Por: Programa de Justicia Fiscal
La Cámara baja aprobó el último presupuesto de este sexenio, el más alto en nuestra historia. En 2024, la federación dispondrá de 9.06 billones de pesos, un monto histórico para nuestras finanzas públicas. Desde que el 8 de septiembre inició su negociación, en Fundar documentamos los aspectos positivos del presupuesto, pero también sus principales omisiones para la agenda de derechos humanos y la reducción de desigualdades.[1] Tras la aprobación del último presupuesto de este sexenio, los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas salieron otra vez a la luz. En este espacio queremos hacer un breve recuento de algunos de ellos.
1. Necesidad de una reforma tributaria progresiva:
La Ley de Ingresos 2024 omitió profundizar discusiones relevantes con respecto a la forma en que se recaudan los impuestos y la utilización de la política tributaria como herramienta para la redistribución del ingreso. En ese sentido, no solo se contemplan ingresos menores a los egresos previstos, lo cual permite prever un déficit fiscal de 4.9% del PIB, si no que, además, no se ha planteado ninguna modificación a leyes complementarias que permitiría mejorar la progresividad del sistema tributario mexicano. Hoy en día, las políticas de beneficios fiscales y privilegios que benefician al porcentaje más rico de la población siguen ser atendidas, ni consideradas en el debate público.
Si bien medidas tomadas en este sexenio para combatir la evasión fiscal han sido acertadas, como, por ejemplo, la prohibición constitucional a las condonaciones de impuestos o el Plan Maestro a Grandes Contribuyentes, para el 2024 no se propuso ni aprobó nada nuevo. Habría sido pertinente incorporar políticas de transparencia que permitieran conocer con mayor detalle el comportamiento de la recaudación a los y las contribuyentes de mayores ingresos. De igual manera, tampoco se integraron modificaciones a la estructura actual de gastos fiscales, ni a los tratamientos preferenciales que reciben las rentas de capital por sobre las rentas por trabajo, que como hemos documentado ampliamente[2], benefician en mayor medida a las personas de mayores ingresos.
Como resultado, la estructura tributaria del país refleja un uso limitado de la política tributaria. Esta política seguirá recaudando poco, lo hará de manera regresiva y sin ser utilizada como herramienta para la reducción de las desigualdades económicas. Por ende, la reforma tributaria progresiva es hoy, más que nunca, una necesidad, sobre todo porque el costo de no llevarla a cabo suele implicar recortes o reasignaciones presupuestarias en perjuicio de los derechos humanos.
2. Sin servicios públicos, los programas sociales son insuficientes:
Algo que ha caracterizado la asignación del gasto público durante este sexenio y que no será la excepción en 2024, es el significativo aumento para la función de desarrollo social, especialmente a los programas sociales prioritarios.
Aunque los programas sociales son una herramienta redistributiva importante para reducir la pobreza, los datos recientes del CONEVAL nos demuestran que no es suficiente que se apuntale el ingreso vía transferencias monetarias cuando existe una precariedad en la provisión de bienes y servicios públicos.
Por ejemplo: si bien de 2018 a 2022 se logró la salida de la pobreza de 5.6 millones de personas, la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó para 22.9 millones de ellas en el mismo periodo de tiempo. Lo anterior tiene implicaciones para la economía de las familias: si el acceso a los servicios de salud públicos se ve restringido, tendrán que buscar opciones en el ámbito privado, lo que aumenta sus gastos de bolsillo y reduce sus ingresos disponibles para satisfacer otras necesidades.
Por lo anterior, es importante reflexionar cómo apuntalar la política social e integrarla con otras políticas públicas en un contexto en donde los recursos públicos del Gobierno parecen no estar orientados a ampliar el acceso a derechos sociales, pues no se destina lo suficiente en financiar debidamente los servicios públicos en sectores clave como la salud, la educación o la cultura.
De cara al próximo sexenio, será imprescindible que se asignen recursos de manera progresiva y suficiente a aquellos sectores clave para el bienestar de la población mexicana para que las personas puedan acceder a servicios públicos de calidad. Además, dado que diversos análisis han demostrado que la mayor parte de la reducción en pobreza se explica por la muy acertada política de incrementos al salario mínimo que tuvo lugar con este gobierno[3], también será importante continuar con la implementación de políticas salariales, laborales y de competencia económica que contribuyan a redistribuir el poder económico y político.
3. Falta de participación ciudadana:
En México, la ciudadanía continúa teniendo pocas oportunidades reales de participar en la elaboración del presupuesto. Esta ausencia se materializa en los bajos incrementos de presupuesto para garantizar derechos humanos, y en los altos recursos que se destinan a megaproyectos y áreas del Estado que intensificarán el modelo energético fósil.
En la última edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto, México obtuvo un puntaje de 0/100 en cuanto a la participación ciudadana en el proceso de formulación del presupuesto. Para que esto cambie, es indispensable ampliar los mecanismos formales de participación ciudadana y volverlos vinculantes. Aunque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, ha impulsado las “Mesas de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto” con el propósito de escuchar y evaluar las voces de la sociedad civil, estos ejercicios no se traducen en modificaciones al presupuesto público.
El proceso de la elaboración del presupuesto es fundamental porque en él se reflejan las prioridades del gobierno. Por ello, es indispensable la participación de la ciudadanía, en especial de los grupos históricamente discriminados, en todo el ciclo presupuestario –planeación, aprobación, ejecución y evaluación–, sólo de esta forma podremos conocer el uso y destino de los recursos públicos. Es urgente que el Legislativo implemente mecanismos que involucren a la ciudadanía en todas las etapas del ciclo presupuestario.
En el último presupuesto del sexenio, los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas continuarán rezagando la garantía de los derechos humanos. Por eso, de cara al siguiente ejercicio fiscal, será crucial impulsar una reforma tributaria progresiva que amplie los recursos destinados a la prestación de servicios públicos, garantizando en todo momento la más amplia participación de la ciudadanía.
[1] Sin recursos no hay derechos, Análisis del Paquete económico 2024. https://fundar.org.mx/publicaciones/sin-recursos-no-hay-derechos-analisis-del-paquete-economico-2024/
[2] Ver: https://fundar.org.mx/publicaciones/hacia-la-igualdad-reforma-fiscal/ y https://lavacunacontraladesigualdad.org/
[3] Recientemente, la Conasami encontró que del total de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones lo hicieron debido a los incrementos al salario mínimo. Consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/869359/El_impacto_del_salario_m_nimo_en_la_pobreza.pdf
Este artículo fue publicado originalmente el 14 de noviembre de 2023 en Sin Embargo.
