededor del 30% de los desembolsos totales anuales a lo largo de los años. Por su parte, México es el principal prestatario del Banco con el 9.7% del total del portafolio en 2014.

A pesar de sus voluminosos desembolsos, el Banco ha visto disminuida su cartera frente a otras instituciones financieras presentes en la región como el Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Financiera Internacional), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los bancos chinos, tal y como se muestra en el estudio Panorama del financiamiento para infraestructura en América Latina. Esta competencia originó un proceso de reforma interna en el Banco Mundial, el cual es alarmante, pues representa significativos retrocesos en cuanto a las políticas operativas de esta institución, con el fin de acelerar los procesos de préstamo e inversión, a costa de severos impactos sociales y ambientales y violaciones de derechos humanos, contradictorios al discurso de esta institución.

Uno de los procesos más relevantes es la revisión de las políticas sociales y ambientales (políticas salvaguardas), que son las reglas mínimas que debe garantizar el Banco al financiar proyectos para el desarrollo. Estas políticas son producto de la lucha de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los años frente a proyectos financiados por esta institución que resultaron en desastres de desarrollo. Aunque el primer borrador del nuevo marco ambiental y social que el Banco Mundial aprobó el año pasado presenta ciertos avances, los retrocesos y debilidades son mayores. Por ejemplo, no se establecen las evaluaciones sociales y ambientales como un requisito previo a la aprobación de proyectos; los procesos de consulta a pueblos indígenas son optativos; no se establece la información que se requiere para consultar un proyecto y establecer mecanismos de participación; se eliminan los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada, entre muchos otros puntos. Ante esto desde la sociedad civil hemos enviado diferentes propuestas al Banco, por ejemplo para que la nueva política respete  derechos humanos y cartas en las que se explicitan las principales preocupaciones.

El hecho de que se debiliten las políticas salvaguardas es preocupante, pero resulta aún más crítico al considerar información de estudios recientes sobre el quehacer del Banco Mundial. Recientemente el Banco publicó dos auditorías internas que revelan su fracaso para evaluar, monitorear y mitigar los millones de casos de personas que fueron desplazadas de sus casas y comunidades y reasentadas para la realización de proyectos financiados por el Banco Mundial en las últimas dos décadas (con un incremento del 400%). Asimismo, el informe resalta que el número de personas en esta situación se incrementará 41%, dados los proyectos que están por aprobarse en el portafolio; y concluye que la información sobre las consultas y los planes de implementación para el reasentamiento y reparación del daño es insuficiente, así como las condiciones actuales de las personas que fueron reasentadas.

Un serio estudio que se realizó por 11 meses y que analizó 1,500 proyectos financiados por el Banco Mundial en diferentes países entre 2004 y 2013, evidencia que en este periodo se desplazaron alrededor de 3.4 millones de personas, además de que conllevaron múltiples violaciones a derechos humanos. Además, es bien conocido el discurso que el Banco tiene sobre impulsar una economía verde y un desarrollo bajo en carbono. Sin embargo, otro estudio demuestra que la institución ha incrementado los préstamos destinados a energía de combustibles fósiles y la infraestructura necesaria para generarla; el año pasado prestó alrededor de 3 billones de dólares para este tipo de proyectos.

Lo anterior requiere que el Banco fortalezca sus políticas y no que las debilite o que cree nuevos instrumentos de préstamo, como ha sucedido, que no están sujetos a sus políticas ambientales y sociales, por lo que más del 50% de su portafolio de proyectos queda exento de estas reglas; es decir, el Banco va de mal en peor. Estamos en un momento crítico, con un aumento significativo de proyectos en los sectores de energía, telecomunicaciones e infraestructura tanto en México con en la región; que si bien algunos son necesarios, deben realizarse con pleno respeto de los derechos humanos. Evidentemente, el primer responsable y principal obligado es el Estado, pero no hay que olvidar que las bancas multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, están formadas por representantes de los diferentes Estados miembro, quienes toman las decisiones respecto a qué proyectos financiar y los cambios internos en sus políticas. Por lo que, el Banco está obligado a fortalecer sus marcos normativos y no debilitarlos, así como el Estado mexicano está obligado a posicionarse en este sentido frente a los procesos del Banco Mundial.

Mariana González

http://www.sinembargo.mx/opinion/18-05-2015/34718

Taller regional sobre las políticas internas de los bancos de desarrollo y sus mecanismos de queja [19 y 20 de mayo- Lima, Perú]

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Programa – Curso Mecanismos de Queja

Urgen al Senado a aprobar la Ley de Transición Energética antes de que concluya abril

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  • Quedan tres días para mover a México hacia un futuro renovable o dejarlo anclado en su dependencia del petróleo y el gas natural.
  • Sin la LTE, México no podrá cumplir sus compromisos internacionales y nacionales de mitigación de Gases Efecto Invernadero.
  • La Comisión de Energía del Senado de la República no debe permitir que los intereses particulares de unos cuantos detengan una transición energética de bajo carbono para México.

A tres días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado urgente al Senado de la República para que apruebe en sus términos el dictamen de la Ley de Transición Energética (LTE), como fue votada en la cámara de origen, la cual permitirá a México avanzar hacia un futuro más competitivo para las energías renovables, combatir efectivamente el cambio climático y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país.

Las organizaciones solicitaron expresamente a los senadores David Penchyna Grub, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, presidente y secretarios de la Comisión de Energía, que permitan que el dictamen de la Ley sea votado en el pleno antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Es importante destacar que, además de los beneficios en el combate del cambio climático por la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector eléctrico, la LTE traerá beneficios económicos, sociales y ambientales muy relevantes para México. Algunos de ellos son:

  • Es la única ley secundaria de la reforma energética que beneficia al medio ambiente y promueve un desarrollo económico de bajas emisiones de carbono.
  • La Ley establece una participación mínima de 35% de energías renovables en la generación de energía eléctrica para el 2024 (con metas intermedias para el período 2018 y 2021) y ofrece garantías a los participantes en el mercado eléctrico, lo cual promueve las inversiones al brindar certidumbre sobre el desarrollo de este mercado. Cumplir con la meta del 35% permitirá generar hasta 90 mil empleos directos en el 2024.
  • Establece metas de generación de electricidad a partir de energías renovables para los años 2018, 2021 y 2024, es decir para los próximos 10 años. De cumplirse estas metas, el sector eléctrico podría reducir sus emisiones de GEI entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) por año al 2024. Una matriz energética con menor participación de hidrocarburos incentiva un desarrollo económico bajo en emisiones de carbono y hace a nuestra industria más competitiva a nivel internacional.
  • Permitirá la diversificación de la matriz energética al incorporar energías renovables; reducirá la vulnerabilidad del sector eléctrico a los impactos de la volatilidad de los precios de combustibles fósiles, e incrementará la seguridad energética al hacer uso de recursos disponibles en el país y al evitar la dependencia de una sola fuente energética. Con el desarrollo de las energías renovables se limitaría hasta en un 65% la explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales a través de técnicas con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y la población.
  • Promueve el desarrollo de un modelo de generación eléctrica distribuida que ofrece oportunidades para instalar hasta 20 GW de energía renovable distribuida y que permite la eliminación paulatina de hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional -43 mil millones de pesos anuales, como lo regula la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En este modelo eléctrico descentralizado, los usuarios tendrán el beneficio de reducir el pago del recibo de luz por debajo de los montos actuales y se crearían 40 mil empleos adicionales directos y hasta 200 mil indirectos[1].
  • Establece el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, que permite fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad y con ello desahogar de forma adecuada la energía generada con fuentes renovables, ampliando la participación de éstas en el mercado.
  • Finalmente, fortalece e incrementa las acciones de eficiencia energética, lo que permite reducir la carga al sistema eléctrico nacional y reducir sensiblemente las pérdidas, generando ahorros importantes para el país. Con lo propuesto por la LTE en materia de eficiencia energética, se podrán mitigar 47 MtCO2e, ampliando las posibilidades de que México cumpla con sus metas de mitigación.

El pasado 27 de marzo, el gobierno mexicano presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir para el año 2030, el 22% de GEI sobre la línea base del 2013[2].

Si el Senado no aprueba la LTE, nuestro país no será capaz de cumplir estos compromisos, debido a que para lograrlo requiere una disminución sustancial en las emisiones provenientes de la generación de energía, las cuales se originan actualmente, en su gran mayoría, por la quema de combustibles fósiles como son el carbón, el combustóleo, el diesel y el gas natural.

México se encuentra en un momento decisivo para avanzar hacia la transición energética y dejar atrás la dependencia del petróleo. No podemos permitir, por ningún motivo, que los intereses particulares de unos cuantos detengan la inserción del país en el concierto de las economías más avanzadas y sustentables del mundo.

Captura de pantalla 2015-04-28 a la(s) 01.32.23 p.m.

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[1] Este mecanismo, aplicable sólo a través de la LTE, se basa en la instalación de 11 millones de techos solares en 9 años, a los usuarios de tarifas 1B hasta 1F. Con ello, se generarían 30 TWh por año al 2024 a nivel de hogares y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).[2] Lo anterior implica una reducción de 22% de Gases Efecto Invernadero al 2030 y una reducción del 51% de Carbono Negro (Black Carbon) al mismo año; ambas no condicionadas a la obtención de apoyos financieros internacionales.

 

Latin American and Caribbean Civil Society Perspectives on the Draft of the World Bank’s New Environmental and Social Policy and Environmental and Social Standards

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