De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El 79 % de las agresiones y acosos que viven las mujeres ocurren en las instalaciones del trabajo y los principales agresores de las víctimas han sido sus compañeros de trabajo, seguido de sus jefes, de acuerdo con el INEGI.
Quienes decidirán las listas que irán a votación serán estos Comités de Evaluación, con el visto bueno de cada uno de los poderes del Estado.
Es importante que el Senado haga una revisión de los planes de trabajo que cada aspirante entregó para registrarse en este proceso.
La crisis de derechos humanos en el país no se va a revertir sin personas que hagan que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. A pesar del desdibujamiento que ha sufrido la CNDH, es esencial recuperarla como uno de los pocos mecanismos de protección que quedan.
En la práctica se ha observado que, si no se atienden las causas y se observa a la corrupción en su carácter sistémico y estructural, estos problemas prevalecerán.
Ya que el Estado mexicano aún está lejos de poder garantizar este derecho, es necesario que desde la sociedad se sigan favoreciendo espacios de diálogo como la Red, donde juventudes indígenas y afromexicanas propongan, desde sus voces y necesidades, acciones y estrategias para favorecer políticas públicas del aborto centradas en un enfoque interseccional, con énfasis en perspectivas de juventudes, interculturales y antirracistas.
Lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con el INAI.
Hay de herencias a herencias, y la LXV Legislatura que concluyó nos deja dictámenes sumamente regresivos que ponen en peligro el ejercicio de los derechos de todas y de todos.
Estamos a días de que se apruebe una de las reformas más trascendentales para el país. Sin embargo, esta reforma no busca combatir la impunidad; en su lugar, plantea salidas como la tómbola, como si los perfiles que deciden sobre nuestros derechos pudieran dejarse al azar.
Las trabas para obtener información, más la desaparición del órgano especializado en la materia y su sustitución por mecanismos laxos ponen en riesgo nuestro derecho al acceso a la información.
Históricamente se ha asignado poco presupuesto para garantizar la SSyR de las mujeres, sobre todo de aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.
La iniciativa busca dar marcha atrás a una lucha ciudadana que sacó de la opacidad el quehacer gubernamental y regresar a un diseño institucional que mostró limitaciones, al ser juez y parte en la entrega de información.
Esta premura evidencia que el actual Ejecutivo Federal quiere dejar todo ‘listo’ para el siguiente sexenio, sin que se pueda contraponer ninguna de las iniciativas de la virtual presidenta, ni mucho menos para que otros sectores sean escuchados realmente.
En el Proyecto de Nación de Sheinbaum no hay una mención ni una cuantificación sobre cuántos recursos se necesitará invertir para lograr las metas que se proponen en materia de salud, como mejorar o consolidar infraestructura, ampliar los turnos y contratación de personal, o lograr un abasto de 100 % en las recetas.
¿Cómo puede el hecho de que las personas juzgadoras (ministras, magistradas y juezas) sean electas por el pueblo, resolver los grandes rezagos de justicia en el país? La relación causal que se vende es forzada, y lo que es peor, peligrosa.
Resulta muy complicado el involucramiento ciudadano si primero no se garantiza que no habrá represalias por el simple hecho de alertar y que se dará seguimiento a los hechos que se denuncian.
Alerta de actos de corrupción, adopción de un enfoque preventivo y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar la corrupción son tres de los desafíos pendientes que el nuevo gobierno deberá atender para realmente combatir la corrupción.
¿Cuál será el estilo y sello de este segundo piso de la 4T? Sobre todo, en un contexto donde una de las características emblemáticas de la administración saliente ha sido la omisión en las designaciones públicas.
En el actual contexto electoral, vale la pena voltear a ver cómo se han realizado las designaciones, qué perfiles han sido privilegiados, cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa y cómo se plantean resolver los cientos de designaciones pendientes.
Las reformas al sistema de salud dificultan conocer los recursos destinados al aborto seguro. La falta de información abarca tanto al IMSS-BIENESTAR (antes INSABI) como al Ramo 33 desde 2023. Aunque se dispone de algunos datos del Ramo 12, estos resultan insuficientes.
Los requisitos para acceder a distintos roles no son neutrales. Pertenecer a ciertos grupos significa enfrentar más obstáculos en educación, trabajo, seguridad o simplemente a vivir una vida libre de violencia.
A días de que termine el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura del Congreso, el saldo que dejará el Senado de la República en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas será más que negativo: ninguna ha sido resuelta.
Todas las políticas para combatir la corrupción, requieren de recursos suficientes, adecuados y que tengan trazabilidad.
El Senado no ha tomado medidas después de que los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción concluyeron su responsabilidad el pasado 24 de marzo.
El desabasto se da, además, en un contexto de falta de transparencia.
El Senado intenta hacer como que cumple, pero sin verdaderamente acatar la sentencia de la Corte para designar dos de los tres nombramientos faltantes en el INAI. El registro deberán concluir a más tardar el 30 de abril, lo que no han hecho desde 2022.
La corrupción, al ser un fenómeno profundamente interiorizado en las instituciones y la sociedad, genera condiciones en donde las mujeres son más susceptibles a la extorsión, el acoso y su involucramiento en la comisión de conductas ilegales a cambio de la garantía de sus derechos o acceso a servicios básicos.
La opacidad favorece los actos de corrupción, sobre todo si la vigilancia ciudadana no es posible y no hay claridad sobre la implementación de dichos recursos.
Las designaciones de las personas juzgadoras se han convertido en una vía inicial y recurrente para mermar la independencia judicial.
La Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y las entidades federativas deben restablecer los mecanismos de transparencia.
Ante el paquete de reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador al Congreso, es necesario avanzar en aquellas iniciativas que recuperan demandas sociales y de comunidades, y reflexionar a profundidad en las implican riesgos para la garantía de derechos humanos.
Surge la pregunta obvia sobre si la justificación responde a razones económicas, que en su caso la respuesta sería una reforma fiscal, o si hay otras consideraciones en el fondo de la discusión.
Una de las grandes promesas de este gobierno fue el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo, a escasos meses de terminar este sexenio, abordamos tres grandes pendientes que persisten en estas áreas.
Como contexto, es importante señalar que, en aquellos países donde se ha logrado combatir la corrupción de manera eficiente, la evidencia apunta a que es necesario asegurar tres elementos. En primer lugar, las investigaciones realizadas deben de ser de calidad…
Poco se ha hablado sobre los vínculos entre la corrupción y el género. Por ello, y en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el 9 de diciembre, demos un vistazo a uno de los casos más emblemáticos en el país, la Estafa Maestra, en donde, a pesar de que está documentada la participación de múltiples dependencias y servidores y servidoras públicas, una mujer, Rosario Robles fue la única persona funcionaria de alto nivel investigada, procesada y encarcelada por tres años. Si bien se ha evidenciado su responsabilidad en este caso…
Este 09 de noviembre el Estado mexicano tendrá que responder por los reiterados intentos de debilitamiento institucional de órganos constitucionales autónomos que afectan el sistema de pesos y contrapesos en el país. La falta de interés de distintos actores del gobierno mexicano por mantener estos mecanismos, así como de cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de derechos humanos, en específico respecto al derecho a saber, ha llevado a la sociedad civil a hacer un llamado a las instancias internacionales para que se pronuncien sobre el riesgo en el respeto y garantía de este derecho…
El 23 de junio es el Día Mundial de las Personas Alertadoras. ¿Por qué existe un día específico para recordarles, quiénes son y por qué debemos hablar de protegerlas en México? Las personas alertadoras son aquellas que proporcionan información o algún indicio sobre una irregularidad, un acto de corrupción o violaciones a derechos humanos –por ejemplo, el desabasto de medicamentos, planeaciones deficientes de obras públicas…
