A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación suma detenciones y nuevas diligencias forenses, pero no ha esclarecido qué ocurrió con los jóvenes normalistas. La información militar sigue siendo una pieza clave y, al mismo tiempo, uno de los principales puntos de disputa.
Mientras el Registro Nacional reporta 132,092 personas desaparecidas, las cifras sobre cuerpos sin identificar y fosas clandestinas han tenido que ser construidas desde la sociedad civil y la academia. Sin información completa, México tampoco puede dimensionar una crisis que lleva casi dos décadas sin detenerse.
La Comisión descalifica líneas de investigación y hallazgos que se construyeron con rigor técnico, cooperación internacional y evidencia documental, lo cual llevó a que sean estas líneas las que cuenten con mayor confianza por parte de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
Hablar de un México sin tortura exige, mucho más que una campaña: requiere transformar la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara esta grave violación a los derechos humanos.
Las protestas sociales son una de las formas que adquieren las injusticias, son demandas que se formulan en exigencias concretas.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
La CIDH reconoce que la situación actual en México debe caracterizarse como una crisis de derechos humanos donde las desapariciones son generalizadas.
Miles de madres en México viven el 10 de mayo desde la ausencia de sus hijas e hijos desaparecidos, encarcelados injustamente o víctimas de violencia e impunidad. Ante la falta de respuestas del Estado, muchas se han convertido en activistas y defensoras de derechos humanos, encabezando búsquedas, investigaciones y exigencias de justicia.
Para el Gobierno mexicano lo congruente con una visión humanista sería apostar por el fortalecimiento y la legitimidad del multilateralismo.
La activación del artículo 34 de la ONU evidencia que la crisis de desapariciones en México es estructural y de derechos humanos; el texto plantea que negar este diagnóstico implica rechazar cooperación internacional y frenar un cambio de paradigma hacia la verdad, la dignidad y la participación de las víctimas.
En Ayotzinapa, entregar los archivos militares es, en definitiva, una condición ineludible para que México avance de la opacidad a la verdad.
Alberto fue víctima de desaparición forzada el día 7 de marzo de 2013 en Iguala, Guerrero, a la edad de 29 años. Desapareció junto con su compañero, Alexander Juárez Arciniega, mientras salía a ejercer su oficio como técnico de refrigeración.
Los últimos días en México han estado atravesados por una noticia nacional relevante: la captura y muerte de el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva
En vísperas del ambiente festivo que desata la pasión por el fútbol, es necesario ir poniendo el foco de atención en algunas aristas en torno a tal evento, donde estarán en juego y en tensión varios elementos entre la agenda político-económica y la agenda de las víctimas.
La impunidad, se mantiene como el hilo conductor, igual que los obstáculos que se presentan para la pronta y efectiva investigación de actos de tortura.
Cuando una persona es vista por última vez bajo custodia de una autoridad en buen estado físico y emocional, y posteriormente presenta afectaciones, corresponde a la autoridad dar un explicación plausible y sustentada de lo ocurrido.
La atención a la crisis forense no está pensada como política de Estado, es decir, no hay intención ni esfuerzos por tener una rectoría política que permita darles identidad a decenas de miles de personas desaparecidas en el país.
Con más de 120 mil personas desaparecidas y más de 79 mil cuerpos sin identificar, el gobierno federal y los gobiernos locales apenas destinaron un presupuesto marginal e inercial para buscar a las personas, identificar los cuerpos e investigar las desapariciones. Sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
La verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una gran deuda del Estado mexicano con la familia Radilla Martínez y con las miles de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los 70. La nueva Corte tiene hoy la oportunidad histórica de romper la impunidad.
Para quienes buscan a un ser querido desaparecido, particularmente quienes realizan búsqueda en muerte o forense, recuperar aunque sea sólo una parte de la corporalidad del ser amado se convierte en una premisa de vida.
Al observar los datos sobre el PPEF 2026, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública y el poco impulso presupuestario para la política pública de atención a la desaparición y la crisis forense. Esto es así porque la política pública en materia de seguridad se diseña con base en la incidencia delictiva “tradicional”, que no contempla la complejidad de fenómenos como la desaparición en México.
En un país donde las desigualdades y abusos persisten, restringir el acceso al amparo sería un retroceso en el derecho de acceso a la justicia.
Durante un año la presidenta ha pedido a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa un voto de confianza para llegar a la verdad mediante un camino que desvía la atención sobre la responsabilidad del Ejército; sin embargo, la escasez de resultados no respalda una petición de tal magnitud.
Las desapariciones forzadas representan un problema político interminable que se traduce en un drama social que lacera a miles de familias.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
Teresa Reyes Sahagún, tercera persona que ha ocupado la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas en su breve historia, dejará una comisión debilitada y a la deriva, sin una visión del rumbo que quiere tomar el Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, y un día después del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La Silla Vacía no es un memorial creado desde una visión estatal para mostrar cómo ya no vivimos en tiempos de nuestros adversarios políticos. Es un espacio vivo donde podemos conocer a las personas protagonistas de las luchas frente a la injusticia.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
La salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) genera reacciones ambiguas.
A 50 años de ocurridos los vuelos de la muerte, práctica de terror realizada por el propio Estado a través de miembros del Ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad pública, aún siguen vivas esposas, madres, hijas e hijos que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y quienes aún claman verdad y justicia.
Que la apuesta principal de este Gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas sea un esquema de cruce masivo de datos, manda un mensaje desalentador para las víctimas. Implícitamente pareciera un intento por negar la realidad criminal que rodea al fenómeno, con las distintas formas de complicidad desde el Gobierno, y con ello, una renuncia a la verdad y la justicia.
En México el riesgo de sufrir tortura es alto, sobre todo si la persona es detenida por cuerpos policiacos, de acuerdo con el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura.
Legitimar la pérdida de los padres buscadores y reconocer su lucha, es un acto mínimo de justicia social.
Los gobiernos estatales deberían coordinar la asignación de recursos para búsqueda e investigación, pero esto no ocurre eficazmente.
Otro 10 de mayo donde una diversidad de madres buscadoras saldrá a las calles a demandar la presencia de sus seres queridos desaparecidos: hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres. La movilización da cuenta de una colectividad viva que resiste pese al paso del tiempo y la continuidad de los daños. Pero no llegan todas.
La respuesta no es sencilla, pues primero hay que saber si se pretende encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, o se quiere prevenir que más desapariciones ocurran.
Un día después del anuncio presidencial, se publicó el Decreto para el fortalecimiento de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Aunque las desapariciones se atribuyen principalmente al crimen organizado, el Estado mexicano no está exento de responsabilidad.
La SCJN conocerá nuevamente el caso de Rosendo Radilla, 14 años después de resolver que la sentencia de la CoIDH sobre la responsabilidad del Estado Mexicano por su desaparición forzada es de cumplimiento obligatorio. En estos años, las respectivas autoridades se han negado a enjuiciar al Ejército como responsable.
La búsqueda en vida sostiene la esperanza y el anhelo de que un día, por utópico que parezca, podrán ver regresar a sus seres queridos.
A mediados de 2017 y después de arduos trabajos en conjunto con la sociedad civil y organismos internacionales, fue aprobada la Ley General en Materia de Tortura.
Para quien tiene un ser querido desaparecido, buscar no es sólo un verbo, es una práctica cotidiana de alto riesgo en un México donde la mayor parte del territorio nacional está controlado por grupos criminales.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
El número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han iniciado este sexenio con la sensación de que, para la presidenta, el problema de las desapariciones no existe.
Más allá de la independencia judicial y los contrapesos democráticos, quienes más van a sufrir las consecuencias de la disputa política por la reforma judicial son las víctimas de siempre.
La crisis de las personas desaparecidas se encuentra inmersa en un contexto institucional que permite e incentiva la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a derechos humanos que ha derivado en la llamada impunidad activa.
La administración de López Obrador concluye con un colectivo de padres y madres de Ayotzinapa decepcionados y más deteriorados física y emocionalmente. Y si bien la futura presidenta ha sido receptiva al diálogo, no existe una perspectiva concreta de futuro. La pregunta que queda en el aire es si ella será capaz de romper las resistencias e impunidad del poder militar.
Es al menos contradictorio que se destinen sitios de memoria, se hagan memoriales o se instauren monumentos con tendencia oficiosa mientras la impunidad sigue siendo la norma y los perpetradores, intocables.
