Salud materna, deuda histórica en México
7 agosto, 2026
Por cada 100 mil nacimientos estimados 25.3 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con la maternidad.
Por cada 100 mil nacimientos estimados 25.3 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con la maternidad.
Es importante que México avance en una política integral que las reconozca y que existan canales seguros de denuncia que resguarden el anonimato y la confidencialidad, además de que se proporcionen medidas de protección frente a represalias.
Los fideicomisos del Mundial permiten que actores privados tomen decisiones sobre recursos públicos sin claridad sobre quiénes participan, cómo se invierte el dinero y qué proyectos se financian.
Aún con la existencia del Anexo 13 como herramienta de transparencia presupuestaria, hoy en día, no es posible conocer la totalidad de los recursos que las distintas instituciones de salud pública federales están asignando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres.
La Ciudad de México es la primera entidad en la que se ha impulsado un Sistema de Cuidados; será necesario ir revisándolo, adecuándolo y evaluándolo de tal manera que retome las necesidades de las mujeres y sirva como referente para las demás entidades.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
La transición energética en México requiere abandonar el fracking y los combustibles fósiles ante la crisis climática, y fortalecer mecanismos como el FOTEASE. Sin embargo, persisten fallas en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que limitan evaluar su impacto y garantizar que los recursos públicos realmente impulsen una transición energética justa.
La restitución de recursos públicos desviados no sólo contribuye a resarcir afectaciones económicas y sociales, también permite financiar acciones de compensación.
A nivel federal, los primeros cimientos del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados se construyeron en 2025 y se materializaron a partir de 2026.
La revisión del T-MEC es una oportunidad estratégica para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. El sistema actual muestra fallas graves: las Fiscalías Anticorrupción solo judicializaron el 5.2% de las investigaciones por cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, y apenas el 0.2% de las denuncias llegaron a sentencia. Para 2026, instituciones clave como la ASF y la Fiscalía Especializada enfrentan recortes presupuestales de 4% y 3.21%, respectivamente, lo que debilita aún más su capacidad de acción.
El huachicol fiscal nos muestra que la corrupción se manifiesta en diversos esquemas, no sólo a través de desvío de recursos.
En un contexto en el que la ASF sufre señalamientos por su falta de credibilidad, destaca que el ente fiscalizador únicamente ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas, de un total de 367 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en casi 10 años, lo que evidencia los limitados resultados en materia de sanción efectiva.
La Cámara de Diputados comenzará un proceso de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. El diagnóstico es que dicho Sistema no ha logrado prevenir la corrupción.
Según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud, en 2025, se registraron 470 defunciones.
Frente al contexto que hoy vive la región, México debe seguir apostando por controles democráticos fortalecidos y poderes públicos transparentes y con rendición de cuentas, de la mano de la ciudadanía.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
Si seguimos analizando a la corrupción de manera aislada y sin visibilizar sus afectaciones, ésta seguirá generando violencias contra las mujeres. Por ello, en el marco de este 25N llamamos a las distintas instituciones anticorrupción a dialogar con grupos de mujeres y trabajar para fortalecer sus estrategias desde un enfoque de derechos humanos y de género, que permita prevenir, atender y erradicar las violencias.
El presupuesto en salud de 2026 no es progresivo y está muy lejos de consolidar un sistema de salud universal. Por el contrario, mantiene un modelo fragmentado, regresivo y excluyente, que amplía las brechas en el acceso a servicios de salud.
Investigaciones periodísticas de las últimas semanas revelan la corrupción silenciosa que la red de notarías facilitan en México, ante la falta de controles, normas de transparencia y rendición de cuentas que deben observar las autoridades públicas, además de los excesivos costos de sus servicios y el obstáculo que significan para los pequeños negocios. Urge reformar el sistema de notariado para avanzar hacia un mejor sistema de rendición de cuentas.
Garantizar el derecho al aborto requiere despenalización, pero también políticas públicas que aseguren acceso gratuito, seguro, sin estigmas y con respeto a las decisiones de las mujeres, así como de una asignación presupuestaria suficiente y progresiva que permita su implementación.
Sin mayores recursos para las instituciones anticorrupción, controles y resultados reales de estas instituciones será muy difícil detectar, investigar y sancionar las redes de corrupción en nuestro país.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
En 2025, nuestro país destinó 881 mil millones de pesos (mdp) al sistema de salud público.
Estos datos dan cuenta de que el derecho a la salud sexual y reproductiva no está plenamente garantizado en México, poniendo en riesgo la calidad de vida y ejercicio efectivo de derecho a una sexualidad satisfactoria, saludable y libre de violencia.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
A los Tribunales de Transparencia les falta transparencia y claridad en el proceso de instalación y funcionamiento. Si no se reactivan de manera efectiva, clara y sencilla, las y los ciudadanos nos quedaríamos indefensos para inconformarnos de las resoluciones que emita Transparencia para el Pueblo u otras entidades del gobierno.
Será fundamental que la nueva Comisión Antimonopolio se coordine con otras entidades encargadas del combate a la corrupción, a fin de potenciar sus resultados y, superar los niveles de efectividad previamente logrados por la Cofece.
El próximo lunes 21 de julio el IMSS ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, como reparación por su muerte y la de su bebé durante el parto hace 10 años. Pero esta disculpa debe llevar consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos que no ha funcionado y a provocado desabasto, a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la UNOPS, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar y, ahora, Birmex.
Hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México.
La reforma judicial deja sin resolver los problemas de fondo y el balance de estas elecciones no es positivo.
En 2024 más de 30 organizaciones de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Monterrey, Puebla, Jalisco y la CDMX y personas con diferentes experiencias y saberes, nos propusimos fortalecer el sistema de salud público. El resultado fue el documento Visiones Colectivas para fortalecer las propuestas en salud del gobierno. Este jueves 29 de mayo presentamos las recomendaciones construidas desde estas visiones colectivas.
De la lista de 64 aspirantes a ministras y ministros de la Suprema Corte llama la atención los datos que ponen en tela de juicio la independencia de muchas de estas candidaturas por su cercanía con gobiernos, partidos políticos, iniciativa privada, el Ejército o que tienen escándalos que ponen en entredicho su integridad pública.
Los controles, mecanismos de seguimiento y la amplia transparencia en las compras públicas son esenciales para evitar que se abuse de figuras ventajosas para ciertas entidades proveedoras, se contraten a empresas que realmente no cuentan con la capacidad técnica ni financiera o se acuerde con proveedores que han sido sancionados o de reciente creación.
Millones de pacientes enfrentan a diario las consecuencias de un sistema de salud público rebasado, insuficiente en infraestructura y personal.
A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas.
La Ley General de Transparencia de 2015 permitía conocer información relacionada con actos de corrupción, incluso antes de que llegara a manos de una persona juzgadora. Con la reciente reforma esto ya no será posible.
Aún persisten enormes obstáculos y barreras para que las mujeres en nuestras diversidades accedamos a altas responsabilidades públicas.
Es importante que el IMSS-Bienestar mejore sus procesos de planeación de infraestructura y la ejecución y control de los proyectos, de manera que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma.
En el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales se pierdan funciones clave que tenía el INAI, como la posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada.
Los usos y costumbres en la política confirman la tradición de ver a lo público como propiedad de unas cuantas personas que ha permitido repartirse los cargos a diestra y siniestra.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto.
La promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
Lamentablemente, en México, las políticas anticorrupción han sido poco efectivas y no han incorporado una perspectiva de género y de derechos humanos.
A punto de concluir el primer periodo de sesiones de la LXVI legislatura, el Congreso no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la CNDH.
Con el INAI también se eliminaron los esfuerzos construidos por más de 20 años por la ciudadanía que puso a México como un referente en materia de transparencia. Por ello, lo que sigue es mantener y rescatar algunas de las herramientas que quedan, como la Plataforma Nacional de Transparencia.
La desaparición del INAI no se reduce a la mera eliminación de burocracias y costos, sino que implica la pérdida del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2025) revela que los recursos para la atención de la violencia disminuirán 14% en relación con los aprobados en 2024.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
