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Nuestro Trabajo

En México, según el artículo 134 de la Constitución, la propaganda debe tener “carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”. Las dependencias del gobierno federal pueden hacer uso de los medios de comunicación para promover la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la discriminación, fomentar la participación ciudadana y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, excepto en los periodos electorales. Sin embargo, de acuerdo a los datos recopilados por el proyecto de Publicidad Oficial de Artículo 19 y Fundar, el gobierno federal incurre en conductas irregulares tanto en el uso de los r...
La ausencia de avances notables en publicidad oficial debilita la libertad de expresión e información Gastos millonarios, déficit de información detallada y confiable, impunidad y posibles actos de corrupción son las características que rigen el uso de la publicidad oficial en todo el país. En 2013, 27 entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Por su parte, en sus dos primeros años de gobierno, El presidente Peña Nieto ejerció más de 14 mil 663 millones en este rubro en su primeros dos años de gobierno. En una época de austeridad financiera, la publicidad oficial representa un derroche de recursos públicos ...
Los 9 compromisos por la transparencia en el proceso de designación de Comisionados del órgano garante en Sinaloa (CEAIPES) Ayer inició la etapa de registro para los aspirantes a ocupar dos cargos en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Los dos nuevos puestos suplirán a los comisionados Abraham Lugo (actual presidente) y José Carlos Álvarez, quienes no fueron ratificados al año pasado por el Congreso local, tras la reforma constitucional local en materia de transparencia. Por primera vez en Sinaloa, los próximos comisionados serán elegidos mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía y a través d...
¿Por qué es necesaria la participación ciudadana en el trabajo del Poder Legislativo? Hay que decir que no es un proceso sencillo pero contribuye a que se reconozca que, en una democracia, las decisiones se realizan en conjunto, entre los servidores públicos, los grupos sociales y otras personas interesadas. Esto es conveniente también cuando nos damos cuenta de que hace falta complementar el conocimiento y la especialización de los servidores públicos para lograr resultados que representen mejor nuestros intereses. En Fundar identificamos que, en el Poder Legislativo, esto puede darse de varias formas. La primera es mediante las so...
En sentencia de amparo del 15 de octubre de 2014, la SCJN ordenó al INER, a la Comisión Nacional de Protección en Salud y al Comité Técnico del Fideicomiso en Protección Social en Salud, garantizar el derecho al nivel más alto posible de salud de los pacientes con VIH del INER, enfatizando su obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr dicha garantía. Sin embargo, tras 10 meses de la emisión de la sentencia, las autoridades no han cumplido con lo dispuesto por el máximo tribunal; la SCJN les facultó para decidir qué medida resulta más adecuada para brindar el tratamiento médico más apropiado a los pacientes, si la...
En México la transparencia presupuestaria ha sido regular. En su última edición, el Open Budget Index (OBI 2012) señaló que nuestro país publica información suficiente sobre los ingresos y gastos del gobierno federal en las distintas fases del ciclo presupuestario. Sin embargo, resulta  paradójico que frente a nuestros altos niveles de corrupción, México cumpla  con su obligación de publicar información presupuestaria.  Lo anterior nos permite suponer que la mera acción de subir enormes cantidades de datos a Internet, no es suficiente para consolidar un contrapeso ante la opacidad con la que opera la corrupción. Ese contrapeso para que sea ef...
En una democracia los controles operan sobre el ejercicio de poder del Estado (y de sus agentes) y no sobre el control de la ciudadanía. De ahí que resulta contradictorio plantear cualquier tipo de criterios que impongan condiciones al ejercicio libre de derechos o que sancionen a quienes los contravengan. De 2012 a la fecha, por lo menos una decena de iniciativas legislativas[1] han buscado avanzar con la intención de imponer marcos legales para regular o restringir distintas dimensiones de un fenómeno cada vez más cotidiano en la realidad de nuestro país: la protesta social. A esta lista se sumó la semana pasada una Ley más en el Estado de Mé...