La profunda desigualdad y pobreza en la que viven quienes trabajan en el campo, evidencian las profundas desigualdades en este sector, y aún más para las mujeres jornaleras.
El contexto es un llamado a las personas tomadoras de decisión que, aunque llevamos mucho retraso, aún estamos a tiempo de actuar en materia de mitigación, adaptación y justicia climática.
¿Quién podría oponerse a la reforma que busca ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el contexto de discriminación e injusticia padecido históricamente por estas poblaciones?
La conflictividad social relacionada con el agua es global y abarca diversos problemas, como el despojo de agua a los pueblos indígenas debido a la sobreexplotación de acuíferos para proyectos extractivos en sus territorios y la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos.
La opacidad favorece los actos de corrupción, sobre todo si la vigilancia ciudadana no es posible y no hay claridad sobre la implementación de dichos recursos.
El llamado a la prohibición del fracking y la protección del agua frente a los grandes proyectos extractivos y contaminantes en México, es un llamado a ir más allá del discurso político cada vez que se habla de justicia social.
Ante el paquete de reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador al Congreso, es necesario avanzar en aquellas iniciativas que recuperan demandas sociales y de comunidades, y reflexionar a profundidad en las implican riesgos para la garantía de derechos humanos.
Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público es reconocerles una personalidad jurídica con amplitud suficiente que permita, por una parte, ejercer sus derechos.
