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Ayer, jueves 8 de noviembre de 2012, con motivo del proceso para la designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Justicia del Senado de la República presentó un dictamen al Pleno del mismo órgano para su votación y eventual aprobación. Dicho dictamen es resultado de la etapa de comparecencias que tuvo lugar en el Senado de la República el pasado 19 de octubre; sin embargo, la propuesta fue rechazada. Por este motivo, conforme lo establece el artículo 96 Constitucional, el titular del Ejecutivo Federal habrá de enviar dos nuevas ternas con la propuesta de candidatos y candidatas para ocupar las dos vacantes en la SCJN.
Frente a tales hechos, queremos reiterar el carácter trascendental que tiene para la vida del país el nombramiento de quienes sustituirán a los Ministros Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia y se sumarán a la composición del máximo Tribunal de nuestro sistema de justicia. En dicho proceso están en juego no sólo los equilibrios efectivos para la sana división de poderes, sino sobre estas personas recae el encargo de participar en la resolución de la conflictividad social y responsabilidad de la efectiva tutela de nuestros derechos fundamentales. Como se puede apreciar, asuntos nada menores e indispensables para la institucionalidad democrática en nuestro país.
La consolidación de las instituciones guarda una fuerte relación con los procesos para la selección de sus propios titulares. Las bases por las que se determinan cómo y bajo cuál racionalidad se llega a la conclusión sobre la idoneidad en la designación de sus titulares son indispensables para la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía de dicho proceso. Si bien la percepción de la ciudadanía es distinta de la que tenía hace tan sólo unas décadas sobre la democracia de sus instituciones, no deja de ocupar un lugar importante en el imaginario colectivo la falta de credibilidad de las mismas. La legitimidad y la confianza modulan o determinan el modo como estas instituciones se relacionan con la sociedad y llevan a cabo sus funciones en su beneficio de ésta.1
En este contexto, consideramos que el rechazo de las dos ternas que propuso el presidente Felipe Calderón representa para el Senado de la República una nueva oportunidad para explicitar qué tipo de institución de justicia queremos y necesitamos para nuestro país. Desde nuestra particular perspectiva, creemos que quienes resulten propuestos y posteriormente electos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de comprometerse por ampliar los siguientes temas:
- El desarrollo jurisprudencial y de criterios de argumentación e interpretación con base en los estándares, obligaciones y compromisos contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos; que fortalezcan el paradigma de los derechos humanos en consistencia con la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011.
- El respeto, promoción y protección de los derechos humanos —tanto en la dimensión individual como colectiva— que dé pauta a desarrollar mecanismos efectivos y eficaces para la vigencia plena y ejercicio de los derechos humanos, de la igualdad y de la no discriminación.
- El desarrollo e institucionalización del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género al interior de la SCJN y en general, dentro del Poder Judicial.
- La promoción de la participación ciudadana en el quehacer del Poder Judicial y que atraviesa desde la generación de información de calidad, disponible, adecuada y accesible; hasta acciones concretas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial.
El Senado tiene, además, la oportunidad de mejorar las condiciones del proceso público, hacerlo más transparente y participativo y que dé cuenta puntual en cada momento de su desarrollo. Un proceso que abone al fortalecimiento de esta importante institución garante de nuestros derechos humanos y constitucionales.
Queremos reiterar la responsabilidad que en estos momentos se encuentra depositada sobre el Senado, la de instruir y llevar a cabo un nuevo proceso que, en el corto y mediano plazo, abone a la solidez del Estado de derecho, en la vida democrática de nuestro país y en el ejercicio cotidiano de nuestros derechos. Esto adquiere particular relevancia en un contexto nacional que muestra síntomas de grave deterioro y retrocesos en la vigencia y ejercicio de los derechos humanos —a pesar de la importante reforma Constitucional que tuvo lugar en la materia—. El autoritarismo y la criminalización de la protesta social son una sombra real que ha impedido cualquier vía alterna de exigencia para reivindicar derechos y libertades y ante la cual; la Suprema Corte juega un papel fundamental para encausarla y resolverla.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, refrenda su interés por el monitoreo y análisis de este y otros procesos conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil y a través de un observatorio ciudadano denominado Designaciones Públicas2. Este mecanismo ciudadano continuará dando seguimiento puntual a estos procesos y sñalando los obstáculos y debilidades que durante el desarrollo y conclusión pudieran darse.
1 Construyendo legitimidad y confianza. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los procesos de nombramiento de titulares de órganos autónomos y de autonomía limitada. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19, México, D.F. 2009.
2 Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com) es un Observatorio ciudadano conformado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos que monitorean el proceso de selección de los Ministros de la SCJN y otras designaciones públicas clave para la vida institucional del país.
