Países de todo el mundo negocian en Naciones Unidas nuevas reglas para combatir la evasión fiscal de las multinacionales, gravar a los ultrarricos y reducir los paraísos fiscales. México puede desempeñar un papel clave para acercar las posiciones del norte y el sur global.
Aunque en los últimos años la recaudación de impuestos ha incrementado, la exención a los ingresos por herencias y los demás beneficios fiscales que hoy se concentran en quienes más tienen limitan la posibilidad de construir un sistema tributario más justo y equitativo.
Una política cultural verdadera no debería depender de un Mundial de Futbol, sino que tendría que sostenerse durante todo el año, llegar a todo el territorio y evaluarse con datos, no con celebraciones circunstanciales.
La política fiscal no es un asunto técnico aislado, sino que se traduce en quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias cuando se decide el destino del dinero público.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
El nuevo decreto presidencial ofrece un crédito fiscal transferible del 30% a producciones audiovisuales para reactivar la industria como motor económico, exigiendo que la mayor parte del gasto beneficie al sector local. Sin embargo, sus altos requisitos financieros amenazan con marginar al cine independiente y favorecer principalmente a las grandes plataformas extranjeras de streaming.
Para garantizar que cada peso invertido por el Estado mexicano esté cumpliendo los objetivos del Plan México, es indispensable que se transparente la información sobre quiénes se han beneficiado de los estímulos fiscales y las labores del Comité de Evaluación.
El Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030 es ambicioso, parte de una lógica sistémica y estructural y se adhiere al marco de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para convertir los objetivos presentados en prioridades presupuestarias reales.
La Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024 ofrece, con la claridad de sus cifras, una imagen precisa de la aportación económica del sector, el cual generó 865,682 millones de pesos en 2024 –equivalentes al 2.8 % del PIB– y empleó a 1.43 millones de personas.
Aunque los pendientes no son menores, el próximo año contaremos con mejores impuestos saludables, que sumado a otras políticas sanitarias, pueden contribuir a evitar el colapso de nuestro sistema de salud.
Para 2026, cultura recibirá el presupuesto más bajo desde el 2013, del cual el 97.61 % será gasto corriente –dirigido a cubrir la operación cotidiana y el funcionamiento de las instituciones públicas– y apenas el 2.38 % se reservará para inversión física, es decir, casi nada se destinará a infraestructura, mantenimiento, equipamiento o proyectos de largo plazo.
Ahora se pone al centro la importancia de los cuidados y se visibilizan como ese tejido que sostiene nuestras sociedades, nuestra economía y nuestras vidas.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
La elección de un ministro indígena como presidente de la SCJN marca un hito en la representación, pero no es suficiente. Es indispensable corregir todas las estructuras, lenguajes, procedimientos y valores ajenos a las comunidades indígenas que les excluyen sistemáticamente o subordinan sus formas propias de resolver conflictos, impartir justicia o vivir el derecho.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
Asegurar el derecho al cuidado implica proteger tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan, y entender que las inversiones en este sector generan beneficios acumulativos.
Para que el Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo no se quede como una oportunidad perdida plasmada en un listado de buenos deseos, se requiere voluntad política y una apuesta reforzada por el multilateralismo por parte de los Estados.
Porque cada peso que el Estado decide no cobrar por la exención del IVA a la vivienda es un peso que no llega para garantizar la vivienda digna.
La nueva estrategia de industrialización del país debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
Promover la inserción laboral femenina en ausencia de un sistema que redistribuya y reduzca sus cargas de cuidado es condenarlas a una doble jornada invisible y continuar limitando su autonomía. Del mismo modo, si no se crean empleos en sectores intensivos en cuidado —como salud, educación, alimentación— no se avanza en la remuneración y reconocimiento de estos trabajos fundamentales.
¿Cómo puede México convertirse en potencia científica invirtiendo tan poco en sus universidades, centros de investigación y desarrollo científico, y tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente? ¿Cómo generar innovación si los proyectos dependen de fondos mínimos y cada año enfrentan recortes?
Nuestras economías deberían comenzar a adaptarse a modelos productivos que tomen en cuenta el futuro de nuestro planeta.
Los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
Cuando el 13 de enero de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer borrador del Plan México, las industrias creativas y culturales brillaron por su ausencia. El Plan México promete reducir la pobreza y la desigualdad, pero no reconoce que cuando una Natalia Lafourcade canta, una Fernanda Melchor escribe o un Guillermo del Toro filma, no solo exportan entretenimiento, también proyectan la imagen de un país al mundo, especialmente cuando reciben los premios internacionales.
Es fundamental cambiar cómo entendemos el cuidado –y el trabajo– para reconocerlo como el tejido que permite la existencia.
Un día después del anuncio presidencial, se publicó el Decreto para el fortalecimiento de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Sociedad civil, organizaciones feministas y ciudadanía en general debemos coorganizarnos para que la agenda de la sociedad del cuidado y la igualdad de género se mantenga como una prioridad durante los seis años de gobierno de Sheinbaum.
Tanto los potenciales desvíos de recursos públicos como las fallas de políticas públicas reflejadas en las auditorías de la ASF deberían ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades.
En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
Una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente.
México debe asumir un liderazgo firme y proactivo y los foros internacionales de este año serán los espacios ideales para que nuestro gobierno se posicione decididamente a favor de la justicia fiscal.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Airbnb ha sido identificado como uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios de la vivienda. A diferencia de otros negocios, esta empresa digital continúa operando bajo una ventaja injusta: sus ganancias no pagan ni un peso de impuestos en México, a pesar de ser una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda y de hacerse rica gracias a sus clientes en nuestro país.
Es fundamental que, para reducir la brecha salarial, el Estado invierta en servicios de cuidado y protección social accesibles y de calidad, como guarderías, centros de atención para personas mayores y servicios de salud.
La ONU aprobó un primer documento para guiar las futuras negociaciones sobre el pago de impuestos de empresas que realizan actividades en diferentes países, aunque no necesariamente tengan oficinas, sucursales o fábricas instaladas en dichos territorios, como Facebook.
Repensar la fiscalidad desde la Economía Feminista es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible. Al integrar la perspectiva de género en la toma de decisiones fiscales, es posible crear políticas que no solo promuevan la igualdad, sino que también protejan el medio ambiente y fortalezcan la democracia.
Las mujeres han salido al espacio público a integrarse a la dinámica de trabajo remunerado, pero los hombres no necesariamente se han corresponsabilizado con el trabajo del hogar y de cuidados que realizan estas mismas mujeres, y que representan el 27 % del PIB.
Para incrementar el gasto público en favor de los derechos humanos, todavía es necesario impulsar una reforma fiscal progresiva con enfoque de género.
Sin considerar los beneficios fiscales en materia de IVA, existen por lo menos 67 beneficios en la ley del ISR que podrían ser reformados para mejorar la progresividad de nuestro sistema tributario.
A través de EFIARTES y EFICINE, las empresas pueden aplicar a un crédito fiscal y pagar menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) si aportan recursos a una producción artística. Además de incrementar los recursos, vale la pena reconfigurar el diseño de estos apoyos fiscales.
Aunque México se destaca en transparencia fiscal a nivel regional y global, aún necesita avanzar en la participación ciudadana y la vigilancia presupuestaria para lograr una gestión pública más eficaz y confiable.
El silencio mexicano quizás podría interpretarse como un apoyo implícito a los países del grupo de la OCDE, fenómeno que podría estar sucediendo también en otras delegaciones latinoamericanas y caribeñas.
La discusión en la ONU para crear un sistema tributario más justo podría poner fin a los abusos fiscales de las multinacionales y a los pocos impuestos que pagan las personas multimillonarias alrededor del mundo.
En el debate público también se debe de hablar sobre la política fiscal como un instrumento para reducir las desigualdades y reorientar los patrones de consumo de la población.
Si cambiamos la manera en la que el Estado cobra impuestos a través de una reforma fiscal progresiva y con perspectiva feminista lograremos avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa.
La opacidad favorece los actos de corrupción, sobre todo si la vigilancia ciudadana no es posible y no hay claridad sobre la implementación de dichos recursos.
La política cultural en nuestro país lleva años sumergida en la austeridad, y los recientes informes de la ASF reflejan que aún es necesario trabajar por una política laboral a favor de los derechos de las personas trabajadoras, y que el presupuesto cultural aumente y sea ejercido de manera transparente.
Ante el paquete de reformas constitucionales enviadas por el presidente López Obrador al Congreso, es necesario avanzar en aquellas iniciativas que recuperan demandas sociales y de comunidades, y reflexionar a profundidad en las implican riesgos para la garantía de derechos humanos.
Una vez iniciado el sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una estrategia de saneamiento de las finanzas públicas que pretendía, entre otras cosas, aumentar los ingresos del Estado, pero sin incrementar impuestos en términos reales ni crear nuevos tributos. Aunque esta estrategia implicaba renunciar a utilizar la política tributaria como una herramienta para eliminar múltiples privilegios fiscales..
